MADRID.- La infanta Cristina de Borbón, hermana del rey Felipe VI de España, será juzgada por dos delitos de fraude fiscal. Es el primer miembro de la familia real en sentarse en el banquillo desde la restauración de la monarquía en el país en 1975.
La decisión pone a prueba el joven reinado de Felipe VI, que mantiene una imagen muy buena y está revitalizando la institución según todas las encuestas. Medios locales especularon con la posibilidad de que el nuevo monarca fuerce a su hermana a renunciar a los derechos dinásticos que mantiene. Cristina, de 49 años, es la sexta en la línea de sucesión al trono pero lleva dos años apartada de la agenda oficial de la casa real.
El juez José Castro dictó el lunes apertura del juicio oral contra Cristina, su esposo Iñaki Urdangarin y otras 15 personas vinculadas a una presunta trama de malversación de fondos públicos en las mediterráneas Islas Baleares.
La infanta enfrenta una pena de hasta cuatro años de cárcel como “cooperadora necesaria” en el fraude fiscal cometido presuntamente por su marido en los ejercicios 2007 y 2008. Para Urdangarin se piden más de 19 años de prisión por ocho delitos. El juicio se celebrará en Palma de Mallorca probablemente a fines de 2015.
El abogado de la infanta anunció que recurrirá la decisión del juez.
“Se encuentra tan sorprendida como nosotros y especialmente afectada”, dijo Miquel Roca sobre el estado de ánimo de Cristina.
En un auto de 150 páginas, Castro culminó una extensa instrucción de cuatro años. El magistrado decidió juzgar a la infanta en contra del criterio de la fiscalía, que no advertía indicios suficientes de delito.
La jurisprudencia española ha optado generalmente por evitar el juicio a personas imputadas por delitos fiscales si la fiscalía, que representa al Estado y es la parte teóricamente agravada, no lo pide. En este caso, es la acusación popular ejercida por el sindicato Manos Limpias quien mantiene la acusación.
Castro consideró que Cristina pudo ser “partícipe a título lucrativo de los delitos contra la hacienda pública” de su marido. La acusación sostiene que Urdangarin y su socio, Diego Torres, se apropiaron presuntamente de unos 5,6 millones de euros (6,9 millones de dólares) en subvenciones públicas asignadas entre 2004 y 2006 al sin ánimo de lucro Noos relacionado con el mundo del deporte, que presidía Urdangarin.
Cristina fue desvinculada de cualquier relación con Noos, pero el juez dijo que hay gastos de la pareja en lujosos hoteles, viajes y clases de salsa, entre otros, facturados a la sociedad mercantil Aizoon, creada en un 50% por Cristina y su esposo en 2003. Aizoon era presuntamente una “sociedad pantalla” que usó ingresos de Noos como gastos personales, cuando en realidad se trataba de dividendos que debían tributarse a la Hacienda.
Cristina negó conocer las actividades de su esposo en su declaración ante el juez Castro el 8 de febrero. Urdangarin, de 46 años, es exjugador profesional de balonmano y doble medallista olímpico en 1996 y 2000.
La infanta y los cuatro hijos de la pareja se mudaron a Suiza en 2013. El cambio de domicilio, oficialmente por motivos laborales, se interpretó como la mejor forma de poner tierra de por medio ante la presión de los medios y la opinión pública.
El caso ha dinamitado la imagen de la monarquía en los últimos años. Los analistas coincidieron en señalar que la investigación fue una de las razones que llevó al rey Juan Carlos a abdicar en su hijo Felipe en junio.
Felipe VI y la reina Letizia han adoptado un nuevo programa de transparencia y auditoría de las cuentas. Cristina y su otra hermana Elena ya no reciben asignación económica de la monarquía, por ejemplo.
“Es una pena. Felipe no lleva ni un año en el trono y tiene que soportar esta vergüenza”, explicó Joe Little, director de la revista británica especializada en realeza Monarchy. “Está tratando de construir una imagen nueva y positiva para la institución y este caso es un paso atrás”, agregó.
Ignacio Sánchez, abogado de la firma Hogan Lovells International LLP en Madrid, dijo que el recurso de la infanta es difícil que prospere.
“Probablemente irá a juicio, totalmente público, que todo el mundo podrá ver”, dijo. “Es la peor noticia para ella”, añadió.
Los abogados de Cristina insisten en que no hay base legal para juzgarla. Pero las encuestas sugieren que la opinión pública está a favor del juicio.
“Me parece perfecto que la infanta vaya a juicio. Y si ha hecho algo mal tiene que pagar por ello”, dijo Antonio Claver en Barcelona. “Como ciudadana, quiere una justicia igual para todos. Todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones”, añadió Francisca García.
