Washington.- El Tribunal Supremo pidió al Gobierno del presidente, Donald Trump, que exprese su opinión sobre un fallo de una corte de Arizona que obliga a las autoridades estatales a dar licencias de conducir a los indocumentados que llegaron al país de niños, conocidos como “soñadores”.
La petición de los jueces se dirige a Jeffrey Wall, el abogado que de manera temporal se encarga de representar al Gobierno en los casos ante el Tribunal Supremo.
El caso podría afectar a miles de jóvenes de Arizona, conocidos como “dreamers” (“soñadores”), que se beneficiaron de la ampliación que decidió en 2012 el expresidente Barack Obama al programa de Acción Diferida (DACA), que en total en Estados Unidos ha permitido frenar la deportación de 750.000 indocumentados.
La Unión para las Libertades Civiles en América (ACLU) estima que solo en Arizona 80.000 jóvenes califican para los beneficios de DACA, plan que permite obtener una licencia de conducir y un permiso de trabajo temporal, así como frenar su expulsión de Estados Unidos.
En marzo, Arizona pidió al Tribunal Supremo que estudiara el caso de las licencias de conducir después de que el Tribunal de Apelaciones del Distrito Noveno determinara que las autoridades estatales están obligadas a proveer carnés a los jóvenes indocumentados.
Las autoridades de Arizona argumentan que la decisión del tribunal de apelaciones vulnera la capacidad que Arizona tiene como estado para decidir a quién otorga licencias de conducir.
La petición del Tribunal Supremo para que Trump se posicione sobre el tema se produce semanas después de que el Departamento de Seguridad Nacional decidiera mantener el programa para los jóvenes indocumentados.
El Gobierno, sin embargo, decidió rescindir el programa de Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres (DAPA), que beneficiaba a los padres indocumentados de hijos con ciudadanía o residencia permanente y que nunca llegó a entrar en vigor.
El caso del Tribunal Supremo podría obligar a Trump a posicionarse sobre DACA, pues aún no ha aclarado cuál será el futuro de los jóvenes indocumentados, aunque durante la campaña electoral dijo que encararía el tema “con corazón”.
Precisamente, la abogada Nora Preciado, del Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC), el grupo que representa a los jóvenes en el caso, cree que esta puede ser una “oportunidad” para que Trump demuestre su compromiso con mantener el programa y “posicionarse a su favor”, según dijo en declaraciones a Efe.
“Creemos que el Gobierno de Trump tiene la mejor oportunidad para reconocer el éxito del programa y enviar un mensaje de tranquilidad en cuanto a su estabilidad en el país”, subrayó Preciado.
Actualmente, Arizona cuenta con una ley estatal que niega licencias de conducir a inmigrantes que no puedan probar que viven en Estados Unidos de manera legal, una provisión que entra en conflicto con las medidas para jóvenes indocumentados que proclamó Obama.
