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Organizaciones de derechos civilves y miembros de la comunidad piden el fin al programa Comunidades Seguras, durante una reunión en Los Angeles en agosto del 2011.
Organizaciones de derechos civilves y miembros de la comunidad piden el fin al programa Comunidades Seguras, durante una reunión en Los Angeles en agosto del 2011.
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El presupuesto fiscal de ICE para el 2013 contiene recortes de $17 millones al programa, lo que ha causado que ICE revise cada uno de sus acuerdos

Autoridades de inmigración evalúan si deben continuar con un programa que entrena a oficiales de policía local en los Condados de Riverside y San Bernardino para chequear el estado de inmigración de los reos.

Los condados se encuentran entre 62 jurisdicciones en todo el país que toman parte en el programa, llamado 287g. Los oficiales locales les preguntan a los reos sobre su lugar de nacimiento y otra información que podría indicar un estado ilegal.

Aquellos bajo sospecha de encontrarse en este país ilegalmente son referidos a agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para ser interrogados más extensivamente.

Los condados de Los Ángeles y de Orange también tienen acuerdos con ICE.

El acuerdo de tres años del Condado de San Bernardino con ICE termina el próximo mes. Ese acuerdo y otros 49 que hubieran concluido para el 31 de noviembre fueron extendidos hasta el final del año mientras ICE revisa el programa.

El Condado de Riverside cuenta con un acuerdo con ICE hasta julio del 2013, así que la cooperación continuará. Pero ICE tiene la opción de retirarse del acuerdo en cualquier momento.

El presupuesto fiscal de ICE para el 2013 contiene recortes de $17 millones al programa 287g, lo que ha causado que ICE revise el programa y cada uno de sus acuerdos, según un comunicado de la entidad.

ICE comentó que otro programa que identifica a reos que son inmigrantes ilegales, Secure Communities (Comunidades seguras), “es más consistente, eficiente y de menor costo en identificar y eliminar a criminales y otros extranjeros de prioridad”.

Bajo Secure Communities, las huellas digitales de todos los reos son chequeadas en una base federal de datos. Bajo 287g, solamente algunos reos son entrevistados. Además, Secure Communities se encuentra en más de 3,000 jurisdicciones.

Pero Jessica Vaughan, directora de estudios de póliza para el Centro de Estudios de Inmigración en Washington D.C., el cual favorece mayores restricciones en inmigración, dijo que 287g complementa a Secure Communities y no debe ser remplazado por este.

En el programa Secure Communities, solamente reos cuyas huellas digitales se encuentran en la base de datos de inmigración son identificados. Pero Vaughan dijo que cerca de la mitad de los reos no se encuentran en esa base de datos.

“Sin 287g, habría mucha gente que sería puesta en libertad, que pasaría por debajo del radar”, agregó.

Emilio Amaya, director ejecutivo para el Centro de Servicio Comunitario de San Bernardino, dijo que espera que la revisión del programa 287g lleve a su desmantelamiento.

Muchos inmigrantes indocumentados deportados bajo el programa cometen crímenes relativamente menores, y el gobierno debe de enfocar sus recursos en identificar a los peores criminales, comentó.

Además, Amaya dijo que el programa lleva al uso de perfiles raciales, ya que los latinos son elegidos específicamente para ser interrogados. ICE comentó que los alegatos del uso de perfiles raciales están siendo investigados, y los individuos o departamentos que recurran a la práctica perderán sus autoridades migratorias.