TRIBUNAL: Juez permite continuar a la oposición al mandato judicial contra pandillas en Santa Ana

SANTA ANA – Un juez del Tribunal Superior del condado de Orange otorgó más tiempo para preparar su caso a un grupo de 14 miembros de la pandilla Townsend Street en el que deberán explicar por qué no deben ser incluidos en el polémico mandato judicial contra pandillas (se le conoce en inglés como Gang Injuction).

El juez del Tribunal Superior del condado de Orange, Franz E. Miller, anunció el miércoles, 19 de noviembre, que las audiencias se llevarán a cabo a principios de enero para decidir quién debe o no ser incluido en el mandato judicial , una orden judicial que restringe los derechos de las personas que haya participado en actividades de pandillas.

Aun sin responder: si los individuos podrán desafiar el concepto base de la muy debatida orden judicial, o solamente su inclusión en la misma.

Mientras tanto, Miller negó una petición de la Fiscalía del Condado de Orange para iniciar de inmediato a implementar los términos del mandato judicial contra los que están cuestionándolo. Los fiscales alegaron que la delincuencia en el área de Townsend Street continúa aumentando, y que el proceso ante los tribunales está obstaculizando los esfuerzos para vigilar al vecindario.

“Todavía existe un nivel intolerable de actividad delictiva en el área”, dijo la vice fiscal de distrito, Susan Eckermann. “Prolongar el proceso es un perjuicio para la comunidad”.

Algunos residentes —más de dos docenas de los que estuvieron presentes durante la audiencia del miércoles en el tribunal de Santa Ana— cuestionan el nivel de delincuencia descrito por las autoridades.

Las autoridades locales dicen que los mandatos judiciales contra pandillas —los cuales limitan las acciones de los pandilleros identificados en áreas específicas donde las autoridades han documentado un aumento de la delincuencia— contribuyen a la disminución de la delincuencia en las calles.

La última orden judicial de Santa Ana es la segunda en la ciudad y la número 13 en el condado. Si se aprueba en su totalidad, el mandato judicial por último nombraría a 25 personas, entre ellas seis menores.

Pero algunos opinan que no pertenecen en la lista, ya que no participan en actividades delictivas.

En agosto, Miller aprobó una medida cautelar. Pero el juez no permitió que se agregaran nombres a la lista de miembros identificados de pandillas.

Los que cuestionan la lista sostienen que la medida cautelar privaría los derechos civiles de los residentes. Indicaron que prefieren ver que se invierta en más recursos y alcance comunitario para el área. Los opositores se sienten esperanzados por un recurso judicial exitoso en contra de un mandato judicial contra pandillas en Orange hace varios años, así como por la decisión reciente de un juez de Santa Bárbara para rechazar un mandato judicial propuesto por la ciudad.

“No creemos que exista una ola de delincuencia en el vecindario”, dijo el abogado Douglas Portratz, señalando que un mensaje reciente del alcalde Miguel Pulido en el sitio web de la ciudad hizo alarde a un descenso radical del crimen en la comunidad en los últimos años. “Estamos escuchando comentarios contradictorios por parte del alcalde, el jefe de la policía y el fiscal de distrito”.

Grupos comunitarios, como Chicanos Unidos, Boys and Men of Color y Semillas de resistencia también se han manifestado en contra del mandato judicial.

“Debido a que la comunidad ha salido a manifestarse y porque las personas en la lista han dicho que no quieren estar incluidos en la misma, el juez está tomando su tiempo y poniendo atención en los detalles”, dijo Carolyn Torres de Chicanos Unidos.

“De no haber encontrado abogados o de no haber contado con la suficiente participación comunitaria, esto simplemente hubiera sucedido y todas esas personas tendrían que lidiar con las consecuencias, y también la comunidad…porque un mandato judicial no afecta solo a las personas en la lista”, añadió.

Por ahora, Torres dijo que el grupo continuará intentando unir a la comunidad previo a las audiencias programadas.

El hecho que los miembros de pandillas no se nombran específicamente como acusados en la demanda de mandato judicial complica el caso. Aunque están identificados en la denuncia presentada por los fiscales, la demanda se dirige técnicamente a la pandilla. Como resultado, el juez falló en contra del intento de obligar al jefe de la policía de Santa Ana a presentar una declaración jurada.

Por lo menos, dijo Miller, los identificados en la orden judicial deberán obligar a las autoridades a demostrar que están involucrados en delincuencia de pandillas.

“Si tengo dudas en un tema, prefiero prevenir y proceder con el debido proceso legal”, indicó el juez.