INDIO – Los inquilinos de los apartamentos de Vintage Palms en Indio se preguntan cuánto tiempo más habrá que esperar para arreglar sus viviendas del todo.
En febrero, un grupo de vecinos del complejo habitacional, ubicado en el 82435 Requa Ave., llevaron una carta a la Alcaldía de Indio para pedir ayuda con la situación que había llegado a ser un conflicto de primera orden entre los inquilinos y los propietarios. Oficiales de la ciudad salieron para hacer una inspección oficial e hicieron una lista de las reparaciones más urgentes.
Después de varias juntas comunitarias, inspecciones por distintas agencias y cinco meses de un sube y baja de acusaciones entre los inquilinos y los dueños de la propiedad, los cambios parecen ir a paso lento.
La Ciudad de Indio contrató al fiscal Curtis Wright del bufete de abogados Silver & Wright LLP en Ontario, para llevar el caso civil que se había promovido por primera vez en 2011.
Wright dijo vía entrevista telefónica a principios de julio, que todavía estaban lidiando con el caso original y que el proceso era lento ya que había una lista con 318 infracciones de código.
Además, los dueños de la propiedad llamada Valley and Mountain LLC, se declararon en bancarrota y el bien inmueble se tuvo que transferir a un administrador judicial, añadió Wright.
“Lo bueno es que tenemos una nueva compañía, Carlson Property Services, que se encargará de administrar la propiedad y un administrador judicial quien ha sido agente de orden público”, dijo Wright. “Lo malo es que todavía falta hacer muchas reparaciones”.
Según Wright, todavía no se sabía el costo total para rehabilitar las viviendas pero que una compañía de Delaware, Stabilis Fund II, había prometido asumir los gastos. Si por algún motivo, dijo Wright, Stabilis no podría pagar las reparaciones, se tendrían que encontrar otras alternativas.
“La Ciudad está tomando el asunto muy en serio y dándole la más alta prioridad”, dijo Wright. “Yo sé que hay mucha inquietud, pero tiene que saberse que la Ciudad está muy involucrada en este proceso”.
El administrador judicial, Paul Carlson, además de decir que Stabilis había dado unos $200,000 para hacer las obras más urgentes, añadió que muchos de los inquilinos no estaban pagando el alquiler y que hasta algunos no estaban dejando que los mismos obreros entraran en las casas.
Los inquilinos esperaban una ganancia económica por su demanda, afirmó.
“La propiedad tiene una potencial enorme, nada más falta componerla del todo”, dijo Carlson. “Empezaremos rehabilitando los apartamentos que están ocupados primero y luego seguiremos con los que están desocupados porque requerían mucho más trabajo. La idea es de mejorar la propiedad para que reúna condiciones de habitabilidad, y así, poder alquilar todas las viviendas”.
Para Carlson, lo principal es tanto proteger la salud y el bienestar de los ocupantes como reducir el nivel de crimen, incluso actividad pandillera y drogas, que existe.
Juana Flores, una de las inquilinas, tuvo que salirse de su apartamento a finales de marzo después de que empleados de la propiedad arrancaran los azulejos de la cocina, haciendo que fuera peligroso el quedarse allí. Ahora Flores vive en otro apartamento, en el mismo complejo habitacional, “un poquito mejor” que antes, pero con la puerta del patio rota de tal forma que cualquiera podría quitar el cristal y meterse dentro.
“Por lo menos tengo piso ahora”, dijo Flores, sonriente. “Pero todavía no arreglan el de mi otro departamento”.
Alba Guatemala, una vecina que ha vivido por dos años allí, dijo que quisiera mudarse a otra parte pero no tiene dinero para hacerlo. Ella se quejó de cosas como las presencia de chinches y cucarachas. Había más defectos que no se arreglaban o que se arreglaban malamente. “Está duro, son demasiados problemas y ya estamos desesperados”, dijo Guatemala.
Otra inquilina, Zenaida López, dijo que no podía dormir en su habitación porque tenía muchos bichos que la picaban y, por eso, prefería dormir en el sofá.
“Ya puede ver cómo vive uno”, dijo López, señalando al fregadero suelto y paredes dañadas por el agua. “Uno se adapta a vivir así porque la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a casitas con el piso de tierra, pero de todas maneras, pienso que tenemos el derecho de vivir como los demás”.
En una reunión con el Concejo de la Ciudad que tuvo lugar el pasado 26 de junio, una decena de inquilinos fueron para ver las contestaciones que los líderes de la ciudad y el jefe de la policía de Indio podían darles sobre las reformas. Según algunos inquilinos, los oficiales de la ciudad respondieron que no podían dialogar mucho sobre el asunto por cuestiones legales.
Habrá otra reunión con los Concejales de Indio, abierta al público, el 24 de julio a las 6 p.m. en el pabellón de usos múltiples de la preparatoria Shadow Hills.
“Necesitamos respuestas”, dijo la inquilina llamada Betty, añadiendo que recientemente había pedido a que arreglaran el asiento del escusado que estaba roto y que creía que la habían puesto uno usado.
“Han hecho muchos cambios superficiales, pero las cosas siguen igual o quizás un poco peor que antes”, dijo Betty, quien tiene más de un año viviendo allí con su familia. “No quisiera mudarme porque aquí estamos cerca de todo, como de Cárdenas, de la farmacia y de Food-4-Less. Pero si no arreglan esto pronto, tendremos que mudarnos a otra parte”.
Benjamin Brewer, el yerno de Betty, piensa quedarse a luchar junto con su esposa Denise y cuatro hijos hasta que se resuelva el asunto. Recientemente dieron a su familia y a la de su suegra Betty un aviso de desalojamiento en 60 días para que se salieran de la vivienda.
“No hemos hecho nada ilegal”, dijo Brewer. “Solamente estamos luchando para que ésta situación mejore y sea justa para todos los residentes que vivimos aquí”.
