Es realmente indignante que la frontera común entre México y Estados Unidos siga siendo escenario de muertes sin que se tenga ningún castigo y, mucho menos, responsabilidad por parte de las autoridades que tienen como tarea vigilar la frontera común.
De acuerdo con cifras de la Coalición de Derechos Humanos, en el año fiscal 2012 que finalizó el pasado 30 de octubre fallecieron 179 inmigrantes indocumentados, en su intento por cruzar la frontera de Arizona. En el ejercicio 2011, esa cifra fue de 192 y en el de 2010, de 250.
Las cifras oficiales del año fiscal 2012 aún no han sido dadas a conocer por la Patrulla Fronteriza. Las más recientes apuntan que en el sector de Tucson, que cubre el 90 por ciento de la frontera de Arizona, se registraron 150 fallecimientos entre el primero de octubre de 2011 y el 31 de agosto de 2012.
La violencia en la frontera con México y la muerte de inmigrantes indocumentados a manos de agentes de la Patrulla Fronteriza, ha marcado una vez más la dinámica de la frontera común en este año que termina. Una de esas muertes ocurrió el pasado diez de octubre, cuando José Antonio Elena Rodríguez, de dieciséis años de edad y quien se encontraba en el lado mexicano, murió después de que un agente fronterizo le disparara.
Estoy cierto que la frontera entre ambos países representa un terreno sumamente peligroso; todos los días es utilizado por “polleros”, trata de blancas y por narcotraficantes que aprovechan la amplia geografía desértica y la necesidad de la gente para tratar de llevar a cabo sus fechorías, sin embargo muchas de las muertes están marcadas por actitudes irresponsables de los miembros de la Policía que debe cuidar dicha frontera.
Desafortunadamente las investigaciones que se llevan a cabo son lentas, demoran hasta años y en la gran mayoría de los casos, quedan impunes. El gobierno de México a veces sólo se conforma con enviar cartas diplomáticas donde deploran dichas actitudes, sin que realmente se dé una solución al problema.
En opinión de diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos, las autoridades fronterizas en todos los casos donde se ven envueltas sólo se conforman con dar a conocer que el “caso está en investigación”, sin que se dé ningún tipo de información, ni siquiera el nombre del oficial o si aún continúa trabajando en la frontera; cuando mucho los agentes fronterizos implicados solamente son enviados a un sector diferente para que continúen allí con su trabajo.
Mike Wilson, representante de Border Action Network en Arizona, ha denunciado que no existe ninguna consecuencia para los agentes de la Patrulla Fronteriza que acaban con la vida de otra persona. “Nadie se hace responsable de estas muertes, ninguna agencia del Gobierno de los Estados Unidos”, lamentó Wilson.
Por ello, se pide una acción más decidida por parte de las autoridades mexicanas, en lo particular de la Cancillería, a fin de presionar de manera más profunda a las autoridades norteamericanas para tratar de resolver estos casos, castigar a los responsables, pero sobre todo, tratar de impedir que esta situación se siga presentando.
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Agustín E. Pradillo ha sido consejero de prensa en embajadas y consulados de México, periodista y especialista en temas hispanos.
