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    El congresista Pete Aguilar dijo que esta decision no es final y que la comunidad no debe perder la esperanza, DACA y DAPA seran implementadas, concluyo.

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El plan del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, para salvar de la deportación a más de cuatro millones de inmigrantes que viven ilegalmente en el país está en suspenso después de que un juez bloqueó temporalmente la medida.

Estaba previsto que un programa para ayudar a inmigrantes que llegaron al país en su infancia entrase en vigor el miércoles, 18 de febrero, pero el secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, dijo que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos no aceptaría solicitudes. Y los preparativos para un segundo programa que buscaba proteger a padres de ciudadanos estadounidenses y residentes legales permanentes ha sido suspendido hasta nuevo aviso.

El bloqueo – hasta el momento – solamente afecta a la extensión de DACA y DAPA.

“La orden de la Corte no afecta al DACA que ya existe. Individuos pueden continuar solicitando DACA o la renovación de DACA, de acuerdo a las directrices establecidas en el 2012”, dijo Johnson.

El juez federal Andrew Hanen escribió en un largo memorando que acompaña su fallo que sin un interdicto “sería imposible devolver el genio a la lámpara”.

Veintiséis estados denunciaron al gobierno de Obama el año pasado para bloquear los programas. La fecha del juicio no ha sido fijada todavía.

Por su parte, Obama dijo el martes, 17 de febrero, que discrepaba con la decisión judicial.

“La ley está de nuestro lado, y la historia está de nuestro lado”, dijo. “Esta no es la primera vez que un juez de una corte meno bloquea algo o intenta bloquear algo que al final va a ser legal, y estoy seguro de que esto está dentro de mi autoridad”.

La Casa Blanca defendió su política en un comunicado diciendo que las órdenes ejecutivas presentadas en noviembre estaban dentro de la autoridad legal del presidente y que la Corte Suprema y el Congreso han dicho que los funcionarios federales pueden establecer prioridades para el cumplimiento de leyes migratorias.

“La decisión del tribunal de distrito evita erróneamente que entren en vigor esas políticas legales y de sentido común y el Departamento de Justicia ha indicado que apelará esa decisión”, dijo el comunicado. El recurso será atendido por el Tribunal de Apelaciones del 5to Circuito de Estados Unidos en Nueva Orleans.

El gobierno prometió que apelará. Pero para decenas de miles de inmigrantes – que a partir del miércoles esperaban solicitar permisos de trabajo y órdenes para suspender las deportaciones – esos planes tuvieron que ser cancelados, al menos temporalmente.

Reacción del Inland

Como muchos inmigrantes en todo el país, María Ester Serrano-Gueta, residente de Rancho Cucamonga, se preparaba para solicitar el alivio migratorio bajo el programa de acción diferida para padres conocido también como DAPA, por sus siglas en inglés.

Serrano-Gueta, de 49 años de edad, había reunido los documentos necesarios y había ahorrado el dinero para solicitar el beneficio en cuanto estuviera disponible.

“Me siento frustrada, siento que sólo juegan con nosotros sin importarles lo que realmente sentimos. No somos criminales, somos trabajadores que sólo queremos una oportunidad. Ojalá y Dios quiera que esto se resuelva pronto para que por fin podamos vivir con dignidad”, comentó Serrano-Gueta.

Marta Servín, de 43 años de edad, es otra madre de familia que ya tenía todo listo para solicitar DAPA. Resignada pero con la esperanza de que una corte de mayor envergadura revoque la decisión en contra, Servín dijo es hora de responder y no quedarse callados.

“La espera continúa, pero mientras esperamos hay que demostrarle a esas personas racistas el poder que tenemos como comunidad”, indicó Servín.

Ambas mujeres así como dos docenas de activistas y miembros de la comunidad, se reunieron el martes, 17 de febrero en las escalinatas del ayuntamiento de la ciudad de San Bernardino para alzar su voz y demostrar su descontento con la decisión del juez federal.

Armadas con carteles que leían “Nuestras familias necesitan DACA y DAPA”, y “Sí Se Puede con DACA”, entre otros, los manifestantes dijeron estar preparados para continuar luchando hasta que los derechos del inmigrante sean finalmente respetados.

“Esta decisión es sólo un tropiezo en el camino, ya hemos tenido muchos de estos y siempre hemos salido avante, en esta ocasión no es diferente, al final venceremos”, comentó el congresista Pete Aguilar. “Por ahora la comunidad debe continuar reuniendo sus documentos de identidad para estar listos para solicitar los alivios en cuanto la decisión haya sido revocada. Esto no es el final”.

Los condados de Riverside y San Bernardino tienene un estimado 108,000 inmigrantes elegibles para la acción ejecutiva del presidente – ocupando el cuarta lugar más alto en la nación en el número de personas que se beneficiarían – según el Instituto de Política Migratoria, un laboratorio ideológico independiente sin fines de lucro en Washington, DC.

Lyzzeth Mendoza, organizadora comunitaria con Congregaciones del Inland Unidas Para el Cambio, dijo que el fallo no detendría a su grupo para continuar con planes para foros en las próximas semanas para la educación de los inmigrantes en la vía administrativa, y respecto de los documentos que necesitan para probar la elegibilidad.

Ella se preocupa que los inmigrantes malinterpreten la decisión como una sentencia de muerte para el plan de Obama.

“Es importante que la gente no se asuste, que no se alarme”, dijo ella.

Reacción en el Condado de Orange

El Condado de Orange tiene un estimado de 109,000 inmigrantes elegibles para la acción ejecutiva del presidente – ocupando el tercer lugar más alto en la nación en el número de personas que se beneficiarían – según el Instituto de Política Migratoria.

“Estamos furiosos, y queremos que el juez [Andrew S. Hanen] sepa que perseveraremos y a la gente que no se desanime porque esta suspensión [de DACA y DAPA] es temporal”, dijo Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición Pro-Derechos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA). “Al final vamos a vencer”.

“El fallo en Texas es simplemente una maquinación política para socavar las acciones expansivas del presidente que incrementarán la seguridad fronteriza, darán prioridad a los recursos para la aplicación de las leyes migratorias y garantizarán la rendición de cuentas en nuestro sistema de inmigración”, dijo la congresista demócrata Loretta Sánchez (Distrito 46) de Santa Ana.

Ella notó que existe un precedente claro de que las políticas del presidente están dentro de sus facultades legales.

“Las familias que buscan y merecen ayuda bajo estas nuevas políticas no deben sentirse disuadidas por esta táctica de miedo”, dijo la congresista.

Pero muchos de los indocumentados siguen siendo inciertas de cuánto tiempo y cuál va a ser resultado de la apelación de la administración Obama. Pero siguen siendo optimistas y preparados cualquiera sea el resultado.

“De cualquier forma, yo me voy a preparar y buscar más documentos que acrediten que he vivido en Santa Ana por más de 20 años”, dijo Mary Anguiano, quien solicitaría la protección de DAPA. “Mi esposo (Fernando Orozco) ya tiene la residencia permanente, así que espero que cualquier trámite sea más fácil”.

Erika Álvarez, quien vivió en Santa Ana y ahora desea ir a North East Community College de Santa Clarita para estudiar como Técnico de Emergencias Médicas dijo que, “Ya estaba lista para aplicar al DACA. Sólo es cuestión de tiempo; no vamos a abandonar nuestros sueños de una educación superior”, manifestó.

La decisión del juez no afecta a las personas que ya tienen alivio migratorio bajo DACA.

Coalición de estados

La coalición de los estados, liderada por Texas y formada en su mayoría por los estados conservadores del sur y del medio oeste, alega que Obama violó la “Take Care Clause” de la Constitución de Estados Unidos que, sostienen, limita el ámbito de acción de los poderes presidenciales. También dicen que la iniciativa de la Casa Blanca obligará a aumentar la inversión en seguridad, atención sanitaria y educación.

En su petición al juez, la coalición dijo que era necesario paralizar la norma porque sería “difícil o imposible deshacer las ilegalidades del presidente después de que los acusados empiecen a ver aceptadas sus solicitudes de aplazamiento de acciones”.

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, calificó la decisión de “victoria para el Estado de Derecho en América” en un comunicado el lunes por la noche. El gobernador de Texas, Greg Abbott, quien como antecesor de Paxton promovió la demanda, dijo que el fallo de Hansen “frena adecuadamente la extralimitación del presidente”.

Los republicanos en el Congreso han prometido que bloquearán las acciones de Obama en este campo recortando el gasto del Departamento de Seguridad Nacional para el programa.

A principios de este año, la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, aprobó un presupuesto de 39.700 millones de dólares para financiar el departamento hasta el final del año fiscal, pero incluyó lenguaje para deshacer las acciones ejecutivas de Obama. El destino de la norma aprobada por la cámara baja no está claro, ya que los republicanos del Senado están a seis votos de tener la mayoría de 60 necesaria para aprobar la mayoría de las normas.

Entre los partidarios de la iniciativa de Obama hay un grupo de 12 estados, en su mayoría liberales, que incluye a Washington y California, así como el distrito de Columbia. Presentaron una moción ante Hanen para apoyar a Obama, argumentando que sus directivas beneficiarán sustancialmente a los estados y al interés público.

Un grupo de policías, incluyendo la asociación que reúne a los responsables de las principales ciudades y más de 20 jefes de policía local y de condado de todo el país, presentaron también un documento de apoyo al presidente, apuntando que la nueva norma mejoraría la seguridad pública al animar la cooperación entre policía e individuos preocupados por su estatus migratorio.

En un comunicado, el Gobernador Jerry Brown Jr. emitió una declaración, “California se mantenga firme a la Casa Blanca. Un nuevo retraso no arreglará nuestro sistema roto de inmigración”.

El gobiernoMéxico. a través de la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), lamentó la decisión del juez ya que ambos alivios migratorios beneficiarían a millones de connacionales.

“La SRE hace un llamado a la comunidad mexicana a mantenerse informada sobre el desarrollo del proceso de revisión de esta decisión judicial por medio de fuentes oficiales así como de los 50 consulados”, indicó el Gobierno de México.

Los reporteros Alejandro Cano y Jorge Luis Macías contribuyeron a este reportaje.