El martes, 16 de septiembre el Concejo Municipal de Santa Ana pospuso su decisión de reasignar $500,000 hacia un plan de medidas de cumplimiento de código dirigido a cerrar dispensarios de marihuana ilegales a través de la ciudad – una medida que satisface a algunos defensores de la marihuana medicinal y que condena la reciente oleada de detenciones.
En un voto unánime, el Concejo Municipal votó a favor de continuar con el tema hasta después de las elecciones del 4 de noviembre, cuando los votantes decidan sobre una de las dos iniciativas en la boleta – incluyendo una medida respaldada por la ciudad – que legaliza y recauda impuestos de los dispensarios de marihuana medicinal en la ciudad.
El plan de cumplimiento de código consiste en $350,000 en fondos de horas extras para el Departamento de Policía de Santa Ana y la Agencia de Planificación y Construcción para investigar las violaciones del código municipal relacionados con los dispensarios ilegales de marihuana. La Oficina del Fiscal de la ciudad recibiría $150,000 para procesar los casos. El dinero vendría de la reserva del fondo general del año fiscal 2014-15.
“No creo que el gasto de estos $500,000 tenga éxito para deshacerse de los dispensarios de marihuana medicinal”, dijo Kandice Hawes, funcionario principal del comité de acción política (PAC), Comité para la iniciativa de ley en apoyo a la marihuana medicinal.
El plan reforzado de cumplimiento del código entró en vigor inmediatamente después del acuerdo del Concejo Municipal del 15 de julio al destinar fondos en pago de horas extras para cerrar tiendas de marihuana cerca de escuelas y aquellos que ofrecen ‘toques’ [dabs] o dosis de cannabis concentrado, que se les refiere sobre todo como aceite de hachís butano, o BHO.
En tres días – julio 16, 17 y 31 – la policía de Santa Ana detuvo a 110 personas por violaciones del código de los dispensarios de marihuana medicinal.
Aunque el Concejo Municipal no había aprobado oficialmente la reasignación de los fondos, la operación se llevó a cabo con “recursos existentes”, explicó el jefe de policía de Santa Ana, Carlos Rojas. La secretaria de la ciudad, María Huizar, dijo que el “ajuste de la asignación de fondos” necesita de un voto con mayoría absoluta.
El concejal, Vicente Sarmiento, dijo que el Concejo Municipal no proporcionó las instrucciones necesarias cuando los miembros decidieron en julio asignar los fondos hacia el grupo de trabajo de cumplimiento de código.
“Espero que podamos regresar y especificar un poco mejor cómo queremos hacer cumplir el código”, indicó Sarmiento. “Salir y sólo hacer múltiples arrestos…no solo causa una carga pesada de trabajo y agobia a los empleados del departamento de policía, pero también agobia al sistema judicial”.
A pesar de un medida en el 2007 que prohibía los dispensarios de marihuana al frente de las tiendas, la policía de Santa Ana y la Oficina del Fiscal de la ciudad tuvieron problemas con el cierre de dispensarios ilegales.
“Creo que todos estarán de acuerdo…que hay muchos dispensarios de marihuana medicinal en la ciudad que están ubicados en lugares equivocados”, dijo Hawes en la reunión del Concejo Municipal del martes. “…Pero creo que salir a arrestar a las personas y saturar los tribunales es la manera equivocada de intentar solucionar el problema”.
Por ahora, con miras a las elecciones de noviembre hay dos iniciativas para legalizar y tributar a los dispensarios de marihuana medicinal en Santa Ana.
• La Iniciativa de Restricción y limitación del Cannabis medicinal establecería un proceso para que los dispensarios se registren con la ciudad y, a cambio, pagarían un impuesto del 2 por ciento. También permitiría que los dispensarios operen sólo en zonas determinadas, y permitiría al menos un dispensario o cooperativa por cada 15,000 habitantes.
• La medida que respalda la ciudad requeriría una separación de 500 metros entre los dispensarios, los cuales se permitirían solo en dos zonas industriales. También se requeriría una separación de 1,000 pies de escuelas, parques y zonas residenciales. Los dispensarios se les cobraría inicialmente un impuesto del 5 por ciento, lo que podría aumentar a 10 por ciento.
El grupo de trabajo se aprobó a instancia de la concejal Michele Martínez, quien se ha opuesto a la medida electoral sin un plan concreto de aplicación. Aunque Martínez dijo que apoya los esfuerzos de cumplimiento del código, votó a favor de aplazar la distribución de fondos.
