El Departamento de Justicia de los Estados Unidos inició una investigación de derechos civiles que involucra a la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Orange y al Departamento del Alguacil la semana pasada. La investigación se basa en acusaciones que algunos fiscales y agentes del alguacil retuvieron evidencia y utilizaron a informantes en las cárceles para obtener confesiones ilegalmente.
La investigación, anunciada por fiscales federales en Los Ángeles, llega después de años de quejas de abogados defensores locales de que el fiscal de distrito y agentes del alguacil rutinariamente cometían engaños en la corte, hacían mal uso de informantes y grababan en secreto conversaciones en las cárceles para obtener condenas. Aunque ha habido investigaciones federales de alto perfil a agencias de policía, es poco común que el Departamento de Justicia investigue a los fiscales.
En enero, el fiscal de distrito Tony Rackauckas, quien ha negado ofensas intencionales, escribió una carta a la fiscal estadounidense Loretta Lynch diciendo que su oficina acogería con agrado una investigación federal. La oficina extendió un comunicado el jueves diciendo que cooperaría con los investigadores y espera ser exonerada.
La alguacil Sandra Hutchens también extendió un comunicado ofreciendo la cooperación del departamento, añadiendo: le doy la bienvenida a esta investigación… Es, y ha sido, nuestro objetivo tener un sistema carcelario que sea ejemplar”.
El Departamento de Justicia puede recurrir a los tribunales para forzar la cooperación local si las Oficinas del Fiscal de Distrito y del Alguacil declinan hacerlo.
“Un fracaso sistemático para proteger el derecho (de un acusado) a un abogado y a un juicio justo hace que el proceso penal sea fundamentalmente injusto y disminuye la fe en la integridad del sistema judicial”, comentó la principal agente del fiscal general, Vanita Gupta, directora de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, en un comunicado.
“Nuestra investigación examinará los hechos y la evidencia para determinar si la Oficina del Fiscal de Distrito y el Departamento del Alguacil se involucraron en tendencias o prácticas que violan estos derechos. Estamos agradecidos con el fiscal de distrito Rackauckas por el acceso sin restricciones que ha ofrecido proveer”.
El impacto de las investigaciones en curso en las operaciones diarias de la Cárcel del Condado de Orange y la oficina del fiscal de distrito aún está por determinarse.
“Apreciamos la invitación del fiscal de distrito para revisar las pólizas y las prácticas de su oficina, junto con su garantía de acceso sin restricciones a documentos y personal en su oficina”, comentó Eileen Decker, fiscal para el distrito central de California, en un comunicado. “Confiamos que esta investigación, y la cooperación que está siendo ofrecida por la Oficina del Fiscal de Distrito, ayudará a restaurar la confianza del público en la integridad del sistema de justicia criminal del Condado de Orange”.
‘Abuso sistemático’
La acción de parte de funcionarios federales viene después de una serie de condenas de alto perfil al sistema judicial del Condado de Orange.
El mes pasado, un tribunal de apelaciones del estado emitió un fallo que calificaba a los abusos constitucionales de parte de fiscales locales y agentes del alguacil como “sistemáticos”, añadiendo que en al menos uno de los casos de alto perfil la oficina del fiscal de distrito había abdicado su responsabilidad de seguir la ley. Al mismo tiempo, un gran jurado del Condado de Orange recibió dinero del condado para conducir una investigación sobre el Departamento del Alguacil y el Fiscal de Distrito. También, la Fiscalía General de California ha estado investigando a oficiales locales por al menos 18 meses.
El Departamento de Justicia rara vez investiga a los fiscales locales, pero algunas revisiones de alto perfil a agencias de la policía han resultado en supervisión federal, al menos temporal, para esos departamentos.
En el 2000, el Departamento de Policía de Los Ángeles fue tomado por oficiales federales tras una investigación sobre alegatos de corrupción y abusos criminales dentro del departamento. En el 2009, la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia investigó operaciones en la Cárcel del Condado de Orange después de una serie de incidentes incluyendo el pisoteo mortal de uno de los reos. Es investigación sigue abierta.
La investigación anunciada el jueves pone al Condado de Orange en compañía de lugares como Ferguson, Missouri; y Baltimore, donde el Departamento de Justicia ha iniciado investigaciones sobre supuesta brutalidad policial y violaciones a los derechos civiles después que ciudadanos murieron en manos de la policía.
