Stanley Sniff, Alguacil del Condado de Riverside, está instando al Gobernador Jerry Brown que vete un proyecto de ley que impediría que la policía entregue a las personas detenidas por delitos no violentos a las autoridades federales de inmigración para su posible deportación.
Al tiempo que Sniff y la Asociación de Alguaciles del Estado de California presiona a Brown por el veto, los activistas de inmigración del Inland y de otros lugares apoyan la ley y pensaban protestar en el Capitolio estatal.
Los condados de Riverside y San Bernardino están entre más de 3,000 lugares del país que comparten el banco de huellas dactilares de sus centros de detención con las Autoridades de Inmigración y Aduana de los Estados Unidos (ICE). Desde que este programa se inició en el año 2008, más de 212,000 personas han sido deportadas por el programa denominado Comunidades Seguras.
Los opositores de esta propuesta señalan que las estadísticas de ICE muestran que la mayoría de los inmigrantes ilegales deportados por el programa de Comunidades Seguras no cometieron delitos mayores.
Sniff dijo que el condado de Riverside no puede ignorar las peticiones del gobierno federal cuando les solicitan huellas dactilares.
“Esto pone a los alguaciles de California entre la espada y la pared”, dijo Sniff el día lunes, 27 de agosto. “Nos toca quebrantar las leyes federales o desobedecer las leyes estatales”.
La semana anterior el Senado aprobó la ley denominada Trust Act y la remitió a la oficina de Brown. El gobernador aún no ha decidido si firmará el proyecto, dijo el portavoz gubernamental Gareth Lacy.
Brown estuvo a favor de las Comunidades Seguras cuando fue Fiscal General.
Rod Hoops, Alguacil de San Bernardino, no ha tomado partido sobre este proyecto de ley, según informó Jodi Miller, portavoz del alguacil.
Los obispos Católicos Romanos del estado están entre los grupos que apoyan este proyecto de ley. John Andrews, portavoz de la Diócesis Católica de San Bernardino, que incluye los condados de Riverside y San Bernardino, dijo que Comunidades Seguras es un concepto muy amplio que atrapa a las personas que han cometido delitos menores.
Daniel Guzmán, coordinador de recursos legales de la Coalición del Inland del Sur de California pro justicia para Inmigrantes, la misma que incluye a la diócesis, dijo que deportar a quienes cometen delitos menores puede llevar a tasas mayores de delincuencia, porque los inmigrantes indocumentados se sienten menos inclinados a interactuar con la policía.
“Queremos que los inmigrantes confíen en la policía”, afirmó Guzmán, quien dijo que participaría en la manifestación contra el proyecto de ley que estaba planificada en Sacramento el 28 de agosto.
Las estadísticas del ICE muestran que desde el 2010 en que los condados de Riverside y San Bernardino se unieron al programa, sólo el 21 por ciento de los inmigrantes indocumentados que fueron deportados por Comunidades Seguras habían sido encontrados culpables de delitos mayores tales como asesinato, violación, abuso sexual a menores y algunas categorías de robo y asalto. Otro 15 por ciento fue encontrado culpable de delitos menos serios y tres o más de delitos menores.
El resto fueron declarados culpables de menos de 3 delitos menores o no tenían record criminal que ICE pudiera encontrar.
Tim Donnelly, asambleísta republicano de Twin Peaks, que representa a algunas partes del condado de San Bernardino, dijo que el proyecto de ley podría hacer de California “un santuario estatal para los criminales extranjeros indocumentados”.
Donnely afirmó que algunas faltas que se consideran delitos menores, no lo son, como es el caso de conducir en estado de ebriedad.
“En este caso no se trata de personas que vinieron a este país buscando un futuro mejor ni nada de esa basura”, declaró Donnelly. “Se trata de permitir más muertes de ciudadanos americanos a manos de personas que no deberían estar en nuestras comunidades”.
Sergio Díaz, Jefe de Policía de Riverside, dijo que aún cuando él preferiría que las Comunidades Seguras fueran usadas de una manera más “selectiva” y que no terminaran en la deportación de personas que han cometido delitos menores, él piensa que el Trust Act es demasiado restrictivo para la policía local.
Chris Newman, director legal de la Red de Organización de Jornaleros Nacionales, un grupo con sede en Los Ángeles que trabaja con los jornaleros del área del Inland y de otras zonas, dijo que al compartir las huellas dactilares de las personas detenidas “por delitos mayores”, el proyecto de ley está dirigido solamente a esos criminales y no a los delincuentes menores.
Newman continuó diciendo que “el Trust Act se asegurará que las personas que son una amenaza para la seguridad pública permanezcan tras las rejas”.
Además Sniff agregó que por lo general no se encarcela ni se toma huellas dactilares a quienes cometen delitos menores. Dijo que Comunidades Seguras no disminuye la confianza que puedan tener en la policía los inmigrantes indocumentados que son víctimas de delitos o testigos de los mismos, porque esta sólo tiene que ver con los detenidos.
Sniff dijo que esperará para ver si el proyecto se convierte en ley antes de desobedecer las leyes estatales – como dijo que podría hacer el Alguacil Lee Baca del Condado de Los Ángeles. Sin embargo, informó que las leyes federales prevalecen sobre las estatales.
Concluyó diciendo que “es absurdo afirmar que no tenemos que cumplir las leyes federales”.
Trust act
Comunidades Seguras: El programa federal requiere que las autoridades locales compartan con las autoridades de inmigración las huellas dactilares de todos los detenidos en sus cárceles. Eso incluye las personas que han sido arrestadas aunque no hayan sido encontradas culpables, y también aquellos encarcelados por delitos menores.
The Trust Act: Proyecto de ley que fue aprobado por la Asamblea del estado y por el Senado, sólo permitiría compartir las huellas de las personas acusadas o encontradas culpables de “delitos violentos o delitos mayores”.
