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 En esta foto del 5 de agosto de 2016, se muestra al sospechoso de una masacre en Guatemala, Santos López Alonzo, en el centro de detención migratorio en Adelanto, California. López Alonzo es acusado de participar en la matanza de más de 160 personas en 1982 durante la guerra civil y fue deportado el miércoles a Guatemala después que una corte denegó su pedido de permanecer en territorio estadounidense.
En esta foto del 5 de agosto de 2016, se muestra al sospechoso de una masacre en Guatemala, Santos López Alonzo, en el centro de detención migratorio en Adelanto, California. López Alonzo es acusado de participar en la matanza de más de 160 personas en 1982 durante la guerra civil y fue deportado el miércoles a Guatemala después que una corte denegó su pedido de permanecer en territorio estadounidense.
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GUATEMALA Familiares de desaparecidos durante el conflicto armado interno en Guatemala pidieron más acciones para localizar a unas 40 mil personas que aún permanecen desaparecidas tras la guerra.

En la conmemoración del Día Internacional contra las Desapariciones Forzadas, un grupo de indígenas guatemaltecos recibió los restos de nueve personas desaparecidas, y que fueron exhumadas dentro de un destacamento militar.

En ese recinto habrían sido asesinados y enterrados sus cuerpos en los años 80, entre ellos una niña de 3 años.

Aura Elena Farfán, dirigente de la organización Familiares de Desaparecidos de Guatemala, dijo que “desde que se los llevaron permanece en nosotros, como familia, el saber el paradero de ellos y exigimos al Estado que verdaderamente se investigue”, dijo.

Farfán ha buscado durante 32 años a su hermano Rubén Amilcar Farfán, que fue capturado y posteriormente desaparecidos en mayo de 1984.

“Es una tortura que nos vamos a llevar hasta la hora de nuestra muerte, fue la peor práctica que pudieron hacer el gobierno y los militares con el pueblo de Guatemala”, dijo.

Farfán recuerda que las desapariciones estuvieron dirigidas a grupos especiales como líderes, sindicalistas y estudiantes, “aquellos que no estaban de acuerdo con las injusticias”, dijo.

Freddy Pecerelli, director de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, declaró que “en los estudios que hemos hecho hay patrones de conducta que concuerdan con las formas de desapariciones que iban dirigidas especialmente a lo urbano, a estudiantes, a grupos sindicalistas”, dijo.

Informó que la base de datos de muestras genéticas con que cuentan registra alrededor de 15 mil muestras de familiares, que buscan a las víctimas. “Son personas que estamos activamente buscando y los números siguen subiendo”, dijo.

“Hay una deuda del Estado con las víctimas y un desinterés de saber o de investigar donde están todos los guatemaltecos hombres y mujeres desaparecidos”, recordó Farfán al hablar de la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas que ha permanecido sin tramitación en el Congreso durante 10 años.

Según un informe de la Comisión de la verdad en Guatemala y auspiciado por Naciones Unidas, un total de 200.000 personas murieron, la gran mayoría civiles, durante el conflicto armado en el país (entre 1960 y 1996) en una conflicto armado entre la guerrilla izquierdista y el ejército de Guatemala, y otras 45.000 fueron desaparecidas.

Mario Polanco, del Grupo de Apoyo Mutuo, GAM, una organización formada para exigir la aparición de las víctimas del conflicto, dijo que al menos unas 40.000 personas aún están desaparecidas. Aegura que en las desapariciones, el Estado siempre estuvo atrás de ellas.

“En Guatemala fue más simple la forma en que se hicieron las desapariciones, el mismo Estado terminó haciéndolas. Las fuerza de seguridad simplemente mataron a la persona, luego de torturarla, y la dejaron en la calle, luego otra dependencia del estado como la policía, el Ministerio de Salud o un Juez se encargó de recoger el cuerpo y llevarlo a enterrar como XX”, dijo Polanco.

Los cadáveres de cientos de ellos han empezado a emerger de la tierra, exhumados incluso en destacamentos militares.