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La activista indocumentada mexicana Genoveva Ramírez exigió al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) que le otorgue una visa U y evite su deportación en octubre.
La activista indocumentada mexicana Genoveva Ramírez exigió al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) que le otorgue una visa U y evite su deportación en octubre.
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Chicago.- La activista indocumentada mexicana Genoveva Ramírez exigió al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) que le otorgue una visa U y evite su deportación en octubre.

En una demanda presentada en una corte federal en Illinois, Ramírez, conocida como “abuelita” en las Comunidades Organizadas contra las Deportaciones donde milita, sostiene que la “negligencia interna” del DHS amenaza con separarla de su familia.

La activista, que ha vivido sin papeles en Estados Unidos durante 20 años, solicitó en septiembre de 2016 la visa U, que ofrece protección a las víctimas y testigos de crímenes violentos que cooperan en la investigación y procesamiento de los responsables.

Según informó Ramírez, ella y uno de sus diez nietos fueron agredidos físicamente durante la invasión de su casa en 2015, y luego cooperaron con la investigación.

En la demanda se sostiene que el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) no procesó durante más de un año el pedido de visa, y tampoco tramitó la aceleración del trámite que generalmente demora tres años, o la postergación de la deportación mientras se resuelve el caso.

“No hubo comunicación entre USCIS y la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), lo que muestra en este caso las consecuencias devastadoras de un sistema migratorio que es totalmente ilógico”, señala el documento.

Además, ICE frustra el propósito de la Ley de Protección de las Víctimas de Tráfico y Violencia, aprobada por el Congreso para defender a los inmigrantes víctimas de crímenes, agrega.

Los abogados piden a la corte federal del Distrito Norte de Illinois que se ordene a USCIS la determinación preliminar de que Ramírez es elegible para la visa U, y se anule la orden de deportación.

En su última audiencia ante un juez de inmigración, el mes pasado, Ramírez fue informada de que debe abandonar voluntariamente el país antes el 31 de octubre o será deportada.

Ramírez declaró hoy en conferencia de prensa que en su papel de activista ha visto cómo los inmigrantes son “criminalizados y deshumanizados”, y que su demanda trata de evitar que ICE “justifique la destrucción de otra familia”.