Los Ángeles – Cientos de jóvenes indocumentados han perdido el amparo que les ofrecía la Acción Diferida (DACA) por manejar bajo la influencia del alcohol o drogas (DUI, en inglés) o casos de violencia doméstica, lo que les pone en peligro de ser deportados, alertan expertos.
“El DUI es uno de los delitos más comunes que hemos visto en jóvenes que no pueden renovar el estatus, y es una ofensa que no puedes borrar del expediente”, advierte Salvador Sanabria, director de El Rescate.
Cuando María Isabel Hernández se enteró de que su hijo Oscar, de 26 años, fue multado por manejar bajo la influencia del alcohol a principios del año pasado no se imaginó todo lo que el perdería.
“Son chamacos, y él dice que sólo se había tomado una cerveza. El mayor problema es que los amigos que venían en el carro sí estaban borrachos y eso enojó más al policía”, relata la inmigrante.
Oscar, que estaba amparado por DACA desde 2013, no pudo renovar su permiso de residencia y trabajo temporal en octubre pasado, perdió el trabajo y ahora vive con la angustia de que un día los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) toquen su puerta.
“Con estas nuevas prioridades de las autoridades de Inmigración todos están en riesgo, el ICE lo ha puesto de manifiesto con mensajes, incluso en las redes sociales”, advierte Fernando Romo, abogado de inmigración.
Romo se refiere a los mensajes que ICE publicó la pasada semana en su cuenta de Twitter en los que deja claro que “DACA no es un estatus legal protegido”.
“Es una clara advertencia para decir no crean que son intocables” insiste Romo.
Aunque los mensajes aclaran que los destinatarios activos de DACA están en un nivel más bajo de prioridad de cumplimiento, no exime a los portadores del beneficio de estar bajo la lupa de las autoridades.
Estos mensajes llegaron en medio de la polémica detención de varios jóvenes indocumentados: Daniela Vargas y Daniel Ramírez.
Vargas, que fue detenida minutos después de participar en una conferencia de prensa para denunciar las deportaciones, ya fue liberada la pasada semana, mientras que Ramírez espera una vista judicial esta semana en la que podría resolverse su situación.
Como ejemplo de la seriedad con la que toman la aplicación de las normas, las autoridades explicaron a través de la red social que 1.500 beneficiarios de DACA habían perdido el estatus por haber cometido un crimen.
Romo asegura que estos números son una pequeña muestra de los cientos de jóvenes que están expuestos a ser un objetivo de las autoridades de inmigración.
De acuerdo a las estadísticas del Servicio de Inmigración y Ciudadanía, (USCIS), agencia que otorga el amparo, hasta el año pasado 606.264 jóvenes soñadores solicitaron la renovación del beneficio. De ellos, 526.288 obtuvieron nuevamente el amparo, 75.205 aún esperan una respuesta y a casi 5.000 se les negó.
“Una gran parte de los que les niegan el beneficio es porque cometieron un delito cuando tenían la protección, y deciden intentar renovarlo creyendo que las autoridades no se enteran”, asegura Romo.
Oscar, no forma parte de estos números porque nunca solicitó la renovación en octubre pasado.
“Fuimos con varias organizaciones y abogados pero nadie quiso hacerlo, el DUI fue su sentencia y ya no se puede hacer nada, no se puede regresar el tiempo”, asegura Hernández.
Las autoridades aprobaron la solicitud inicial de 741.546 jóvenes, pero hasta el año pasado 526.288 beneficiados habían pedido la renovación, por lo que alrededor de 215.000 estarían en el limbo.
Otro de los mensajes alarmantes de ICE en Twitter se refiere a las deportaciones: “La Acción Diferida no impide que el DHS (Departamento de Seguridad Nacional) ejecute una orden de expulsión”.
Para el abogado Alex Gálvez, esta es una de las alertas más importantes para los amparados por este beneficio.
“Si tienes una orden de deportación final y pierdes el beneficio, te van a deportar, porque ya perdiste la oportunidad de ir ante un juez, la ley es muy clara”, insiste.
Junto al DUI, delitos relacionados con la violencia doméstica son las causas más comunes que anulan el amparo, asegura Sanabria, mientras ICE indica que sus prioridades están en inmigrantes que hagan parte de pandillas, que cometan un crimen o sean una amenaza para la seguridad pública.
“Una persona manejando en estado de ebriedad puede ser considerada como amenaza a la seguridad pública y es importante que los jóvenes lo entiendan, esto no es un juego”, insiste Sanabria.
