GUATEMALA.- La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos criticó el miércoles a Guatemala por el retraso del juicio al exdictador José Efraín Ríos Montt por delitos de genocidio, así como el aumento de la militarización en el país.
Alberto Brunori, represente del Alto Comisionado en el país, dijo que pese a los avances en algunos casos del conflicto armado interno de Guatemala (1960-1996), en el país aún continúa sin abrirse juicio a Ríos Montt.
“El Alto Comisionado reitera que la obligación de investigar, juzgar y sancionar graves violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad es una norma de carácter imperativo y que, por lo tanto, todo acto en su contra se considera nulo”, dijo Brunori, tras hacer público su informe de labores del 2014.
Ríos Montt fue condenado el 10 de mayo de 2013 a 80 años de prisión por la matanza de 1.771 indígenas ixiles, perpetrada por soldados bajo su mando. Sin embargo la sentencia fue anulada 10 días después por la Corte de Constitucionalidad aduciendo faltas de garantías en el juicio.
Los defensores del ex dictador han argumentado desde el inicio que está protegido por una amnistía declarada tras el fin del conflicto. Sin embargo, Brunori explicó que la Corte de Constitucionalidad determinó en una resolución que “no es aplicable la extinción de responsabilidad penal por prescripción ni por obediencia debida, y que los Estados no pueden invocar disposiciones de derecho interno que impidan el juzgamiento de graves violaciones a los derechos humanos”.
Tras la anulación del juicio a Ríos Montt, se programó un segundo juicio para el 5 de enero de este año, pero los defensores del general solicitaron la salida de una de las juezas que lo juzgaría por supuesta imparcialidad, lo que mantiene el caso detenido.
Ríos Montt llegó al poder a través de un golpe de estado el 23 de marzo de 1982 y se mantuvo hasta el 8 de agosto 1983, época que según un informe de la ONU sobre la verdad histórica, fue la más cruenta de la guerra, que dejó por lo menos 245.000 muertos y desaparecidos.
La Oficina también criticó el aumento del personal militar en la seguridad ciudadana en el país centroamericano y su inclusión en patrullajes conjuntos que realiza policía y ejército en todo el país. Brunori dijo que según cifras oficiales, 85,4% de las casi 6.000 muertes violentas del año pasado ocurrieron con armas de fuego, un aumento de 4,3% comparado con 2013.
