Los activistas locales de inmigración, algunos quienes viajaron a Arizona en 2010 para un mitin en contra de la ley migratoria de Arizona, tuvieron reacciones mixtas, el lunes de esta semana, sobre el fallo de la Corte Suprema de anular la mayoría de las provisiones de la SB1070, mientras que dejaron a la provisión más controversial.
La Corte Superior de Estados Unidos derogó la mayoría de la SB1070, pero dejó la parte principal de la ley, la cual les da permiso a las autoridades a preguntar por documentos migratorios durante una parada de tráfico, según una opinión que se dio a conocer el lunes. Las otras provisiones fueron retiradas porque esencialmente duplicaban y se iban por encima de la ley federal, según el juez Anthony Kennedy, que escribió la mayor parte de la opinión.
La corte falló que la inmigración es un tema federal, mandándoles un mensaje a los legisladores de Arizona y otros oficiales a través del país quienes pueden estar pensando que la inmigración puede ser regulada a nivel estatal.
Lupe Moreno, líder del grupo antiinmigración indocumentada Latino Americans for Immigration Reform, dijo que se sintió bien sobre el fallo de la corte, a pesar de que revocó tres provisiones claves. Sin embargo, dijo Moreno, dejó lo que llamó la parte más importante de la ley.
“Por lo menos Arizona ha demostrado que hay un gran problema y que el Congreso debe trabajar en esto. Todo cae en el Congreso y no están haciendo su trabajo”.
Joe Yañez, de Santa Ana, dijo que el fallo seguirá polarizando a la comunidad latina. Yañez, que viajó con un grupo local en oposición de la ley en 2010, dijo que estaba contento que los jueces derogaron la mayoría de las provisiones. Sin embargo, contiende que la provisión “muéstrenme sus papeles” puede llevar a más discriminación racial.
“Tenemos un grupo radical abogando tan fuerte por este tema que está creando temor entre la población latina”, dijo Yañez.
Una batalla de dos años
Arizona vs. Estados Unidos retó a la autoridad de un estado a establecer sus propias leyes de inmigración en vez de seguir las regulaciones federales.
Las cortes federales habían coincidido con el gobierno Federal. En julio de 2010, tres meses después de que la SB1070 fuera firmada a ley, un juez de la Corte del Distrito de Estados Unidos prohibió las cuatro provisiones de la ley de Arizona de tomar efecto después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lanzara una demanda contra el estado.
Los oficiales de Estados Unidos contienden que la SB1070, pasada en abril de 2010, es inconstitucional porque Arizona estaba intentando tomar el rol del gobierno federal en hacer cumplir la ley migratoria.
Las autoridades de Arizona argumentaron que la ley es un esfuerzo para cooperar con los oficiales federales, diciendo que es la única manera que puede defender su estado de lo que describen como personas llegando sin documentos.
En abril de este año, un panel de apelaciones, compuesto por tres jueces, estuvo de acuerdo con la decisión de un juez de la Corte del Distrito para bloquear la porción más controversial de la SB 1070, la cual les dio a las autoridades permiso de revisar el estatus migratorio de cualquiera que fuera detenido por la Policía.
La SB1070 volvió a traer al frente el debate sobre la inmigración en el país y causó que varios otros estados implementaran leyes similares, incluyendo Georgia, Alabama, y Carolina del Sur.
Reacciones mixtas en los dos lados del debate
En el condado de Orange, la ley movilizó a los residentes, activistas de inmigración y legisladores a enfrentar este tema. Algunos residentes viajaron a Arizona para asistir a mitin en apoyo y oposición de la nueva ley.
Varios activistas de los dos lados del tema, el lunes de esta semana, no estaban seguros sobre si deberían considerar el fallo como una victoria o un fracaso.
Mientras algunas organizaciones , como el American Immigration Council, llamó el fallo un fracaso para “el movimiento antiinmigración”, mientras que otros como Presente.org, condenaron la decisión, diciendo que mantiene “la provisión sobre la discriminación racial de la SB10 de Arizona”.
Los activistas contra la inmigración indocumentada parecieron estar satisfechos, en general, con la decisión, llamándola una “victoria” y un fallo “positivo”.
“NumbersUSA está contento que la Corte Superior ha decidido apoyar la autoridad que tienen los estados en asistir al gobierno Federal en hacer cumplir las leyes de inmigración”, dijo el líder de NumbersUSA Roy Beck, en un comunicado escrito.
Sin embargo, algunos expresaron decepción. Lamar Smith, congresista republicano de San Antonio, y presidente del House Judiciary Committee, dijo que el fallo “limita la habilidad de los estados en proteger a sus ciudadanos y comunidades de los inmigrantes ilegales”.
Ambos lados, sin embargo, coincidieron que el Congrego necesita hacer algo sobre el tema.
“La decisión de la Corte Superior solo subraya la necesidad crítica y urgente que tenemos que el Congreso arregle nuestras leyes nacionales de inmigración”, dijo Wendy Tarr, directora del Clergy and Laity for Economic Justice of Orange County.
Probablemente se peleará la provisión
A unas horas después del fallo de la corte, los expertos de la inmigración, abogados y eruditos constitucionales opinaron acerca de lo que pasará con la única provisión que se permitió.
Los jueces de la Corte Superior indicaron que aunque dejaron la provisión 2(B) la cual le da a las autoridades permiso para revisar el estatus migratorio de cualquiera que sea detenido por la Policía, aun puede ser sujeta a acciones legales.
Los jueces quieren ver cómo se realizará la provisión y si en verdad habrá un problema con la discriminación racial, dijo Dan Kowalski, un abogado con Fowler Law Firm en Austin, Texas, y editor de la publicación Bender’s Immigration Bulletin.
“Realmente dejaron la puerta abierta para más escrutinio por parte de las cortes federales y estatales”, dijo Kowalski.
