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 Daniel Guzmán, coordinador de recursos legales con la coalición Justice for Immigrants Coalition of Inland Southern California (en primer plano) confiere con Elva Marroquín y Ángel Rosales en un restaurante Subway en el centro de Los Ángeles antes de una audiencia migratoria en el tribunal, que involucra a dos hijos de la pareja. Su bebé, Emmanuel, nacido en Estados Unidos, está en el cochecito.
Daniel Guzmán, coordinador de recursos legales con la coalición Justice for Immigrants Coalition of Inland Southern California (en primer plano) confiere con Elva Marroquín y Ángel Rosales en un restaurante Subway en el centro de Los Ángeles antes de una audiencia migratoria en el tribunal, que involucra a dos hijos de la pareja. Su bebé, Emmanuel, nacido en Estados Unidos, está en el cochecito.
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Elba Marroquín y Ángel Rosales tuvieron la suerte de conseguir abogados sin costo que les ayudaran a evitar que sus hijos fueran deportados. Los niños sin abogados son más propensos a ser retirados del país en comparación a los niños con representación legal, según muestran los datos.

Pero otros padres – muchos solamente con una educación primaria o con poco o sin conocimiento del idioma inglés o del sistema legal estadounidense – tienen que valerse por sí mismos.

Más de 100,000 casos involucrando a menores no acompañados han sido presentados en la corte de inmigración desde el ciclo fiscal del 2012, cuando inició el aumento en el número de niños centroamericanos que cruzaban la frontera.

Marroquín y Rosales encontraron a sus abogados, Fernando Romo y Julio Noboa, a través de ASOSAL, una organización de asistencia a los inmigrantes con sede en Los Angeles que provee servicios legales gratuitos.

Marroquín y Rosales dijeron que nunca hubieran sido capaces de costear a un abogado por cuenta propia.

Hay otras formas de servicio legal gratuito disponible a los migrantes, incluyendo servicios financiados con fondos estatales y federales.

Pero solamente un tercio de los menores no acompañados cuyos casos fueron presentados en la corte de inmigración en el ciclo fiscal del 2014 contaban con representación legal a razón de finales de febrero, de acuerdo a un análisis de datos federales hecho por Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad de Syracuse, el cual da seguimiento a los casos de inmigración en la corte.

Los niños con abogados tienen seis veces más probabilidades de permanecer en los Estados Unidos que los niños sin abogados, según el análisis.

Solamente el 12 por ciento de los menores no acompañados sin abogados y cuyos casos fueron presentados desde octubre del 2011 y alcanzaron resolución para febrero del 2015 recibieron permiso para permanecer al menos temporalmente. El otro 88 por ciento recibió órdenes para abandonar el país.

En contraste, las cortes permitieron que casi el 76 por ciento de los niños con abogados permanecieran en los Estados Unidos.

Esas estadísticas ilustran la injusticia del gobierno de no proveer representación legal en cortes de inmigración a niños cuyos padres o guardianes legales no pueden costearlos, comentó Víctor

Nieblas, presidente electo de la Asociación de Abogados de Inmigración Estadounidenses y abogado en City of Industry.

“La ley de inmigración es considerada el área más compleja de la ley además de la ley de impuestos”, dijo Nieblas.

Las cortes la han descrito como un laberinto. La expectativa de que los niños naveguen a través de ese laberinto legal es completamente errónea. Es ridícula. Y esperar que los jueces tenga la paciencia para navegar un niño a través de ese proceso también es ridícula”.

Pero Robin Hvidston, directora ejecutiva del grupo contra la inmigración ilegal, We the People Rising, y residente de Upland, dijo que los contribuyentes no deberían pagar la factura de los migrantes.

“¿Qué clase de país provee asistencia legal a infractores de ley cuando nuestros propios ciudadanos están sufriendo?, preguntó.

Hvidston y otros activistas contra la inmigración ilegal creen que los niños migrantes no deberían ser capaces de permanecer en los Estados Unidos mientras sus casos son escuchados.

Ellos están haciendo un llamado para que las leyes pertinentes sean cambiadas, si es necesario, para que el gobierno regrese a los niños rápidamente a sus países de origen.