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La familia de Gurmukh Singh se consuela durante una conferencia de prensa antes de que él sea detenido después de que la audiencia de la Agencia de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos, que se celebró en Santa Ana.
La familia de Gurmukh Singh se consuela durante una conferencia de prensa antes de que él sea detenido después de que la audiencia de la Agencia de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos, que se celebró en Santa Ana.
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SANTA ANA – Los detenidos por Inmigración que se enfrentan a la deportación no tienen derecho a un abogado nombrado por el gobierno, y el condado de Orange carece de una organización sin fines de lucro o abogado dedicado exclusivamente a proporcionar defensa legal para las personas en esa posición.

Y a diferencia de Los Ángeles, San Francisco, Nueva York y Chicago, ninguna ciudad en el condado de Orange ha creado un fondo de defensa legal para casos de inmigración. El martes 16 de mayo, Santa Ana dio un paso adelante para convertirse en la primera.

El Concejo municipal, en una votación de 4-2, con la oposición de los concejales José Solorio y Juan Villegas y la ausencia del alcalde Miguel Pulido, instruyó al personal para buscar un fondo de defensa legal en asociación con defensores de inmigrantes y proveedores de servicios legales, para proporcionar una ubicación central para referir estos casos, establecer una autoridad conjunta y solicitar otros apoyos.

“Santa Ana sería la primera ciudad en O.C. para proporcionar fondos públicos para la defensa legal de los inmigrantes “, dijo Sameer Ashar, profesor en la Facultad de Derecho de UC Irvine. “Santa Ana, como ciudad, ha estado tomando medidas que realmente ninguna otra entidad en el condado ha sido lo suficientemente valiente como para tomar”.

En diciembre, la segunda ciudad más grande del condado de Orange se convirtió en la primera en adoptar una ordenanza como “ciudad santuario” y eliminó su contrato con ICE en la cárcel de Santa Ana hasta el punto en que la agencia federal terminó su acuerdo para detenciones de indocumentados.

En febrero, el Concejo instruyó al personal a colaborar con los proveedores de servicios legales para lanzar una acción coordinada para proporcionar acceso a representación legal a los residentes de Santa Ana que se encuentren en riesgo de ser removidos y que no pueden pagar un abogado.

La búsqueda de un fondo de defensa legal “es sin duda una consecuencia natural de otras medidas que la ciudad ha tomado”, dijo Jennifer Koh, profesora de derecho en el Western State College of Law, que ha asesorado a Santa Ana a llegar a esta etapa.

Pero Solorio expresó su preocupación acerca de cómo contribuir a este fondo y cómo las otras cuatro iniciativas afectarían los recursos de la ciudad. En una sesión de trabajo sobre el presupuesto municipal el martes anterior, el personal proyectó un déficit de $14.4 millones para el año fiscal 2017-18 y $ 19.5 millones para el año fiscal 2018-19.

“Todavía no está claro cuánto dinero se está solicitando para esta iniciativa”, dijo Solorio.

El concejal Vicente Sarmiento dijo que su propuesta inicial no era crear fondos a largo plazo para la defensa legal, sino para proporcionar el catalizador para que otras organizaciones lo hicieran.

“Esto realmente no estaba destinado a financiar nada”, dijo. “Los Ángeles está haciendo un esfuerzo multimillonario. Desafortunadamente, como muchos de ustedes vieron a través de nuestra situación presupuestaria, no estamos en esa posición, pero podemos hacer algo “.

Sarmiento también hizo una moción, la cual fue aprobada, para poner alrededor de $65,000 en el presupuesto del Secretario del Concejo, que no ha sido usado desde el año pasado en un programa de alcance electoral, hacia el fondo de defensa legal. Aprobar ese dinero requiere otro voto del concejo.

Otra opción que buscan es establecer una autoridad conjunta con Anaheim y otras ciudades interesadas que pueda fortalecer su elegibilidad para una subvención de apoyo del Instituto Vera, que se ha asociado con la ciudad de Nueva York para brindar servicios de defensor público a los inmigrantes en procesos de remoción.

El Consulado de México en Santa Ana firmó un memorando de entendimiento con la Asociación Hispana de Abogados del Condado de Orange en marzo, reforzando su capacidad para proporcionar consejería gratuita y de bajo costo y representación legal.

Una sólida red de abogados pro bono existe, dijo Koh, pero hay una gran necesidad de abogados centrados en los inmigrantes detenidos.

“Esperamos que Anaheim, Costa Mesa, Orange puedan unirse al esfuerzo (en Santa Ana) y digan a sus propios residentes que tienen ese apoyo”, dijo Ashar.