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Alma Velázquez, y su esposo Amawri Vázquez pasaron una pesadilla un día antes de su boda, debido a un fraude contra ellos, cometido presuntamente por Byron Sánchez Alonzo, cuyo rostro aparece en el medio de esta fotografía.
Alma Velázquez, y su esposo Amawri Vázquez pasaron una pesadilla un día antes de su boda, debido a un fraude contra ellos, cometido presuntamente por Byron Sánchez Alonzo, cuyo rostro aparece en el medio de esta fotografía.
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Byron Sánchez Alonzo, Charles Wayne Farris y su socio Ronald Rodis tienen algo en común: los tres están detenidos, son defraudadores de personas incautas que depositaron en ellos su confianza y se quedaron con miles de dólares que no le pertenecían. `

Y, como dicen que lo barato puede resultar demasiado caro, esa es la realidad de numerosos individuos latinos que terminaron siendo defraudados por un personaje sin escrúpulos: Byron Vinicio Sánchez Alonzo.

Sánchez Alonzo timaba a sus víctimas a través de la planificación de eventos para bodas, quinceañeras y otros eventos especiales mientras que Farris y Rodis defraudaron con más de 9 millones de dólares a unos1,500 clientes sobre modificación de hipotecas.

En el otoño de 2016, detectives de Anaheim iniciaron una investigación después de recibir informes de varias familias que habían pagado entre $6000 y $15,000 a Sánchez Alonzo.

“Yo le había pagado $8,300 de un total de $10,800 por la fiesta de XV años de mi hija, en un salón de Huntington Park”, declaró María Rosas, madre de Cielo Torres. “Él nunca me quiso aceptar un cheque; me decía que el primero que le di no podía cambiarlo”.

A pesar del fraude en su contra, Rosas dijo que no le gusta pensar mal de la gente. De cualquier forma, su hija tendrá su fiesta el próximo 5 de agosto.

“Yo entré en depresión muy fea cuando me di cuenta de que nos habían robado”, dijo Cielo Torres. “Gracias a Dios mis familiares y amigos se juntaron para ayudarnos, pero ¿Cómo le vamos a hacer para recuperar nuestro dinero?”.

Byron Sánchez Alonzo, el falso planificador de eventos también ha utilizado los nombres de Lester Pérez, Byron Sánchez Alonzo y Jairo Pérez; hacía contratos con sus víctimas de los condados de Los Ángeles y Orange para sus actos, pero no se hacía cargo de ninguno de los servicios por los que le pagaban.

Otra víctima fue Gloria Velázquez, cuya hija Alma y su prometido, Amawri Vázquez. estaban a un día de casarse, el 15 de octubre de 2016 y el salón OC Sky Hall de Anaheim no estaba reservado según el contrato firmado a Sánchez Alonzo.

“Mi mamá habló con María Gómez [una supuesta cómplice de Byron] y le dijo que el salón no estaba pagado”, dijo Alma. “Ya se le había entregado casi los $6,800 del contrato”.

Al final, la familia tuvo que endeudarse con las tarjetas de crédito para realizar la fiesta y desembolsar $14,000.

“Yo hice mi denuncia no para recuperar mi dinero, sino para que este hombre pague con cárcel lo que nos hizo a nosotros y a muchas otras familias”, dijo la señora Velázquez. “Un día, cuando lo confronté me dijo ve demándame si quieres, te pagaré $20 dólares por mes; se burló de mí y se burló de todo mundo”.

El pasado 28 de junio, Sánchez fue arrestado por tres cargos de robo mayor y tres cargos de robo por falsificación. Él permanece bajo custodia en la cárcel del condado de Orange sin fianza.

Desde su detención, los detectives han localizado al menos a unas 14 familias que fueron víctimas adicionales en los condados de Orange y Los Ángeles y creen que potencialmente hay numerosas familias adicionales que han sido víctimas de Sánchez.

“Yo tengo cinco casos [en el condado de Orange] y otros cinco se los mandé a detectives de Los Ángeles”, dijo a Excélsior la investigadora Susie Schmidt. “Hemos identificado seis casos en Huntington Park otros dos en Santa Ana”.

Cualquier persona que cree que fueron víctimas de la estafa de Sánchez debe contactar CrimeStoppers al 855-TIP-OCCS o por correo electrónico en www.occrimestoppers.org.

Fraude millonario en modificación de hipotecas

A principios de este mes, Charles Wayne Farris, de 65 años, de Aliso Viejo fue condenado a 47 meses de prisión, mientras que Ronald Rodis, de 52 años, de Long Beach fue condenado a 41 meses, según un informe reciente del Departamento de Justicia.

Ferris y Rodis defraudaron con más de 9 millones de dólares a unos1,500 clientes sobre modificación de hipotecas. Ellos deberán restituir unos 7.3 millones a quienes estafaron.

A través de anuncios de radio, la compañía afirmaba tener un experimentado equipo de abogados que podrían ayudar a los propietarios a negociar menores tasas de interés o incluso menores saldos de capital.

Los abogados no existían, y mediante engaños de mercadotécnica telefónica se aprovecharon de propietarios de casa que estaban desesperados financieramente.

Su estafa la llevaron a cabo entre octubre de 2008 y junio de 2009. Fue dirigido por Bryan D’Antonio, un hombre de la ciudad de Brea que ya había sido condenado anteriormente por una estafa de facturación médica.

D’Antonio era el dueño y operador de la oficina legal de Rodis, que cambió más luego su nombre a America’s Law Group. Farris era un director gerente, dice la acusación, y Rodis era un socio principal.

Farris fue acusado junto con los dos coacusados, Bryan D’Antonio y Ronald Rodis. Rodis se declaró culpable el 27 de junio de un cargo de conspiración para cometer fraude por correo y telefónico.

D’Antonio fue acusado de 23 cargos por delitos graves. Enfrenta nueve cargos de fraude telefónico y un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico. Cada uno de estos cargos lleva una pena máxima legal de 20 años de prisión.

Además, D’Antonio es acusado de 13 cargos de desacato criminal por violar una orden judicial federal de 2001, que le prohibió de participar permanentemente en futuras operaciones de telemercadeo. El delito de desacato penal no tiene pena máxima legal. D’Antonio está programado para ir a juicio a partir del 20 de septiembre.

Este caso fue investigado por el FBI y está siendo procesado por el Abogado de Primera Instancia John W. Burke de la División de Protección al Consumidor de la División Civil y el fiscal federal Joseph T. McNally del Distrito Central de California, en Santa Ana.