Los Ángeles.- El presidente Donald Trump ha logrado desde que llegó al poder hace seis meses establecer una política migratoria que impone temor entre millones de indocumentados, que son ahora objetivo de las deportaciones masivas y aceleradas que propugna el magnate.
Tardó cinco días Trump desde su llegada a la Casa Blanca para firmar una orden ejecutiva en la que se daban los primeros pasos para levantar su prometido muro fronterizo con México, se pedía que se “acelerase la deportación” y asignasen “recursos apropiados” para procesar a los indocumentados.
Ante el previsible incremento de detenidos por violar las leyes migratorias, Trump ordenó además la construcción de nuevos centros de detención para inmigrantes.
Y esas previsiones se cumplieron. En junio pasado, 13.914 personas fueron detenidos por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), una tendencia al alza que no se ha detenido desde que el republicano asumió la presidencia.
El consenso entre activistas y la misma comunidad es que el Gobierno está cumpliendo con las amenazas de la campaña presidencial y que afecta a todos los inmigrantes.
“Con sus comentarios xenofóbicos y sus medidas antiinmigrantes, la Administración Trump le ha declarado la guerra a todas las familias inmigrantes, no solamente a los sin papeles”, dijo a Efe Jorge Mario Cabrera, vocero de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA).
En un memorando de febrero pasado, Matthew Albence, jefe de la Oficina de Detención y Deportación (ERO), dependencia del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), ordenó a sus agentes que actúen contra todos los indocumentados con los que se crucen, tengan o no antecedentes criminales.
El domingo pasado el periódico Washington Post filtró otro documento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que ampliaría el poder de los agentes para realizar las llamadas “deportaciones expeditas”.
El afán para endurecer las políticas que den resultados salta a la vista, pero, según activistas como George Escobar, director de Servicios Humanos de la Organización CASA, la falta de reglamentación deja a discreción de los agentes su aplicación, lo que aumenta el riesgo de violaciones a los derechos civiles de los inmigrantes.
Cristina Jiménez, directora ejecutiva y cofundadora de United We Dream, asegura que en estos seis meses las familias han sido acosadas, aterrorizadas y apresadas injustamente, incluidas aquellas con miembros protegidos por el programa Acción Diferida (DACA).
Los jóvenes indocumentados amparados bajo DACA parecen ser de los últimos en sumarse a la lista de afectados, después de que 10 fiscales generales hayan amenazado al Gobierno federal con una demanda judicial si no suspenden la orden ejecutiva que los protege de la deportación desde 2012.
Trump, que en su día dijo que encararía con “corazón” la situación de estos jóvenes, se ha abstenido en los últimos días de reafirmar su apoyo a esta medida, después de que en junio pasado, antes de la amenaza de los 10 fiscales generales, el DHS emitiese un memorando en el que aseguraba que DACA “seguirá en efecto”.
Además, la Casa Blanca sugirió este miércoles que Trump no apoyará un proyecto de ley bipartidista que presentan dos senadores y que establecería una vía hacia la ciudadanía para “soñadores”.
La alerta también llegó a los cientos de miles de amparados con el Estatus de Protección Temporal (TPS), después de que en los últimos meses hayan recibido el mensaje reiterado de que este beneficio es transitorio, mientras que los padres de niños que ingresaron de forma ilegal podrían ser perseguidos por tráfico humano.
“Es como cuando sabes que hay un lobo en la puerta esperando a que salgas, pero no todo está perdido, estamos creando resistencia”, apuntó Christine Neumann-Ortiz, directora de Voces de la Frontera.
Una de las batallas más duras se libra entre la Casa Blanca y las denominadas “ciudades santuario”, que rehúsan cooperar con las autoridades migratorias en su afán de aumentar las deportaciones.
El último episodio de esta pugna lo protagonizó el director interino de ICE, Thomas Homan, que dijo esta semana al Washington Examiner que quieren “inundar” con 10.000 nuevos agentes en ciudades como Nueva York, Los Ángeles, San Francisco y Chicago, entre muchas otras, con el objetivo de localizar y deportar indocumentados.
A pesar de todo, Neumann-Ortiz cree que estos seis meses de campaña antiinmigrante han logrado despertar el sentido de protesta en muchos sectores y se ha producido una unión de “comunidades más diversas”.
El objetivo ahora es, dicen los activistas, las elecciones de noviembre de 2018.
“Aparte de resistir las amenazas de Trump, debemos organizar a la comunidad, votar como nunca antes”, sentenció Cabrera.
