El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, dio nuevos pasos para sancionar a ciudades, como San Bernardino, que considera que no están colaborando con sus agentes federales de inmigración como deberían.
La amenaza es el intento reciente de Sessions para obligar a las entidades locales a que ayuden a los agentes federales a detener y deportar a personas indocumentadas, parte de una iniciativa para reducir actividades delictivas que piensa que están vinculados con la inmigración ilegal.
Enviaron cartas a cuatro ciudades —Albuquerque (Nuevo México), Baltimore (Maryland), San Bernardino y Stockton en California.
En esta les advierten que no podrán beneficiarse de un programa que proporciona dinero para combatir la delincuencia de pandillas y el narcotráfico llamado National Public Safety Partnership (Alianza Nacional por la Seguridad Pública) a menos que le den acceso a los agentes federales de inmigración (la migra o ICE) a sus cárceles y que avisen con antelación cuando alguien detenido por infracciones migratorias esté por ser librado.
Las cuatro ciudades han expresado un interés en el programa nacional de seguridad, que incluiría a agentes federales, analistas y herramientas para poder ayudar a las comunidades a combatir el narcotráfico y la delincuencia callejera.
Ciudades como San Bernardino han sido elegidas ya que cuentan con tasas de violencia más elevadas que el promedio y están dispuestas a recibir la ayuda del gobierno federal.
Contra la pared
Las cuatro ciudades elegidas tendrán que mostrar que no son “santuarios”, es decir, que permiten comunicación plena entre los policías locales y federales, que dejan a los agentes entrar en las cárceles y que avisan a los agentes cuando tienen alguien detenido que sea indocumentado esté a punto de salir de la cárcel.
Los jefes de los departamentos de policía de las cuatro ciudades deberán presentar pruebas de que están colaborando con agentes de inmigración a más tardar el 15 de agosto.
El jefe de policía de San Bernardino, Jarrod Burguan, ha dicho que la ciudad de “San Bernardino no es una ciudad santuario” y que no le correspondía a su departamento, sino al del Sheriff del Condado de San Bernardino, ya que no estaban a cargo de las cárceles.
Burguan afirmó que respondería al Departamento de Justicia para la fecha límite y que diría que ayudaría a los agentes de inmigración si ellos se lo pidieran.
No obstante, un portavoz del Sheriff dijo al diario The San Bernardino Sun que no iba a poder cumplir con la petición del Departamento de Justicia dado que sería un quebrantamiento de los derechos constitucionales.
Por otro lado, algunos líderes comunitarios, religiosos y funcionarios de la región se han sentido indignados porque no creen que sea justo que se amenacen a ciudades como la suya ya que, de por sí, están vulnerables por la pobreza y la violencia que les aqueja.
“Nuestros recursos deberían de ser destinados a nuestros comunidades”, dijo la asambleísta demócrata Eloise Gómez Reyes “No es justo que el secretario Jeff Sessions nos esté manteniendo de rehenes”, añadió.