Los activistas pro inmigrantes se apuntaron un gran triunfo cuando el presidente Barack Obama suspendió las deportaciones de muchos jóvenes que carecen de permiso de residencia y fueron traídos a Estados Unidos cuando eran niños, pero ahora temen que los jóvenes esperanzados por un nuevo futuro puedan ser blanco de defraudadores.
“El momento más peligroso para ser objeto de un fraude es ahora”, dijo Jorge Barón, de la organización activista Northwest Immigrant Rights Project, con sede en Seattle. “Porque en estos momentos tenemos que decirle a la gente: ‘No sabemos”’.
Barón dijo que le preocupan aquellas personas que pedirán el pago de una comisión a cambio de presentar solicitudes a nombre de otros, a pesar de que las autoridades aún no definen cuál será el proceso para interponer dichas solicitudes, o que intentarán convencer a los inmigrantes que no cumplen con los requisitos para obtener la residencia de que deberían solicitarla… y aprovechen para cobrarles por ello.
“Parte del problema se debe a que la ley de inmigración es muy compleja. Hay esta inevitabilidad de querer escuchar buenas noticias. Hay gente que quiere creer eso”, afirmó Barón.
De acuerdo con el plan del gobierno, los inmigrantes no autorizados a vivir en el país podrán evitar la deportación si fueron traídos a Estados Unidos antes de cumplir 16 años y son menores de 30, han estado en la nación al menos cinco años continuos, no tienen antecedentes penales, se graduaron de una secundaria estadounidense, obtuvieron un diploma GED (siglas en inglés de Examen de Desarrollo de Educación General) o se desempeñaron en las fuerzas armadas. También pueden solicitar un permiso de trabajo que tendrá validez por dos años y podrá renovarse indefinidamente.
Desde la mañana en que se hizo el anuncio, la oficina de asesoría legal de Barón se ha visto inundada de llamadas telefónicas de personas que se preguntan si pueden presentar la solicitud para la nueva inmunidad. Pero aún faltan aproximadamente seis semanas para que se dé a conocer el proceso de cómo hacer una solicitud.
Los solicitantes “necesitan tener paciencia”, dijo Barón, y cuando ya exista el proceso para presentar las peticiones, deberán buscar ayuda especializada.
Un correo electrónico enviado al Departamento de Seguridad Nacional para pedir comentarios al respecto no fue respondido.
Incluso sin la nueva norma de inmunidad, el sistema del país para regular la inmigración está lleno de fraudes y estafas. Con frecuencia, los inmigrantes no autorizados a vivir en Estados Unidos utilizan documentos falsos para obtener empleo.
Y hay defraudadores que se aprovechan de los inmigrantes que carecen de permiso de residencia y se encuentran desesperados por obtenerlo, muchos de los cuales no hablan inglés y no recurrirán a las autoridades si son blanco de estafadores.
Tan sólo en el estado de Washington, 150 personas fueron deportadas en 2003 tras seguir las indicaciones legales de una mujer que se anunciaba fraudulentamente como abogada. A la larga, después de enfrentar una demanda, a la mujer se le prohibió proporcionar servicios relacionados con la inmigración y se le ordenó pagarle más de 47.000 dólares a ex clientes.
En la comunidad hispana, muchos activistas han hecho sonar las alarmas en torno a los “notarios públicos”. Dicen que con frecuencia estos asesores en cuestiones de inmigración no están capacitados para proporcionar apoyo.
Entre 2010 y 2011, la oficina de Rob McKenna, fiscal general del estado de Washington, emprendió acciones judiciales contra 11 organizaciones de asistencia al inmigrante y muchas de ellas fueron multadas.
Mohamad Abdolahi, miembro de DreamActivist.org en Washington, D.C., dijo que su organización se valdrá de su presencia en la internet y en las redes sociales para divulgar información crucial.
“Como lo hemos estado utilizando para el activismo, la gente ya sabe que es un lugar confiable al cual acudir”, dijo Abdolahi, quien añadió que aguardará para ver cómo se desenvuelven las cosas antes de presentar él mismo su solicitud.
De acuerdo con las cifras del gobierno, el plan podría tener repercusión sobre unos 800.000 inmigrantes jóvenes. Muchos han crecido en Estados Unidos y su lengua materna es el inglés. Es un grupo que creció en la era de la información.
A pesar de ello, dijo Abdolahi, no son inmunes a las estafas ni a los asfixiantes honorarios de los abogados. Su organización tiene pensado dar a conocer los honorarios promedio de los abogados como una directriz.
La última vez que el gobierno implementó un programa de gran envergadura en torno a la inmigración fue la amnistía de 1986, durante el período de Ronald Reagan. El programa de Obama es bastante más pequeño en alcance y ejecución.
El de Reagan prometió la legalización del estatus para los inmigrantes que vivían sin autorización en el país. Se dividía en solicitudes presentadas a nombre de las personas que habían sido jornaleros agrícolas y las que no. El plan de Obama sólo proporcionaría permisos de trabajo.
Doris Meissner, colega del Instituto de Políticas Migratorias —un organismo apartidista— y ex funcionaria de inmigración, dijo que la cláusula sobre los jornaleros de la Ley de Reforma y Control de la Inmigración de 1986 dio como resultado que la gente presentara documentos falsos para obtener el permiso de residencia porque sus normas habían sido redactadas con requisitos poco estrictos para presentar una solicitud. Uno de ellos era haber sido jornalero agrícola durante 90 días
“Actualmente estamos en un mundo totalmente distinto”, dijo Meissner. “El gobierno tiene acceso a información de antecedentes. No es un proceso que dependa totalmente de papeles… Con este programa hay mucha más evidencia válida en forma independiente que la gente puede mostrar. Pueden mostrar calificaciones escolares, diplomas de la secundaria. Esas no son cosas que uno pueda sacarse de la manga”.
