Skip to content
El párroco Manuel Cardoza, de la iglesia Nuestra Señora de la Esperanza, se dirige al público durante una conferencia de prensa impulsada por la organización comunitaria Inland Congregations United for Change afuera de la Alcaldía de San Bernardino.
El párroco Manuel Cardoza, de la iglesia Nuestra Señora de la Esperanza, se dirige al público durante una conferencia de prensa impulsada por la organización comunitaria Inland Congregations United for Change afuera de la Alcaldía de San Bernardino.
Author
PUBLISHED: | UPDATED:

El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, dio nuevos pasos para sancionar a ciudades, como San Bernardino, que considera que no están colaborando con sus agentes federales de inmigración como deberían.

La amenaza es el intento reciente de Sessions para obligar a las entidades locales a que ayuden a los agentes federales a detener y deportar a personas indocumentadas, parte de una iniciativa para reducir actividades delictivas que piensa que están vinculados con la inmigración ilegal.

Enviaron cartas a cuatro ciudades —Albuquerque (Nuevo México), Baltimore (Maryland), San Bernardino y Stockton en California.

En esta les advierten que no podrán beneficiarse de un programa que proporciona dinero para combatir la delincuencia de pandillas y el narcotráfico llamado National Public Safety Partnership (Alianza Nacional por la Seguridad Pública) a menos que le den acceso a los agentes federales de inmigración (la migra o ICE) a sus cárceles y que avisen con antelación cuando alguien detenido por infracciones migratorias esté por ser librado.

Las cuatro ciudades han expresado un interés en el programa nacional de seguridad, que incluiría a agentes federales, analistas y herramientas para poder ayudar a las comunidades a combatir el narcotráfico y la delincuencia callejera.

Ciudades como San Bernardino han sido elegidas ya que cuentan con tasas de violencia más elevadas que el promedio y están dispuestas a recibir la ayuda del gobierno federal.

Contra la pared

Las cuatro ciudades elegidas tendrán que mostrar que no son “santuarios”, es decir, que permiten comunicación plena entre los policías locales y federales, que dejan a los agentes entrar en las cárceles y que avisan a los agentes cuando tienen alguien detenido que sea indocumentado esté a punto de salir de la cárcel.

Los jefes de los departamentos de policía de las cuatro ciudades deberán presentar pruebas de que están colaborando con agentes de inmigración a más tardar el 15 de agosto.

El jefe de policía de San Bernardino, Jarrod Burguan, ha dicho que la ciudad de “San Bernardino no es una ciudad santuario” y que no le correspondía a su departamento, sino al del Sheriff del Condado de San Bernardino, ya que no estaban a cargo de las cárceles.

Burguan afirmó que respondería al Departamento de Justicia para la fecha límite y que diría que ayudaría a los agentes de inmigración si ellos se lo pidieran.

No obstante, un portavoz del Sheriff dijo al diario The San Bernardino Sun que no iba a poder cumplir con la petición del Departamento de Justicia dado que sería un quebrantamiento de los derechos constitucionales.

Por otro lado, algunos líderes comunitarios, religiosos y funcionarios de la región se han sentido indignados porque no creen que sea justo que se amenacen a ciudades como la suya ya que, de por sí, están vulnerables por la pobreza y la violencia que les aqueja.

“Nuestros recursos deberían de ser destinados a nuestros comunidades”, dijo la asambleísta demócrata Eloise Gómez Reyes “No es justo que el secretario Jeff Sessions nos esté manteniendo de rehenes”, añadió.