San Diego.- Una resolución que se opone a la construcción del muro fronterizo entre EEUU y México fue aprobada en un comité del municipio de San Diego y de esta manera será debatida en el pleno del Gobierno local.
La resolución de la regidora Georgette Gómez, que busca hacer público su rechazo a una de las propuestas de campaña del presidente, Donald Trump, esgrime consecuencias “económicas y ambientales” para esta ciudad, en la que se iniciaría la construcción del muro.
“Es importante que la ciudad que va a recibir el impacto del muro tenga una postura”, enfatizó la regidora.
La resolución fue debatida y votada hoy en una sesión del comité de Presupuesto del municipio, con presencia de decenas de personas que abarrotaron la sala, en su mayoría representantes de diversas organizaciones a favor de los inmigrantes.
Los que votaron en contra de la resolución arguyeron que la construcción del muro es un “tema federal” y que de poco serviría que la ciudad californiana se oponga.
“Inclusive si aprobáramos esta resolución yo no creo que a este presidente le importe lo que opine el comité de propuesto de la ciudad de San Diego”, señaló el regidor Scott Sherman.
Por su parte, el regidor Chris Cate consideró injusto que se sancione a compañías por cuestiones políticas, ello debido a que uno de los apartados de la propuesta señala que el cabildo “no apoya la asociación con ninguna compañía que participe en el diseño, construcción o financiación del muro”.
El debate llega un día después de que el Gobierno estadounidense anunciase una exención que permitirá hacer a un lado las regulaciones ambientales para acelerar la construcción del muro fronterizo en el sector de San Diego, California.
La regidora Barbara Bry secundó la propuesta ya que calificó de “terrible” que se vayan a ignorar leyes ambientales para llevar a cabo un proyecto que, considera, solo traerá consecuencias negativas.
“El impacto en San Diego de las políticas de la administración de (Donald) Trump ha sido devastador en términos de justicia económica, justicia social y justicia ambiental”, recriminó.
México es el principal socio comercial para San Diego y organizaciones locales plantean que en lugar de invertir miles de millones de dólares en la edificación se destinen recursos para agilizar el cruce legítimo de personas y mercancías que transitan a diario entre los dos países.
Un estudio de la Asociación de Gobiernos de San Diego (Sandag) estima que el condado pierde cada año más de 7.000 millones de dólares y 60.000 empleos a consecuencia de los largos tiempos de espera para cruzar la frontera.
