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HOUSTON.- El gobierno de Estados Unidos pidió el lunes pasado a un juez federal que aplace la orden temporal que suspendió una orden ejecutiva del presidente Barack Obama que protege de la deportación a millones de inmigrantes no autorizados.

La moción del Departamento de Justicia fue presentada ante el juez de distrito Andrew Hanen en Brownsville, Texas.

El gobierno también presentó a Hanen un informe de tres páginas donde le notifica que apelará su decisión ante el quinto circuito judicial de Estados Unidos, cuya sede está en Nueva Orleans.

Hanen emitió la semana pasada una suspensión temporal solicitada por los gobiernos de 26 estados, que entablaron una demanda contra el decreto de Obama que protege de la deportación a unos cinco millones de inmigrantes que viven sin autorización en Estados Unidos.

Los gobiernos estatales, liderados por el de Texas, han alegado que la medida de Obama es inconstitucional y obligaría a un aumento en el gasto de los estados en funciones policiales, servicios médicos y educación.

Si Hanen aplaza la entrada en vigor de su orden mientras se resuelve la apelación ante el quinto circuito, el gobierno de Estados Unidos podría proceder con sus políticas migratorias mientras la demanda sigue su curso en los tribunales.

Obama anunció la decisión ejecutiva en noviembre, alegando que la falta de acción del Congreso lo obligó a decretar cambios amplios en las normas de inmigración. Los republicanos, quienes dicen que Obama se ha excedido en su autoridad, han bloqueado fondos al Departamento de Seguridad Nacional a menos que los demócratas acepten cancelar la orden del presidente.

Abogados del Departamento de Justicia sostienen que es necesario aplazar la orden de Hanen para “asegurarse de que el Departamento de Seguridad Nacional es capaz de proteger la seguridad de nuestro país y la integridad de nuestra frontera de manera más efectiva”. La moción que tiene una extensión de 20 páginas sostiene que mantener la orden provocaría “daños a los intereses del público y de terceros interesados que sufrirán por la falta de aplicación de la ley y los beneficios humanitarios resultantes de la pronta puesta en operación”, de la acción ejecutiva del presidente.

Abogados del gobierno también señalaron que Hanen se excedió en sus facultades para emitir esa orden. La moción sólo debe aplicarse en Texas “para que podamos continuar con estas órdenes ejecutivas en otros estados”, dijo el lunes el vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest.

“Seguiremos oponiéndonos a los intentos del gobierno de Obama de poner en marcha esta amnistía ejecutiva que socava el estado de derecho, burla los principios de la democracia y desafía a la constitución de Estados Unidos”, dijo el procurador general de Texas, Ken Paxton, en una declaración en respuesta a la petición de suspensión de la Casa Blanca.

Ha habido ocasiones en que los jueces han aplazado el cumplimiento de sus propias órdenes. El año pasado, un juez federal de Texas falló que la prohibición al matrimonio entre personas del mismo sexo en ese estado es inconstitucional, pero aplazó el cumplimiento de su fallo para permitir que el estado apelara.

Sin embargo, expertos en asuntos jurídicos dicen que es poco probable que Hanen aplace su fallo porque escribió una orden judicial de 123 páginas que expresa que los estados “sufrirían daños irreparables en este caso” si la decisión de Obama en materia de inmigración procede mientras se debate la demanda.

“Sobre la base del texto (de Hanen) se desprende que si aplaza el cumplimiento del fallo, entonces esos daños comenzarían a acumularse y ese es el motivo del fallo”, dijo Pratheepan Gulasekaram, profesor de Derecho Constitucional y de Inmigración en la Facultad de Leyes de la Universidad de Santa Clara, en California.

La primera de las órdenes de Obama —ampliar el programa que protege de la deportación a inmigrantes jóvenes si llegaron a Estados Unidos cuando eran niños— debía entrar en vigor el 18 de febrero. La otra parte importante de la decisión ejecutiva, que amplía la protección de la deportación a los padres de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes, no debía entrar en vigor hasta el 19 de mayo.