Washington.- El Caucus Hispano del Congreso (CHC) pidió al fiscal general, Jeff Sessions, una reunión para reclamar que el Departamento de Justicia no permita las “políticas antiinmigrantes” del Gobierno del presidente, Donald Trump.
En la carta de la presidenta del CHC, Michele Lujan Grisham, el comité de acción política del CHC trasladó su preocupación a Sessions por las directrices del Gobierno para que, por ejemplo, las “ciudades santuario”, las que no colaboran con las autoridades federales para deportar a los indocumentados, no reciban fondos del Departamento de Justicia ni del Departamento de Seguridad Nacional.
El Departamento de Justicia también ordenó una revisión de las condiciones para que las autoridades policiales locales rindan cuentas, guías sobre inmigración que “plantean inquietudes acerca de procedimientos apropiados por violaciones de derechos civiles”, y cambios “regresivos” en los esfuerzos para una reforma penal.
“El papel del Departamento de Justicia y del fiscal general no es el de conceder una licencia a las políticas antiinmigrantes de un Gobierno, sino trabajar para garantizar justicia e igualdad bajo la ley”, aseguró la carta de los legisladores hispanos.
“Ahora más que nunca -añadió- necesitamos un fiscal general que desafíe órdenes inconstitucionales y defienda y proteja los derechos civiles y los procedimientos básicos de debido proceso de todos los estadounidenses”.
Los congresistas hispanos consideraron que el Departamento de Justicia ha emitido políticas “preocupantes” que se alejan de una “sociedad más justa” y que perjudican “desproporcionadamente” a las comunidades que representan sus miembros.
“En un momento en que debemos fortalecer la relación entre las fuerzas de seguridad y las comunidades minoritarias, hemos visto algunas tendencias que infunden miedo y erosionan la confianza entre las autoridades locales y las comunidades que están encargadas de proteger”, mantuvieron los representantes de la Cámara Baja.
Por ello, llamaron a que las instituciones judiciales aseguren “el papel crítico” de respeto al principio de un Gobierno “justo e imparcial”.
