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SAN FRANCISCO.- La campaña para lograr que California se convierta en otra entidad de Estados Unidos donde los adultos puedan comprar y consumir legalmente marihuana con fines recreativos dio el lunes otro paso importante con la presentación ante el estado del texto que debería incluir la papeleta electoral del año entrante.

La iniciativa tiene el apoyo del cofundador de Napster, Sean Parker, y de otros empresarios adinerados, así como de prominentes grupos activistas.

La propuesta para la legalización de la marihuana es una de las más de 10 presentadas en California con vistas a los comicios de noviembre de 2016.

Sin embargo, los observadores consideran que la llamada Ley para el Consumo de Marihuana entre Adultos tiene las mayores posibilidades de concretarse debido a los considerables recursos, relaciones políticas y credibilidad profesional de quienes la apoyan.

“Creemos que este esfuerzo tiene el respaldo y los recursos para emprender una campaña exitosa a favor del consumo responsable entre los adultos”, dijo el director ejecutivo de la Asociación de la Industria del Cannabis en California, Nate Bradley, cuya organización apoya la medida.

Según la medida, se permitiría a los adultos de 21 años o más comprar 28 gramos (una onza) de marihuana y productos que contengan marihuana en tiendas minoristas autorizadas, así como cultivar hasta seis plantas de la yerba para consumo personal con fines recreativos.

El estado tendría autorización para cobrar un impuesto de 15% a las ventas de cannabis, sea para uso médico o recreativo, según la iniciativa.

Cuatro personas que trabajaron en la iniciativa dijeron a The Associated Press que el proceso de elaboración de la iniciativa y el trabajo inicial para reclutar patrocinadores y armar un equipo de campaña fue liderado por Parker, cofundador de Napster y primer presidente de Facebook.

Esas personas solicitaron el anonimato porque no estaban autorizadas a discutir la participación de Parker o a nombrar a los otros empresarios que se prevé financiarán la campaña hasta que un comité oficial comience a recaudar fondos y esté obligado a cumplir con las leyes de transparencia del estado.