A raíz de un reciente tiroteo que presuntamente involucró a un inmigrante indocumentado en la ciudad santuario de San Francisco, la gente está observando de cerca cómo la policía local coopera – o no – con las autoridades federales de inmigración.
En el condado de Orange, oficiales del Departamento del Alguacil han dicho que la agencia hace lo que puede para evitar que infractores serios que no son ciudadanos queden en libertad.
Pero nuevas reglas sobre la detención hacen que sea difícil retener a los inmigrantes indocumentados.
Y, parcialmente como resultado, el número de inmigrantes que son transferidos de custodia local a custodia federal – y eventualmente deportados – se está reduciendo.
Nuevas reglas de detención
El año pasado, una corte federal en Oregon revocó la que alguna vez fue una práctica común de la policía de retener a inmigrantes indocumentados que habían sido convictos, o acusados, de crímenes no relacionados con inmigración, a petición de las autoridades federales.
Ahora, la policía en todo el país considera una propuesta de la administración del presidente Obama que busca lograr el mismo objetivo pero enfocándose en los delincuentes más violentos, una estrategia de control conocida como el Programa de Prioridad de Cumplimiento de Ley (PEP, por sus siglas en inglés).
Como parte del nuevo programa, cuando un inmigrante indocumentado hallado culpable de un crimen no relacionado con la inmigración está apunto a salir de la cárcel, se le pide a la policía local que voluntariamente llame a la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) antes que el prisionero salga. De esa manera, si las autoridades federales quieren deportar al prisionero, pueden estar a la mano para recogerlo.
A nivel local, esa práctica ya está en marcha.
Por más de un año, el Departamento del Alguacil del Condado de Orange y algunas otras agencias de California han estado siguiendo la premisa básica de PEP – compartir información con las autoridades federales y notificar a los agentes de liberaciones programadas. La mayoría de los casos involucran a inmigrantes infractores hallados culpables de ofensas serias, que varían desde crímenes violentos a robo o conducir bajo la influencia.
Hasta el año pasado, cuando ICE le podía pedir a la policía que detuviera a los reos no ciudadanos por hasta 48 horas después de su liberación programada, muchos de los inmigrantes que fueron transferidos a autoridades federales fueron personas acusadas por cargos de baja magnitud y otros que no habían sido hallados culpables de ningún crimen no relacionado con inmigración.
Después que el tribunal Federal en Oregon dictaminó que dichas detenciones eran inconstitucionales, cientos de agencias de policía a través del país dejaron de cumplir con los pedidos de ICE.
En California, desde el comienzo del año pasado, las agencias de cumplimiento de ley han seguido el Trust Act, el cual prohíbe que agencias locales retengan a inmigrantes indocumentados a menos que esos inmigrantes hayan sido hallados culpables de delitos mayores o delitos menores graves.
El nuevo programa PEP se alinea con el Trust Act de California, según los expertos.
“Entre el Trust Act y el veredicto en Oregon, ya estamos cumpliendo con lo especificado por PEP”, comentó el asistente de alguacil del Condado de Orange, Steve Kea.
Como funciona
Así es como funciona: Agentes del alguacil del Condado de Orange notifican a ICE de la liberación programada de aquellos hallados culpables de delitos graves, y agentes de ICE, cuando los reos están disponibles, los recogen.
Pero ha habido un efecto secundario. Desde que el Condado de Orange empezó a cumplir con el Trust Act, y con el veredicto federal, el número de detenidos entregados a ICE ha caído en picada.
Antes del 2014, el condado retenía y transfería de entre 100 a 150 detenidos por mes. Esas personas incluían a inmigrantes que se encontraban aquí ilegalmente y a otros que eran parte de varios programas de visas, según Kea.
En junio, el número de personas transferidas de custodia local a custodia federal fue 30. Una cifra que Kea dijo ha sido típica durante el último año. Y la mayoría de esos infractores han sido hallados culpables por delitos mayores de robo y narcóticos, seguidos por violencia doméstica, violación y ataque agravado, según Kea.
El Condado de Orange es el único condado que queda en California que tiene un acuerdo con el gobierno federal para entrenar a oficiales en las cárceles del Condado de Orange para identificar a inmigrantes sin el derecho legal de estar aquí e iniciar el procedimiento contra ellos en nombre de ICE.
Defensores de los derechos de los inmigrantes han presionado al alguacil para qué ponga punto final a dicho acuerdo, conocido como el acuerdo “287G”.
Kea dijo que eso no va a suceder.
“El alguacil ve la situación a través del lente de la seguridad pública”, añadió.
Solamente hay cuatro agentes del alguacil en la cárcel del Condado de Orange que recibieron el curso de entrenamiento de cuatro semanas de 287G y que pueden trabajar en nombre de ICE, dijo Kea.
“No es un programa de base amplia donde ‘todo mundo chequea el estado de migración de todo mundo’”, dijo.
Todavía frustrados
Mientras tanto, dos grupos del Condado de Orange, liderados por jóvenes activistas inmigrantes indocumentados, enviaron una carta esta semana al Concejo Municipal de Santa Ana relacionada al cumplimiento de la ley de inmigración.
Éstos grupos, RAIZ y Jóvenes Inmigrantes Unidos del Condado de Orange, quieren una nueva ley que impida que la Policía de Santa Ana le pregunte a miembros de la comunidad sobre su estado de inmigración. Ellos también quieren que la Policía de Santa Ana ya no participe en redadas federales de inmigración o que les de acceso a autoridades federales a instalaciones de la ciudad, archivos o detenidos, a menos que los agentes federales cuentan con una orden penal.
“El concejo municipal siempre se ha pintado asimismo como campeón de los inmigrantes”, dijo Alexis Nava Teodoro, portavoz para RAIZ. “Nuestra propuesta… Tendrá un impacto directo en las vidas de los residentes”.
Otros creen que dicha ley, de ser aprobada, llevaría a más incidentes como el tiroteo ocurrido el 1 de julio en San Francisco. El hombre acusado en el incidente es un ciudadano mexicano que había sido deportado varias veces y que vivía en San Francisco porque las leyes de la ciudad evitan que la policía local participe con autoridades federales de inmigración.
Desde el tiroteo, los republicanos en el Congreso han presionado para aprobar legislación que haría ilegal para ciudades como San Francisco establecer políticas de inmigración menos estrictas que las reglas federales.
Otros alegan que la cooperación entre agencias de cumplimiento de ley y ICE conduce a menos confianza en la policía y a menos crímenes reportados. Aún más, la antigua práctica de retener a inmigrantes en prisión por la infracción civil de inmigración fue calificada como inconstitucional.
El objetivo de PEP es unir ambos puntos de vista – para detener y deportar a inmigrantes indocumentados que han cometido crímenes, pero no llevar a la policía local a retener a inmigrantes cuyo único crimen está relacionado con inmigración.
Marc Rosenblum, subdirector del Instituto de Política de Migración con sede en Washington D.C., dijo que es demasiado pronto para saber si el programa PEP cumplirá con esa meta.
“En papel me parece que aborda algunas de las preocupaciones… Y hace que sea menos probable que los inmigrantes indocumentados sean transferidos a ICE si no han cometido delitos graves en el pasado”.
