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LEONARD ORTIZ, STAFF PHOTOGRAPHER
Members of the Santa Ana city council listen as Naui Huitzilopochtli, bottom, of Santa Ana urges the city council to cancel the contract with ICE at the Santa Ana Jail.

Santa Ana perdería más de $663,000 anuales si cancela contrato con ICE

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ocexcelsior.com

El gobierno de Santa Ana parece estar dispuesto a correr el riesgo de perder fondos federales superiores a los $650,000 anuales si cancelan el próximo 20 de diciembre el contrato que tiene con las autoridades del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), cuya operatividad en la cárcel de esta ciudad se encuentra bajo una fuerte presión y críticas de la comunidad inmigrante y activistas.

El martes por la noche se juramentó a los dos nuevos miembros del concilio, José Solorio y Antonio Villegas, quienes han sido señalados por sus presuntos lazos con el sindicato de policías de Santa Ana, que invirtió alrededor de $400,000 en sus candidaturas y triunfos en la elección del pasado 8 de noviembre. Solorio reemplazó a Angélica Amezcua y Villegas a Román Reyna.

“La mayoría de miembros del concilio favorece la cancelación del contrato [con ICE]”, Igmar Rodas, fundador de la Mesa Redonda del Condado de Orange.  “Una ciudad santuario no debería tener contrato con ICE; ello representa una cachetada a la comunidad y, para mii es una burla”.

Los concejales afines a la finalización del contrato con ICE son Vicente Sarmiento, Sal Tinajero, David Benavidez y Michele Martínez. En oposición estarían el alcalde Miguel Pulido y los dos nuevos concejales.

Rodas expresó que si se diera el caso de que los políticos dieran marcha atrás a su presuntamente seguro compromiso verbal de acabar con la relación con ICE, adoptado en un acto simbólico el pasado 6 de diciembre cuando declararon la ciudad santuario, “el resultado podría serles contraproducente porque generarían marchas, protestas y hasta actos de desobediencia civil”.

El contrato, que vence en junio de 2020 representa $82 por noche por cada persona que es detenida.

Datos extraoficiales de la organización RAIZ señalan que la ciudad de Santa Ana recibe cada año $7 millones de dólares en la renta de sus camas de la cárcel a las autoridades de inmigración.

Mujeres transgénero en riesgo

El acuerdo entre ICE y la ciudad como “proveedora” de los servicios de detención y cuidado de extranjeros llamados “detenidos”, a quienes, en caso de una eventual emergencia debería proceder inmediatamente a proporcionarles cuidado médico.

“La ciudad de Santa Ana obtiene $7 millones de dólares al año por tener encarcelados a los inmigrantes, particularmente a los de la comunidad trans (LGBTQ)’, dijo Roberto Herrera, miembro de la organización Resistencia O.C. “Un centro de detención no nos va a proteger y las chicas pertenecen a una comunidad vulnerable, con muy pocas o casi ninguna opción de defensa; queremos que con la clausura del contrato con ICE se brinden alternativas a la detención”.

En la cárcel de Santa Ana, según Roberto pueden estar detenidas entre 40 y 50 mujeres transgénero de países como México, El Salvador, Ghana y Rusia, quienes han pedido asilo en Estados Unidos, que es la forma en que las chicas tienen que estar en un centro de detención donde pueden pasar 2 o 3 años.

Las chicas trans están encerradas, pero la ciudad hace dinero con eso”, manifestó.

Activistas ponen más presión

A pesar de que en la agenda no estaba el tema de la ciudad santuario y el contrato con ICE, la activista Marilyn Montaño se declaró hija de indocumentados y de personas que viven una problemática para salir adelante en la vida.

“En Santa Ana no podemos tener una ciudad santuario sin la cancelación del contrato de ICE”, dijo Montaño. “Los concejales Villegas y Solorio fueron elegidos por el aporte de dinero de la unión de policías y estamos aquí para recordarles que ustedes [la policía] vendieron la elección…Ustedes han puesto mi familia en peligro y seremos vigilantes de sus decisiones”.

Previamente, Pulido advirtió a los únicos dos oradores en los comentarios públicos que sus comentarios “deberían ser relevantes sobre los resultados de la elección municipal”.

El micrófono de Montaño fue apagado y, surgió la tensión.

De inmediato, David Carbajal, otro activista defensor de los inmigrantes tomó la palabra en voz alta para reafirmar la posición de los activistas en el sentido de que los nuevos miembros del concilio fueron apoyados moral y económicamente por parte del poderoso sindicato de policías y no respaldan la terminación del contrato con ICE.

“Los vamos a tener muy bien cuidaditos y lo vamos a hacer responsables de sus acciones”, dijo Carbajal a Excélsior. “El 70% de la población de Santa Ana es latina y muchos son indocumentados, por lo que queremos que las decisiones de ellos [los concejales] reflejen las necesidades de la comunidad, no los intereses de la policía ni de otras corporaciones”.

El tono alto de su voz fue acallado por las amenazas de Pulido para sacaran escoltado de la sala del ayuntamiento a Carbajal.

“Puedes removerlo si no se puede controlar a sí mismo”, fue la orden de Pulido a los policías de seguridad en el recinto.

Detenciones, un negocio “redondo”

Virginia Kice, portavoz de ICE dijo a Excélsior que los reglamentos federales de contrato le impedían especular sobre el estado del acuerdo con la ciudad de Santa Ana.

Sin embargo, en una declaración por escrito señaló: “Tras la votación [5-0 de los concejales el 6 de diciembre] que redujo el número de camas disponibles en la cárcel de la ciudad de Santa Ana para los detenidos de inmigración, la Agencia de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) está preparada para ajustar sus operaciones en consecuencia”.

“Dicho esto, ICE valora su relación de largo tiempo con la Ciudad de Santa Ana y aplaude el trabajo que están realizando los funcionarios de la cárcel para mejorar los esfuerzos de ICE para acomodar las necesidades únicas de los miembros vulnerables de la población transgénero de detenidos [y] alojados en la instalación”.

“Para su conocimiento, la cárcel de la ciudad de Santa Ana por mucho el centro de detención con contrato más pequeño utilizado por ICE en el área de Los Ángeles. Las otras instalaciones empleadas por ICE en el Sur de California para alojar a los detenidos de inmigración incluyen dos lugares en el condado de Orange, Musick y Theo Lacy, que son administrados por el Departamento del Sheriff del Condado de Orange y el Centro de Detención Adelanto en el Condado de San Bernardino por el Grupo GEO”.

La detención de individuos en Estados Unidos, incluidos inmigrantes e indocumentados representó para GEO Group Inc., ingresos por $1,840 millones de dólares en 2015.

El Grupo GEO, junto con la Corporación de Correccionales de América (CCA), según la abogada Christina Fialho de Iniciativas Comunitarias para la Visita de Inmigrantes en Confinamiento (CIVIC), con sede en San Francisco, “cabildearon ante el Congreso por un mandato, requiriendo que se mantuvieran 34,000 camas para la detención y el costo fuera pagado por los contribuyentes”.

“Las compañías de prisiones privadas han sido tan rentables porque nuestro gobierno en todos los niveles ha asumido los gastos privados de la prisión mediante la aprobación de leyes y el mantenimiento de contratos que garantizan un número mínimo de camas”, expuso Fialho. “De hecho, las prisiones privadas detienen al 73 por ciento de todos los inmigrantes. Eso es un total de 24,820 personas por día y aproximadamente 300,000 personas por año”.


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