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JORGE LUIS MACÍAS/ESPECIAL PARA EXCÉLSIOR
Muchos de los desamparados que pululan en el Centro Cívico de Sant Ana necesitan ayuda mental y una oportunidad para salir adelante. No todos son drogadictos y muy pronto podrían recibir ayuda.

Santa Ana proyecta convertir parte de la cárcel en centro de salud mental

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ESPECIAL PARA EXCÉLSIOR

“Fue una mala decisión haber construido esa cárcel”, dice el concejal Sal Tinajero; buscan apoyo del supervisor Andrew Do

 La ciudad de Santa Ana se ha embarcado en un proyecto para utilizar una parte de la cárcel en un centro de tratamiento de personas con problemas de salud mental.

La idea presentada por la concejal Michele Martínez, al pleno del cabildo, ha generado reacciones positivas entre sus colegas, a sabiendas de la escasez de atención de salud mental, no solo en la ciudad, sino en todo el condado.

“Aquí tenemos una crisis con las enfermedades mentales”, dijo Martínez sobre su propuesta. “El número de camas de tratamiento de salud mental se redujo de 1,217 en 1995 a 481 camas”.

El movimiento hacia la dirección ha sido elogiado por su homologo, Sal Tinajero, quien dijo a Excélsior que el mantenimiento de la cárcel le cuesta a la ciudad unos $8 millones anuales.

“Fue una mala decisión de construir esta cárcel en los años 1980”, dijo Tinajero. “Con el paso del tiempo y hasta el presente, la ciudad ha perdido entre $60 y $80 millones y esos fondos se han perdido”. La cárcel fue abierta en 1997.

Aunque en los dos primeros años de construcción del inmueble hubo ingresos por las encarcelaciones masivas, el aumento de sueldos a los administradores del recinto, los costos de agua, luz y mantenimiento del inmueble se han elevado paulatinamente cada año.

Según Tinajero, este año la ciudad tendrá que absorber una pérdida de dinero calculada en $3 millones y $7 millones el año próximo y solo cuenta con una reserva de $51 millones.

A la vez, el municipio dejará de percibir un promedio de $6 millones relacionados a la finalización y valor del contrato que ha caducado con las autoridades del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

POLICÍA LOCAL HACÍA EL TRABAJO DE LOS FEDERALES

Históricamente, la cárcel de Santa Ana ha estado poblada mayoritariamente por inmigrantes indocumentados de origen mexicano, y según el acuerdo con ICE, la ciudad alquilaba camas por una tarifa de $105 por cada preso.  Sin embargo, el costo actual para mantener y alimentar a un preso es $120.

“Estábamos haciéndole el trabajo [a ICE] y pagando por un servicio de ellos”, dijo Tinajero. “Por ello, cada preso era transferido por un túnel que va de la cárcel de Santa Ana hasta la cárcel del condado y allá se hacían responsables de su ropa y comida; a veces la gente no se da cuenta, pero en ese edificio de la ciudad se estaba trabajando para los federales”.

Esta realidad llevó primero al actual concilio, a declarar la ciudad santuario frente a las restrictivas medidas antiinmigrantes del presidente Donald Trump, y después, a aprobar una ordenanza que prohíbe a la policía local cualquier intromisión en asuntos migratorios.

De hecho, fueron las mismas autoridades federales las que pidieron la cancelación del contrato que, en vano, intentó revivir dos veces el concejal José Solorio, respaldado por el alcalde Miguel Pulido y Juan Villegas.

Sin embargo, en solo un día de abril de 2009, en la cárcel de Santa Ana estaban tras las rejas 20 personas arrestadas por sus agentes, 283 correspondientes de detenciones hechas por oficiales del U.S. Marshall y 165 en custodia de las autoridades de inmigración, después de haber servido sentencias en prisiones estatales. No obstante, muchos eran arrestados por haber ignorado órdenes de deportación.

EXHIBEN A QUIENES ORDENARON CONSTRUIR EL ‘ELEFANTE BLANCO’

Según datos de contabilidad de la ciudad, el costo operativo de la cárcel era de $19.7 millones, que incluía el pago de bonos, pero no los gastos indirectos del ayuntamiento, aun cuando los ingresos por los contratos de ICE y el Marshall Service aportan $ 14.9 millones anuales.

Así, la ciudad deducía $4.6 millones de dólares del costo total de lo que llaman el “beneficio de la ciudad”, que es la parte de la cárcel que permanecería abierta -incluso si ya no estuviera alojando a los reclusos- para que la policía pueda seguir fichando a los arrestados en la cárcel de la ciudad y evitar el proceso de ficharlos en un proceso muchas veces más largo en la cárcel del condado.

Sumando esos $14.9 millones a los $4.6 millones el total serian $19.5 millones, lo que significa que la cárcel operaría con un déficit de $200,000 en el año fiscal 2016, y 350 camas de la cárcel están libres para ser usadas.

“Es por ello que en la unión de policías están muy molestos conmigo, porque los estamos exhibiendo igual que a [Miguel] Pulido de cosas que la gente no sabía [que pasaban en Santa Ana”, dijo Tinajero. “Yo estoy trayendo todo a luz para que haya transparencia en las acciones de gobierno”.

El funcionario destacó que en los próximos días se reunirá con el supervisor del condado, Andrew Do, para exponerle la necesidad de su respaldo al proyecto del centro de salud mental, mientras que la concejal Michele Martínez buscaría apoyo de las autoridades estatales.

“En los últimos dos años, en Santa Ana ha habido una explosión de desamparados y muchos de ellos sufren de problemas mentales”, dijo el concejal. “Muchos eran drogadictos, otros perdieron el trabajo, seguro médico o se enfermaron y ya no pudieron volver a ser productivos, pero si el condado apoya la clínica la deuda pendiente de ese edificio podría pagarse en 2023”.

Por lo pronto, administrar el enorme edificio que se ubica en el 62 de Civic Center Plaza le cuesta $3 millones anuales a la ciudad, y la deuda que tienen a ese respecto se aproxima a los $24 millones. Y es que, hasta la primera semana de marzo de este año, la cárcel de Santa Ana albergaba solamente a 151 presos, pero tenía 361 camas vacías.


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