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THE ASSOCIATED PRESS
Según datos de USCIS, más de 350.000 centroamericanos están amparados por el TPS. A finales de 2016 había 263.282 salvadoreños protegidos hasta el 9 de marzo de 2018; 86.163 hondureños y 5.349 nicaragüenses están registrados bajo el programa, que vence el 5 de enero del próximo año.

El TPS a Haití, termómetro de lo que pueda pasar a los centroamericanos

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Los Ángeles.- El Gobierno federal debe decidir la próxima semana el futuro de unos 50.000 haitianos amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS), fallo que, según los expertos, sentará las bases para determinar la suerte de cientos de miles de centroamericanos beneficiados por el programa.

"Dada la realidad, si el gobierno no renueva el TPS para los haitianos existe un gran riesgo de que se tome la misma decisión con la próxima renovación de salvadoreños y centroamericanos. El panorama se ve muy complicado", alertó a Efe Salvador Sanabria, director del grupo de ayuda a inmigrantes salvadoreños El Rescate.

El temor sobre la posibilidad que el Gobierno suspenda el alivio migratorio a los haitianos se acrecentó el mes pasado luego que se filtrara a los medios una carta en la que James McCament, director interino del Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), recomendaba no renovar el TPS que el expresidente Barack Obama creó en 2010 tras el devastador terremoto que asoló ese país.

McCament argumenta que las condiciones en Haití han mejorado lo suficiente como para poner fin a la "situación de protección temporal" para los haitianos amparados.

Por este motivo, un buen número de grupos de derechos de los inmigrantes, activistas latinos y congresistas han iniciado una campaña de presión para que se renueve el TPS al país caribeño.

A esta campaña se sumaron esta semana alcaldes de grandes ciudades como Boston, Chicago, Nueva York, que enviaron una carta al secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, quien tomará la decisión final, en la que pidieron la renovación del TPS a los haitianos.

"Si el Gobierno dice que Haití ya superó la crisis por la emergencia de hace 7 años, qué puede decir sobre El Salvador, que obtuvo la protección por los terremotos del 2001, y los hondureños y nicaragüenses, fueron beneficiados en 1998 por el Huracán Mitch. Bajo esos argumentos lo van a suspender", advirtió Sanabria.

Según datos de USCIS, más de 350.000 centroamericanos están amparados por el TPS. A finales de 2016 había 263.282 salvadoreños protegidos hasta el 9 de marzo de 2018; 86.163 hondureños y 5.349 nicaragüenses están registrados bajo el programa, que vence el 5 de enero del próximo año.

Para el experto y asesor legal José Lagos, quien estuvo en el equipo de negociaciones entre El Salvador y la administración del expresidente George W. Bush para lograr el TPS de 2001, el futuro de la protección depende de los factores particulares de las naciones favorecidas.

La decisión sobre el amparo se debería basar en las condiciones actuales de los países, y si tienen la capacidad de recibir a sus ciudadanos después de haber sufrido una catástrofe o si aún persisten las consecuencias que llevaron a que se otorgara el beneficio migratorio, explicó.

No obstante, defensores de los derechos de los inmigrantes desconfían del Gobierno.

"Con este gobierno no se puede estar seguro de nada, se ha mostrado amenazante con los estudiantes amparados con DACA, ahora es el turno de los del TPS y después de 16 años de estar seguros ahora los salvadoreños no saben qué va a pasar", indicó Teresa Tejada, directora de la Asociación de Salvadoreños de Los Ángeles (ASOSAL)

El abogado Mark Silverman, miembro del Centro de Recursos Legales para los Inmigrantes (ILRC), coincide con la preocupación de Tejada por las "contradictorias opiniones" dentro del Gobierno sobre este tema y apuntó a la presión para lograr una extensión del TPS.

"Este es un trabajo político y se debe presionar en los estados indecisos como Florida o Virginia. Los legisladores deben advertir al Ejecutivo sobre el error de dejar indocumentados a miles de inmigrantes", opinó.

A parte de perder la protección frente a una deportación y el permiso de trabajo, los miles de inmigrantes verían desvanecerse los aportes de retiro hechos al seguro social.

"Si una persona es deportada pierde sus beneficios inmediatamente y solo los podrá recuperar si obtiene la residencia permanente", explicó Lagos.

"En el caso de Centroamérica estamos hablando de más de 300.000 personas que han trabajado por más de 15 años y tienen sus familias y su vida aquí. Sería inhumano expulsarlos del país", consideró Tejada.

Lagos advierte que, de no extenderse el TPS para los centroamericanos, incluso menores favorecidos con el permiso humanitario recibido a través del programa CAM (Central American Minors) podrían verse afectados.

Actualmente ciudadanos de 13 países se benefician del TPS, incluyendo Siria y Yemen. Este año expira el beneficio para 6 de ellos y en 2018 vence el de los siete restantes. 


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