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AGENCIA EFE
El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kelly (i), conversa con el presidente haitiano Jovenel Moise (d), en el Palacio Nacional, en Puerto Príncipe (Haití). Los Gobiernos de Haití y EE.UU. están trabajando para lograr una extensión por 18 meses del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) a los más de 58.000 haitianos residentes en el país norteamericano tras el terremoto de 2010.

Organizaciones crean alianza para salvar TPS de haitianos y centroamericanos

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Los Ángeles.- Los reiterados señalamientos de la administración Trump sobre la provisionalidad del Estatus de Protección Temporal (TPS) y la posibilidad de que termine han llevado a decenas de organizaciones en todo el país a unirse para "salvar" el amparo de más de 400.000 centroamericanos y haitianos.

La Alianza Nacional TPS, liderada por el Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN) y la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), entre otras organizaciones, emprenderá una serie de actividades para demostrar que los amparados por TPS merecen encontrar un camino a la residencia permanente y no a la deportación.

"No hay ningún otro segmento de inmigrantes que se merezca más quedarse en el país (EE.UU.) que los amparados por el TPS", aseguró a Efe Pablo Alvarado, director de NDLON.

La preocupación de los activistas y de los mismos beneficiados, que suman más de 350.000 entre la comunidad latina, aumentó la semana pasada después que el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, dijera que "por definición, el TPS es temporal".

El comentario fue hecho tras la visita de Kelly a Haití, país que tiene casi 58.000 inmigrantes amparados con el TPS en los Estadis Unidos.

El secretario dijo que los ciudadanos haitianos que gozan de este beneficio hasta enero del 2017 "deberían empezar a pensar en lo que ocurrirá en un futuro no muy lejano".

"No podemos dejar el futuro que hemos construido aquí por años por los caprichos del presidente o de sus aliados, vamos a pelear hasta el final", advirtió Evelyn Hernández, quién está al frente de la campaña del TPS de Carecen.

Según datos de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) a finales del 2016 había 263.282 salvadoreños amparados con el TPS hasta el 9 de marzo del 2018; 86.163 hondureños y 5.349 nicaragüenses están registrados bajo el programa que vence el 5 de enero del próximo año.

Alvarado explica que por años los amparados por el TPS se sacrificaron, al no iniciar un movimiento en solitario, para no perjudicar los esfuerzos de una reforma migratoria que protegiera a todos.

Pero ante los fracasos en el congreso las organizaciones que defienden a los amparados del TPS se habían propuesto el año pasado pedir un camino a la residencia permanente para los beneficiados.

No obstante, los resultados de las elecciones de noviembre de 2016 les hicieron cambiar la estrategia e incluso apresurarla.

"Antes de pedir la residencia debemos salvar la renovación", explica Alvarado.

La primera gran actividad de esta alianza se llevará a cabo del 22 al 24 de junio en Washington D.C., donde se congregarán delegaciones de todo el país para desarrollar una agenda de defensa del TPS.

Activistas y beneficiados del TPS de Los Ángeles, el Norte de California, Phoenix, Dallas, Nueva York, Nueva Jersey, Houston, Boston, y estados como Massachusetts y Nebraska se unirán a líderes comunitarios en Washington para buscar aliados en el Congreso y el ejecutivo y preparar la batalla legal, si es necesario.

Hernández será una de las decenas de personas que viajarán desde Los Ángeles. La salvadoreña está beneficiada desde hace 16 años con el TPS, tiene tres hijos nacidos en Estados Unidos y asegura que no regresara a El Salvador antes de dar la pelea por el estatuto.

Uno de los hijos de Hernández, Henry López, de 18 años, decidió viajar con ella a la capital federal para defender el derecho de tener una familia, lo que como ciudadano estadounidense tiene.

"El gobierno de Trump debe entender que no es de hacer la maleta y marcharnos, ¿Qué vamos a hacer con los hijos, con nuestras casas, con nuestra vida?", se pregunta Hernández.

El amparo migratorio para los inmigrantes de El Salvador se otorgó a consecuencia de los terremotos que asolaron ese país en 2001 y el de los hondureños y los nicaragüenses fue a raíz del huracán Mitch en 1998.

Cada 18 meses el FBI (Policía de investigaciones) revisa los antecedentes de estos inmigrantes para que el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) les otorgue el permiso de trabajo.

"Necesitamos que cada uno de los beneficiados por el TPS demuestre a nivel local y nacional que su aporte es muy importante. Si no podemos salvar a los del TPS, cómo lo vamos a hacer con otros inmigrantes", se preguntó Alvarado. 


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