Los jóvenes que a Estados Unidos de niños y se quedaron sin documentos pudieron comenzar a solicitar, el miércoles de esta semana, permisos de trabajo y dos años de protección de ser deportados, anunció el U.S. Citizenship and Immigration Services.
Un estimado de 1.7 millones de personas que están en el país sin documentos y que son menores de 31 años, podrán calificar potencialmente para el “Deferred Action for Childhood Arrivals”, según el Pew Hispanic Center.
Los oficiales de inmigración están listos para una oleada de solicitudes, dijo el martes de esta semana Alejandro Mayorkas, director del U.S. Citizenship and Immigration Services.
El honorario de 465 dólares será lo suficiente para cubrir los gastos asociados con la nueva política, incluyendo el contrato de nuevos empleados para ayudar a procesar el papeleo, dijeron unos oficiales de inmigración.
La medida implementa algunas de las metas del Dream Act, legislación que les daría a algunos estudiantes y miembros del Ejército que son indocumentados una oportunidad para adquirir la residencia legal, pero la cual jamás ha sido promulgada.
La nueva política ha sido elogiada por activistas que abogan por los derechos de los inmigrantes. También ha sido llamada una amnistía por algunos activistas que buscan que se hagan respetar las leyes de inmigración.
Los que se oponen dicen que la nueva política lastimará a los americanos desempleados, que ahora tendrán que competir con más personas para obtener trabajos durante un momento en el que hay un alto nivel de desempleo.
Bajo la nuevo directriz, los estudiantes elegibles tendrán que:
Haber ingresado a EE UU antes de tener 16 años.
Haber residido continuamente en EE UU desde el 15 de junio de 2007.
Haber estado en la escuela, haberse graduado de la preparatoria, haber obtenido un certificado de GED (Desarrollo General Equivalente a la educación de la preparatoria/o Examen de Desarrollo Educacional General), o haber servido honorablemente en los guardacostas o las Fuerzas Armadas de EE UU.
No haber sido condenado por un delito mayor, un delito menor significativo, múltiples ofensas o de otra manera haber sido una amenaza a la seguridad nacional o pública.
Tener menos de 31 años a partir del 15 de junio de 2012.
