WASHINGTON Mientras los republicanos buscan una votación para declarar al secretario de justicia Eric Holder en desacato al Congreso, el presidente de un comité de la Cámara de Representantes cuestionó el fuero ejecutivo invocado por el presidente Barack Obama para mantener el secreto sobre algunos documentos relativos a una operación fallida sobre tráfico de armas.
La invocación de Obama abarca documentos del gobierno sobre el programa titulado “Operación Rápido y Furioso”, no solamente los preparados para el presidente. Pero el representante republicano Darrell Issa, presidente del Comité de Supervisión y Reforma del Gobierno, que recomendó el cargo de desacato, sostiene que el privilegio está reservado a los documentos que circulan entre el presidente y sus más altos asesores.
En una carta dirigida al presidente con fecha del lunes y difundida el martes, Issa cita la decisión de un tribunal de apelaciones para fundamentar su afirmación y se pregunta si Obama invocaba una prerrogativa presidencial “únicamente con el propósito de seguir obstruyendo una investigación del Congreso”.
El representante demócrata Steny Hoyer dijo que preveía que algunos legisladores de su partido adoptarían la posición de la Asociación Nacional de Portadores de Armas (NRA, por sus siglas en inglés) de votar a favor del desacato. La NRA ha dicho en una carta a todos los legisladores que la Casa Blanca quiere utilizar la operación para aplicar un plan de control de armamentos.
Hoyer se negó a dar una cifra de posibles desertores del campo demócrata.
El vocero de la Casa Blanca Eric Schultz dijo el martes que el análisis de Issa “tiene tanto mérito como su afirmación absurda de que la Operación Rápido y Furioso fue creada para promover el control de armamentos. Nuestra posición es consecuente con el precedente legal del poder ejecutivo de las tres últimas décadas que abarcan gobiernos de ambos partidos”.
Los tribunales han afirmado habitualmente “el derecho del poder ejecutivo a invocar el privilegio aunque no estén involucrados los documentos de la Casa Blanca”, afirmó Shultz.
Algunos expertos coinciden con la opinión del presidente de que todos los documentos del poder ejecutivo están protegidos. El profesor de derecho Peter Shane, de la Universidad Estatal de Ohio, especialista en prerrogativas del ejecutivo, dice que el fuero ejecutivo históricamente abarca los documentos generados en cualquier ámbito del poder ejecutivo.
Detrás del argumento legal se oculta una disputa política. Los líderes republicanos en la cámara baja presionan en busca de un voto por desacato contra Holder para el viernes, a menos que puedan convenir un acuerdo.
El ofrecimiento de Holder de la semana pasada de entregar algunos documentos —el Departamento de Justicia ha entregado hasta ahora 7,600— fue rechazado por Issa porque sostuvo que el secretario de Justicia demandaba que el comité pusiera fin a su investigación.
Paradójicamente, los documentos básicos en juego ahora no están directamente relacionados con los detalles de la Operación Rápido y Furioso, que permitió que las armas pasaran de Arizona a México en la esperanza de poder rastrearlas.
En cambio, Issa desea las comunicaciones internas entre febrero de 2011, cuando el gobierno desmintió tener conocimiento de la salida de las armas, hasta fines de año, cuando las autoridades admitieron que esa primera negativa estaba equivocada. Esos documentos abarcan un período posterior al cierre de la operación.
En la operación, agentes de la Oficina Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos en Arizona abandonaron la práctica habitual de la agencia de interceptar todas las armas que suponían hubiesen sido compradas ilícitamente. En cambio, las dejaron ir para tratar de rastrearlas hasta los traficantes de armas de alto nivel para desmantelar sus redes.
