El Gobernador Jerry Brown, oficiales federales y comisarías del condado se encuentran discutiendo si deben poner fin a las retenciones de inmigración para algunos inmigrantes indocumentados que cometen crímenes menores, según comentó el jefe de la comisaría, Stanley Sniff.
El condado continuará cumpliendo con las solicitudes federales de detención migratoria hasta que el tema sea resuelto, comentó.
Sniff y otros jefes de comisarías de todo el estado se reunieron durante varias horas con Brown el jueves 6 de diciembre en Oakland. La anticipada reunión fue dominada por el tema de las retenciones de inmigración, comentó Sniff.
El tema saltó a la cabeza de la agenda después que Kamala Harris, fiscal general de California, comentó recientemente que las comisarías no están sujetas al requerimiento legal de cumplir con las ordenes de detención migratorias solicitadas por la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Un día después, el jefe de la Comisaría del Condado de Los Ángeles, Lee Baca, dijo que detendría las órdenes de retención migratoria para algunos agraviantes de bajo nivel – un cambio de su posición previa.
ICE solicita las retenciones hasta que pueda tomar custodia de los reos indocumentados, muchos de los cuales son posteriormente deportados.
Sniff y la Asociación de Comisarías de California se han opuesto a pedidos de grupos en pro de los derechos de los inmigrantes que abogan por una prohibición a las retenciones para agraviantes de bajo nivel. Las comisarías han dicho que el hacerlo los pondría en conflicto con la ley federal. Los grupos dicen que la gente arrestada por crimines menores no debería ser deportada.
Las organizaciones de las comisarías lucharon contra el TRUST Act, el cual hubiera limitado las retenciones migratorias. En septiembre, Brown vetó la propuesta, diciendo que la apoyaba filosóficamente pero que creía que era demasiado amplia.
Un nuevo TRUST Act fue propuesto esta semana.
Sniff comentó que durante la reunión, John Morton, director de ICE, expresó disposición para revisar el tema de las retenciones migratorias.
“Lo que tomé de la charla es que no están interesados en detener a las personas que cometen ofensas inocuas”.
La vocera de ICE no estaba inmediatamente disponible para confirmar la visión de Morton sobre el tema. Bajo la administración del presidente Obama, ICE ha dicho que su prioridad es enfocarse en los criminales peligrosos y en personas que han violado la ley de inmigración en repetidas ocasiones.
Sniff dijo que las discusiones entre los jefes de las comisarías, Brown y ICE continuarán. Él dijo que no considerará cambiar la política en retenciones migratorias del Condado de Riverside hasta que sea claro que el condado no estaría violando ninguna ley federal.
“No creo que el pequeño boletín legal de la fiscal fue de utilidad”, comentó.
El Condado de Riverside y la Asociación de la Comisaría “han recibido consejería legal contraria” que indica que la comisaría no puede reusar los pedidos de retenciones migratorias de ICE, agregó.
Sniff dijo que, como oficial de ley, no quiere arriesgarse a violar la ley federal. Él también se preocupa sobre posibles sanciones federales contra la oficina de la comisaría si desafía a ICE.
A principios de año, Morton advirtió al Condado Cook en Illinois que su ordenanza de ley que limitaba las retenciones migratorias violaba la ley federal. Él amenazó al condado con la pérdida de fondos federales utilizados para pagar por la retención de reos indocumentados.
En el ciclo fiscal del 2010 los Condados de Riverside y San Bernardino gastaron casi 25 millones de dólares para albergar a sospechosos indocumentados. Cifras más recientes no estaban disponibles el viernes 7 de diciembre.
Rod Hoops, jefe de la comisaría del Condado de San Bernardino, estaba presente en la reunión del jueves 6 y se encuentra “consultando con oficiales de prisión antes de realizar un comunicado” sobre el tema, comentó el teniente de la comisaría Anthony Onodera.
Activistas de inmigración del Inland han instado a Sniff y a Hoops a seguir el ejemplo de Baca.
Emilio Amaya, director ejecutivo del Centro de Servicio Comunitario de San Bernardino, una agencia de asistencia migratoria, dijo que él y otros activistas han planificado buscar reuniones con Sniff y Hoops.
Los Condados de Riverside y San Bernardino participan en dos programas federales que son antesala a las retenciones migratorias de ICE.
Bajo el programa Comunidades Seguras, las huellas digitales de todos los reos son enviadas a las autoridades federales, y ordenes de retención migratorias son puestas en aquellos que se cree se encuentran ilegalmente en el país.
Los opositores del programa señalan a las estadísticas que muestran que la mayoría de los inmigrantes indocumentados del Inland y en todo el país que han sido deportados bajo el programa Comunidades Seguras no cometieron crímenes mayores.
Muchos no fueron condenados por ningún crimen.
En los Condados de Riverside y San Bernardino, el 27 por ciento de las 6,158 personas deportadas después de ser identificadas bajo el programa Comunidades Seguras habían sido condenados por crímenes serios (felonies), como asesinato, violación, abuso sexual infantil, tráfico de drogas y algunas categorías de robo, de acuerdo a los datos de ICE a razón del 31 de agosto.
Otro 15 por ciento fueron condenados por crímenes menos serios, o por tres o más delitos menores (misdemeanors). Pero el resto habían sido hallados culpables por crímenes menores o no contaban con un historial criminal de convicción que ICE podía localizar.
Algunos no contaban con un historial criminal pero habían ignorado órdenes de abandonar el país o regresaron después de haber sido previamente deportados.
Además, los Condados de Riverside y San Bernardino participan en el programa 287g, en el cual los oficiales de prisión son entrenados por ICE para interrogar a los reos sobre sus lugares de nacimiento y más información que podría indicar que son indocumentados.
