IGUALA, México – El día que 43 estudiantes desaparecieron en este poblado del sur de México, la esposa del alcalde iba a dar un discurso público sobre los logros de un organismo del gobierno local a dignatarios del lugar.
Que la esposa del mandatario local esté a cargo de una entidad del gobierno puede ser normal. Pero en Iguala, civiles con aspecto de tipos rudos custodiaban a María de los Ángeles Pineda Villa cuando ofrecía sus palabras, quien tiene familiares con presuntos vínculos con el narcotráfico en una ciudad donde funcionarios estatales y federales acusan a la policía de estar infiltrada por bandas de narcotraficantes que patrullan sus calles.
En este ambiente explosivo, estudiantes de la Normal en Ayotzinapa, una escuela de formación de maestros ubicada en una zona rural a 120 kilómetros, arribaron al lugar a recaudar dinero en autobuses que se habían tomado sin autorización. Eran conocidos por bloquear carreteras y, en algunos casos, por provocar algunos disturbios.
En el pasado, los estudiantes se habían negado a pagar las extorsiones que exige el grupo narcotraficante conocido como Guerreros Unidos.
Pero al menos 43 estudiantes nunca volvieron a casa después de que se desató la confrontación del pasado 26 de septiembre que, además, dejó a seis personas muertas y más de 25 heridas. Funcionarios públicos están haciendo pruebas de ADN para determinar si los 28 cuerpos hallados en fosas comunes, recién excavadas cerca de una barriada pobre a las afueras de Iguala, corresponden a algunos de los estudiantes desaparecidos.
La posible masacre de los estudiantes, la mayoría jóvenes que no pasan de los 19 años, ha llamado la atención de un país que por años se ha acostumbrado a la corrupción policial y sobre la infiltración del narcotráfico en la policía de Iguala.
Los hechos han llevado al presidente Enrique Peña Nieto y a su gabinete de seguridad a ordenar la atención de un caso que mancha de manera importante la imagen de estabilidad y mejora en los niveles de violencia que el gobierno federal ha promovido en los dos años que lleva en el poder.
La cónsul del Consulado de México en San Bernardino, Carolina Zaragoza Flores, ofreció algunos comentarios sobre la situación en Iguala.
“El gobierno de la república está manteniendo una relación muy estrecha y colaborando de manera institucional con las instancias de seguridad y procuraduría de justicia del estado de Guerrero y está participando en el proceso para esclarecer los hechos para que se encuentre a los responsables y para que se aplique de manera muy estricta la ley”, dijo la cónsul.
Además, notó que, “Queremos que los responsables sean castigados con todo el rigor de la ley. Ya de hecho el gobierno envió al personal del ejército, envió al personal de la policía federal, y a la gendarmería. La gendarmería está en el municipio de Iguala, está tomando el control de toda la zona y está asumiendo sus áreas de seguridad pública”.
Alcalde es fugitivo
Ahora, el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, es fugitivo, se desconoce el paradero de su esposa y los funcionarios del estado han detenido a 22 agentes de policía de la ciudad.
La esposa, María de los Ángeles Pineda, es parte de una familia que ha tenido estrechos vínculos con el cartel de Los Beltrán Leyva, de acuerdo con Alejandro Encinas, senador del izquierdista Partido de la Revolución Democrática, al que también pertenece Abarca.
El difunto hermano de la esposa del alcalde, Alberto Pineda, era considerado uno de los principales lugartenientes del cartel y fue arrestado junto con sus padres en 2009 por sus presuntos vínculos con el grupo criminal.
“Se sabía de sus presuntos nexos con la delincuencia organizada”, dijo el senador Alejandro Encinas, del izquierdista Partido de la Revolución Democrática, PRD, el mismo de Abarca y su esposa. “Y no hacían nada, ni el gobierno federal, ni el gobierno estatal, ni la dirección del partido”.
El procurador de Guerrero, Iñaky Blanco, ha dicho que los sospechosos declararon que al menos 30 policías eran miembros de los Guerreros Unidos.
El discurso de Pineda estaba programado para cuando los estudiantes estaban terminando su campaña de recaudación de dinero y se reunían para volver a casa. Entonces, según funcionarios estatales, la policía se lanzó al ataque. Dispararon a los buses, que habían sido tomados por los estudiantes para viajar sin autorización.
Varias personas inocentes que estaban en una camioneta y en un taxi fueron alcanzados por las balas. Al menos seis personas murieron y 25 más resultaron heridas.
“Ya vimos la detención de 22 personas pero en estas últimas horas fueron arrestadas cuatro personas más que están actualmente siendo investigadas”, comentó la cónsul Zaragoza Flores. “También los 117 policías del municipio de Iguala ya están siendo sometidos a exámenes de confianza que es parte de la estrategia de seguridad nacional, que es una estrategia integral que tiene como objetivo establecer el estado de derecho y reducir la violencia.”
La cónsul añadió, “Bajo esta perspectiva también las armas de la policía ya las incautaron, ya están siendo cometidas a pruebas de balística para que se compruebe si se trata de aras reglamentarias. Y de igual manera toda la seguridad nacional reforzó con más peritos forenses, incluso llegaron peritos argentinos para colaborar con la indagatoria”.
El procurador Blanco dijo que los policías presos niegan haber matado a alguien pero la parte trasera de sus camionetas tienen manchas de sangre. Un policía admitió que entregó al menos a diez estudiantes que había arrestado a desconocidos.
Un vídeo de una cámara de seguridad muestra a varios hombres, que no estaban uniformados, cuando obligaban a varias personas a subir a la parte trasera de una camioneta.
Cuando inició el tiroteo, los estudiantes se echaron a correr.
Uno de ellos, Julio César Mondragón, ignoró los ruegos de un compañero a refugiarse en casa de un residente local y siguió corriendo, dijo Vidufo Rosales, abogado de las familias de los estudiantes que faltan.
Más tarde fue encontrado muerto a un costado de la carretera. Su cráneo había sido cuidadosamente despellejado.
Blanco dijo que la procuraduría detuvo a un presunto miembro de Guerreros Unidos, quien confesó haberse llevado a 17 de los estudiantes a una colina a las afueras de la ciudad “donde tenían fosas clandestinas” y los mataron por orden de uno de los jefes del grupo.
Periodistas visitaron las fosas comunes ubicadas en una arbolada colina, a 1,6 kilómetros (una milla) en un camino estrecho y fangoso de la casa más cercana, lo que indica que las víctimas hicieron esta caminata antes de morir. Para los asesinos habría sido casi imposible arrastrar los cadáveres por este camino empinado.
Los estudiantes tal vez esperaran una golpiza pero, probablemente, nunca creyeron que iban a ser ejecutados, dijo un profesor de la Normal en Ayotzinapa cuya identidad permanece en el anonimato por temor a represalias.
“Hemos vivido con amenazas desde hace décadas, pero nunca habían llegado a esto”, dijo el profesor.
Lo que está claro es que Guerreros Unidos es un grupo que está presente y desafiante en Iguala.
El lunes, cuando los agentes de una nueva unidad especial de la policía federal se ubicaron en el Ayuntamiento, los narcos colgaron pancartas que amenazaban con represalia si los 22 policías detenidos no eran puestos en libertad.
“Les damos 24 horas para que los suelten si no… empezaremos a poner nombres de la gente que nos apoyaba del gobierno”, se leía.
El reportero de UNIDOS, Alejandro Cano, contribuyó a este reportaje.
