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    “El mensaje claro para los mexicanos es que no entren en pánico; la razón de ser de los 50 consulados es para proteger…nosotros no queremos ser enemigos [de Donald Trump o Estados Unidos”, dijo sorpresivamente en el cabildo de Santa Ana, el cónsul general de México en esa ciudad, Mario Cuevas.

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    El 17 de enero de 2017 fue declarado como el “Día de Loretta Sánchez”. La ex congresista fue reconocida en la sesión del ayuntamiento.

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    “La ciudad [de Santa Ana] no será santuario hasta que no se acabe ese contrato con ICE” dijo Salvador G. Sarmiento, miembro de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON). “No podemos aceptar el pretexto de [Donald] Trump de que la policía deba hacerle los mandados de ICE”.

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    Hermelinda Saldaña no pudo contener las lágrimas luego de dar testimonio en el concilio de Santa Ana. Su esposo Isidro fue deportado de Estados Unidos en 2013, y ella sola ha tenido que hacerse cargo de sus tres hijos.

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Más que un mensaje al presidente Donald Trump y a otras ciudades del país, seis concejales latinos ratificaron el interés de proteger a sus habitantes de cualquier intento de criminalización con efectos de deportación, al aprobar de forma unánime la ordenanza que aseguraría que nada de sus recursos ni personal de la ciudad, ni policías se involucren en la aplicación de leyes federales de inmigración.

El voto 6-0 fue considerado “histórico” por activistas comunitarios “asegura que la ciudad de Santa Ana no se involucra en el negocio de las deportaciones”. Estuvo ausente el concejal Vincent Sarmiento.

Previo a la sesión del cabildo, el cónsul de México en Santa Ana, Mario Cuevas, hizo un recuento de 23,000 pasaportes expedidos y 4,000 casos de atención consular en 2016, para agregar de inmediato que los mexicanos “no vamos a pagar el muro”, en alusión a las amenazas verbales del presidente electo de Estados Unidos de construir más vallas en la frontera, y efectuar deportaciones masivas

“No toleraremos ninguna violación de los derechos de ningún mexicano”, dijo el diplomático. “El mensaje claro para los mexicanos es que no entren en pánico; la razón de ser de los 50 consulados es para proteger…nosotros no queremos ser enemigos”.

Pendientes del contrato carcelario con ICE

La promulgación de la ordenanza es una política de la ciudad en la cual, sin excepciones, la policía podría detener a una persona por la comisión de un delito, pero no entregarla a las autoridades del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE). El contrato que Santa Ana tiene con ICE y que vence en 2020 podría ser cancelado este año.

“La ciudad no será santuario hasta que no se acabe ese contrato con ICE” dijo Salvador G. Sarmiento, miembro de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON). “No podemos aceptar el pretexto de [Donald] Trump de que la policía deba hacerle los mandados de ICE”. El multimillonario presidente ha amenazado con cancelar todos los fondos federales a las ciudades santuario y Santa Ana recibió más de $120 millones en 2016.

La ordenanza oficial requiere también que la ciudad implemente políticas que protejan informacion confidencial de sus más de 350,000 habitantes, y previene la aplicación del perfil racial por parte de la Policía, a la que se le pide ejercer discreción para otorgar multas y liberar a las personas, en lugar de detenerlas y enviarlas a la prisión o a la cárcel del condado, dependiendo de la naturaleza de cualquier presunto delito.

El 20 de diciembre de 2016, por votación de 5-0, los concejales avalaron seguir adelante con la política que, además, establece un grupo comunitario de trabajo para monitorear su implementación, y marca el camino hacia el final del contrato con ICE.

“Ahora vamos a presionar para que el excedente identificado de $9 millones de la ciudad que no han sido asignados, un porcentaje se destine para la defensa legal de los inmigrantes”, adelantó a Excélsior, Alexis Nava Teodoro, integrante de Resilience O.C. “También, para formalizar la cosa [la ordenanza] tenemos que asegurar que el grupo especial de trabajo, con representantes comunitarios tenga el poder de emplazamiento para solicitar documentación cuando haya abusos de autoridad”.

El lenguaje de la ordenanza aclara que el uso de recursos no aplicaría cuando un individuo se encuentra sujeto de alguna investigación criminal o ha sido declarado convicto o ha enfrentado un cargo por alguna felonía cometida.

“Esto representa una victoria histórica para los derechos de los inmigrantes”, consideró Roberto Herrera, miembro del grupo Resilience O.C. (Resistencia del Condado de Orange). “Por supuesto que [la ordenanza] está incompleta hasta que no removamos a ICE de la cárcel”.