Ignorar las recomendaciones que los expertos legales, líderes de la comunidad y autoridades estatales han hecho desde que la ley AB 60 fue firmada por el gobernador Jerry Brown en octubre de 2013, pudo ocasionar que un hombre de Perris fuera deportado del país.
Y es que Luis Octavio Aguilar Contreras, de 37 años, fue deportado el martes, 27 de enero luego de ser arrestado el mismo día por la mañana en su casa en Perris por autoridades migratorias.
Contreras tenía un récord criminal.
La familia luchó por convencer a un juez de que Contreras no representaba un riesgo para la seguridad del país y pudiera permanecer aunque sea bajo supervisión de un grillete.
Sin embargo, todo fue en vano.
“Han separado a mi familia. Mi esposo es el único sustento. Tenemos una niña de 8 meses de edad. Tenemos una renta de casa. Tenemos pagos de carro. ¿Qué voy a hacer Dios mío?” dijo Shannan McCollum-Aguilar, esposa de Contreras por teléfono a UNIDOS desde la oficina de detención en San Bernardino. “El sistema me está fallando, debe ser corregido, él es buen hombre y no merece ser enviado a México”.
La familia alega que el calvario de Contreras comenzó el viernes, 23 de enero cuando en su afán por obtener una licencia de conducir válida bajo la ley AB 60, se presentó a la oficina del Departamento de Motores y Vehículos – aun sabiendo que contaba con antecedentes penales considerados de alto riesgo.
McCollum-Aguilar, de 22 años, alega que el DMV compartió su información con las autoridades migratorias, mismas que incluyen el arresto de Contreras hace varios años por posesión ilegal de drogas. McCullum-Aguilar alega que dicha acción fue deshonesta y que el DMV le puso una “trampa” a su esposo para eventualmente deportarlo del país.
Armando Botello, portavoz del DMV, dijo a UNIDOS que la deportación de Contreras pudo no estar relacionada con su visita y que tal vez el hombre ya había sido ubicado por las autoridades migratorias.
Botello afirmó que el DMV comparte información con las autoridades migratorias sólo en casos de extrema gravedad cuando el solicitante es buscado por delitos mayores, pero que esto ocurre en general y no es exclusivo de solicitantes bajo la ley AB 60.
“Si la persona tiene orden de arresto, por cualquier situación, será arrestado. Pero si la gente tuvo problemas con la ley debe consultar con un abogado para cerciorarse de que podrá obtener una licencia bajo la ley AB 60. Ahora, si la persona ya tuvo licencia con un seguro no verificado que fue usado para cometer fechorías como robo de identidad, u otro crimen, entonces podrían meterse en problemas con la ley”, comentó Botello. “Nosotros no estamos jugando. El proceso es serio”.
Según Violeta Suazo, madrastra de Contreras y activista local, el hombre fue arrestado en enero de 2014 por multas atrasadas pero liberado tres meses después. Contreras cumplió con el servicio comunitario impuesto por un juez pero eso no significó que su arresto por posesión ilegal de drogas se borrara.
“Nos cansamos de decírselo. Nos cansamos de decirle que no fuera, que pondría en riesgo su futuro. En su debido tiempo él calificaba para una Visa U pero nunca terminó el trámite. Él se enfocó en resolver otros problemas que se olvidó de resolver sus problemas migratorios. El mensaje es claro, el DMV no está jugando”, comentó Suazo.
Emilio Amaya, director ejecutivo del Centro de Servicios Comunitarios de San Bernardino, concordó con Suazo y agregó que aquellas personas que cuentan con historial delictivo deben consultar con un abogado antes de intentar solicitar la licencia de conducir.
Las personas deben antes resolver todo problema para poder solicitar la licencia, de lo contrario podrían terminar como Contreras, añadió.
“Aún cuando seguimos alentando a nuestra comunidad a que solicite los beneficios de licencia de conducir bajo la ley AB 60, también recomendamos a las personas que en el pasado han cometido delitos de drogas, narcotráfico, delitos sexuales, pandillerismo, delitos con sentencias de más de 1 año a que obtengan asistencia legal antes de dar cualquier información al DMV ya que estas personas están sujetas a prioridad para la deportación y pueden ser localizadas a través de la información del DMV y pueden ser sujetas a deportación”, dijo Amaya.
Desde la segunda semana de enero, el DMV comenzó a implementar una segunda revisión a aquellas personas que no presentaron todos sus documentos en la primera visita, o aquellas personas que cuentan o contaron con una licencia bajo otro nombre.
El DMV notificará a las personas de la segunda revisión por correo o por una llamada telefónica, dijo Botello.
“La segunda revisión es sólo para asegurarnos de la identidad de la persona y para ver que todo esté en regla”, añadió. “Si la gente no tiene problemas no tiene nada que temer”.
