Un juez federal ha abierto el camino para que miles de potenciales inmigrantes mexicanos en el sur de California que han sido sacados del país, regresen a los Estados Unidos a causa de supuestas tácticas engañosas que fueron utilizadas para hacer que renunciaran al derecho que una corte de inmigración escuchara sus casos.
El juez de la corte de distrito estadounidense, John A. Kronstadt aprobó el miércoles, 25 de febrero un acuerdo entre el gobierno federal y los abogados de los demandantes, los cuales incluyen a la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, según informó la ACLU (por sus siglas en inglés) el pasado jueves.
El gobierno no admitió culpabilidad en el acuerdo, el cual les da a los inmigrantes que renunciaron a sus derechos y que cumplen con ciertas condiciones, la oportunidad de solicitar su regreso a los Estados Unidos y buscar el estado legal.
Un hombre de San Bernardino y un residente de la parte rural al este del Valle de Coachella se encontraban entre nueve de los demandantes en el caso, y el Centro de Servicio Comunitario de San Bernardino, una agencia de apoyo a los inmigrantes, era una de las tres organizaciones demandantes.
“Descubrimos que agentes de inmigración les decían perpetuamente a los individuos con más que perder que volvieran voluntariamente (una renuncia legal) sin informarles de las consecuencias, y vimos el uso de la desinformación, mentiras y coerción para hacer que la gente firmara sus propias órdenes de expulsión”, dijo Anna Castro, portavoz para ACLU de los Condados de San Diego e Imperial.
Castro dijo desconocer de cualquier acuerdo en un caso similar y en años recientes que haya beneficiado a tantos inmigrantes. Ella dijo que espera que el acuerdo reduzca la supuesta coerción y desinformación en otras partes del país.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) no respondió a solicitudes de comentarios.
En agosto, cuando el acuerdo fue finalizado, el DHS dijo en un comunicado que, cuando los retornos voluntarios son utilizados, “en ninguno de los casos se tolera la coerción o el engaño”.
El acuerdo les permitió a los nueve demandantes regresar a los Estados Unidos, según Gabriela Rivera, abogada para ACLU. La decisión del miércoles extiende el acuerdo a otros que tampoco fueron plenamente informados de sus derechos y de las severas consecuencias de lo que el gobierno califica como “el retorno voluntario”, agregó.
“Debido a que no sabían esta información, ellos pudieron no realizar una renuncia voluntaria a su derecho de ser vistos por un juez de inmigración”, dijo Rivera. “Es una práctica sistemática en la que se omite información importante”.
Aquellos cubiertos por el acuerdo incluyen a inmigrantes en el sur de California que firmaron órdenes de retorno voluntario entre junio del 2009 y agosto del 2014, que fueron expulsados para
México y que tenían fuertes reclamos para residir en los Estados Unidos mientras sus casos eran escuchados por la corte, dijo Rivera.
Rivera dijo que el hombre de San Bernardino fue detenido en agosto del 2013 por agentes de inmigración y aduanas (ICE, sus siglas en inglés) que buscaban a otro hombre pero lo arrestaron a él de todos modos.
Arnulfo Santana, de 46 años y residente de San Bernardino, dijo el jueves, 26 de febrero que después de estar bajo custodia de ICE, agentes lo amenazaron con deportar a su esposa y poner a sus dos hijas nacidas en los Estados Unidos bajo cuidado del gobierno a menos que firmara la forma de retorno voluntario.
“Hubo presión psicológica e intimidación”, dijo Santana, quien ha vivido en los Estados Unidos desde 1986. “Fue horrible”.
Santana dijo que el nombre utilizado para él en documentos de corte, Arnulfo Sierra, estaba equivocado.
Santana también dijo que se le negó acceso a un abogado y se le dijo falsamente que, si firmaba la forma, podría presentar desde México una solicitud para vivir legalmente en los Estados Unidos y se le daría el permiso legal de regresar a San Bernardino.
En realidad, comentó Rivera, firmar la forma significó que Santana no podría regresar a los Estados Unidos por 10 años.
A Santana se le permitió regresar a San Bernardino en agosto y ahora está con su familia. Amaya, quien representa a Rivera, dijo que espera que Rivera obtenga el estado legal temporal ofrecido por la acción ejecutiva de la administración de Obama y que beneficia a padres de ciudadanos estadounidenses. La acción ejecutiva está en espera a causa de una demanda en su contra.
• ACLU tiene una línea telefónica para posibles personas que se puedan beneficiar de este acuerdo: 619-398-4189 (dentro de Estados Unidos); 01-800-681-6917 (desde México). También puede obtener infomación escribiendo un correo electrónico a: avd@aclusandiego.org.
