LOS ÁNGELES.- Isabel Medina ha vivido 19 años en el país sin autorización legal y ya no soporta más. Debido a su estatus migratorio no puede ejercer su carrera de asistente médico, vive con la incertidumbre de poder ser separada de sus tres hijos y siente que su vida está en limbo.
Cansada de esta situación, la inmigrante mexicana comenzó a realizar trabajo voluntario hace tres años en una organización comunitaria y anunció que el próximo miércoles realizará un ayuno de nueve días para pedir que se agilice un proceso judicial que le permitiría vivir en el país de manera legal.
“Los seres humanos no podemos ser insensibles al sufrimiento de la gente”, dijo el lunes llorando tras contar que cada vez que deja a sus niños menores en la escuela le embarga la incertidumbre de no saber si los volverá a ver. “Esta es una situación muy difícil”.
Medina y varios inmigrantes de otros estados dijeron que realizarán el ayuno de dieta líquida afuera de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, en Nueva Orleáns, para pedir que no demore más su fallo sobres órdenes ejecutivas del presidente Barack Obama, que suspendería el proceso de deportación y otorgaría permiso de trabajo a unos cuatro millones de personas.
“Esto no es tanto un sacrificio sino una protesta, una protesta contra la violencia contra la comunidad inmigrante”, agregó la inmigrante de 43 años, voluntaria de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes en Los Ángeles.
El ayuno organizado por la coalición Movimiento para una Reforma Migratoria Justa también incluirá a inmigrantes de Arizona, Colorado, Kansas, Maryland, Nueva York, Nuevo México, Mississippi y Oregon.
La Corte de Apelaciones no tiene una fecha límite para fallar sobre el caso de los programas conocidos como DAPA y extensión de DACA, que según el Migration Policy Institute beneficiarían a 3,7 millones y 300.000 personas, respectivamente.
Los programas pudieron entrar en vigor a principios de año pero fueron congelados por un juez a raíz de una demanda a nombre de una veintena de estados, que argumentaron que las órdenes ejecutivas eran inconstitucionales.
Si la corte falla en contra del gobierno de Estados Unidos, que aboga por las órdenes ejecutivas, el caso podría ser apelado ante la Corte Suprema, que este mes comenzó un nuevo período.
Activistas e inmigrantes como Medina, sin embargo, temen que la tardanza de la corte evite que el caso sea incluido en el calendario del próximo año de la Corte Suprema, que entrará en receso de junio a octubre del 2016.
“En un par de meses, el calendario de la Corte Suprema se llenará y ya no tendrá espacio para tomar el caso en este período”, dijo Karen Tumlin, directora del departamento de asuntos legales del Centro Nacional para Leyes de Inmigración. “La demora del Quinto Circuito es realmente una situación de justicia dilatada que bien podría ser justicia negada para millones de familias que están esperando que este programa eche a andar”.
