SANTA ANA – La junta del martes, 7 de octubre del cabildo de Santa Ana fue cancelada abruptamente por parte del alcalde, Miguel Pulido, luego que un manifestante se negó a quitarse una gorra con una expletiva contra la policía.
El caos en el interior de la sala de reuniones concluyó con el llamado de las autoridades de al menos 20 patrullas que desalojaron a todos los presentes.
El muchacho, que dijo llamarse “Bijan” es parte de un grupo llamado Cop Watch, que investiga y documenta las presuntas agresiones de los policías.
Más de un centenar de personas acudieron para protestar contra las prohibiciones legales de pandillas y por el brutal ataque en contra de Edgar Vargas, el 20 de junio.
Este caso atrajo la atención nacional. Un video muestra la severa paliza que le propinaron a puñetazos y con bastones.
“Yo fui testigo de esa agresión de los policías”, dijo Miriam Grajales, cuyo equipo de seguridad de casa grabó el incidente.
La policía dijo que Vargas los confrontó después que recibieron una llamada de robo a un hogar y que el joven mexicano los atacó e incluso le rompió un brazo a un agente.
Semanas después, Vargas, de 27 años, fue arrestado en la calle, cuando se dirigía a la corte con su madre, Olivia Arzate. Su abogado, Frank Bittar pidió una investigación al Departamento de Justicia y al Buró Federal de Investigaciones (FBI).
Los cargos contra Vargas, determinó el FBI, resultaron ser falsos: la agresión a un oficial de paz, infligir un gran daño corporal, resistencia a un agente de policía, y estropear ilegalmente un vehículo fueron desechados, a excepción de un cargo por intento de robo.
La intervención de las autoridades federales evitó la deportación de Vargas, quien fue liberado el 2 de octubre.
“Todo lo que dijeron las autoridades fue pura mentira”, dijo Arzate.
Tanya Lyon, portavoz de la ciudad dijo que, luego de la cancelación de la junta del martes, se encontró un cuchillo en la sala del cabildo.
En dicha reunión del martes se iba a considerar la prohibición legal en contra de pandillas, además de la petición de una moratoria para la compra de un almacén que serviría como refugio permanente para 200 desamparados en Normandy Place.
“Nosotros solamente defendíamos nuestros derechos civiles contenidos en la Primera Enmienda”, dijo David Villanueva, organizador comunitario. “El alcalde ha violado nuestra libertad de expresión”.
