SANTA ANA – Al día siguiente que la Agencia de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) notificara a la ciudad de Santa Ana que pondría fin a su contrato en la cárcel de esta localidad, un pequeño grupo de activistas por los derechos de los inmigrantes se reunió en las afueras del centro de detención para celebrar y atribuirse crédito por esta medida.
Durante los últimos cuatro años, esos grupos de derechos de inmigrantes y miembros de la comunidad habían presionado al concejo de Santa Ana para que cancelara el contrato con ICE, que la ciudad había estado usando para pagar su deuda de construcción de esa cárcel.
“Aplaudimos a la comunidad por el fin de este contrato, después de más de una década de aprovecharse de la comunidad inmigrante,” dijo Roberto Herrera, de 25 años, un defensor comunitario de Resilience OC, quien estaba entre los 10 activistas reunidos el viernes.
El jueves, la ciudad recibió una carta de ICE dando el aviso de 90 días de terminación, que bajo el contrato existente expira el 30 de junio del 2020, y que podía haber sido presentado por cualquiera de las partes.
Jennicet Gutiérrez, organizadora comunitaria de Familia, una organización que aboga y educa sobre temas de la comunidad LGBTG, señaló que las acciones organizadas en los años 2014 y 2015, y la huelga de hambre de varios días realizada en mayo de 2016, obligó al ayuntamiento a votar a favor de la eliminación del contrato.
“Presionamos a los concejales para que pusieran fin al contrato y nos den el respeto y la dignidad que merecemos como seres humanos,” dijo Gutiérrez.
La portavoz de ICE, Virginia Kice, dijo en un comunicado el jueves, que 74 detenidos de inmigración permanecieron en la cárcel ubicada en el 62 Civic Center Plaza y que serían trasladados a viviendas del sistema de detención de la agencia.
Santa Ana enfrenta una deuda de 24 millones de dólares, más intereses hasta 2024, por construir la cárcel que abrió en el año 1997, y recibe alrededor de $340,000 en ingresos mensuales del contrato ICE.
Hairo Cortes, coordinador del programa Orange County Immigrant Youth Unided, pidió a la ciudad “reparar el hecho de haber participado en el sistema de detención humana con fines de lucro” al abogar por la liberación de los detenidos en vez de transferirlos a otra institución.
“Para nosotros ahora se trata de cómo reproducir los esfuerzos que ocurrieron aquí en Santa Ana,” dijo Cortés. “Y cómo usamos esto no como un hecho aislado, sino como un argumento más amplio de por qué la detención de inmigrantes no es el sistema que debería existir”.
