SANTA ANA – En cinco semanas desde la aprobación de la Proposición 47, la población de las cárceles del condado a nivel local y en todo el estado disminuyeron, dado que los arrestos por drogas ya no resultan en el encarcelamiento automático.
Aunque se esperaba una disminución en la población, el impacto ha sido casi inmediato en la calle y detrás de las rejas.
En menos de cuatro semanas, el número de encarcelados en los condados de San Diego y Los Ángeles cayó un 9 por ciento. En las tres cárceles del condado de Orange la población se redujo por más de 1,000 reclusos, una caída del 15 por ciento, que ahora tiene a los administradores pensando en el cierre de algunas unidades para ahorrar dinero.
Los agentes del orden público dicen que el patrón se ha visto en todo el estado.
Desde la aprobación de la Proposición 47, los policías en la calle emiten citaciones en lugar de detener a personas bajo sospecha de poseer marihuana, metanfetamina, heroína o cocaína. Como delitos menores, solo algunos son enviados a la cárcel del condado. Y, los que llegan a la cárcel, a menudo salen rápidamente.
“A menos que haya una excepción, se les da una citación y son puestos en libertad”, dijo el teniente Jeff Hallock del Departamento del Alguacil del Condado de Orange.
La Proposición 47 cambió la condena para varios cargos de posesión de drogas y robos de delitos graves a delitos menores. De acuerdo con la guía de votantes del estado, se espera que la propuesta tenga un impacto en las prisiones estatales con aproximadamente 10,000 delincuentes a los que se les reducirá sus condenas.
“Lo que solemos hacer es llevarlos a nuestras cárceles, tomamos sus huellas digitales, tomamos sus fotografías para ingresarlos a nuestro sistema”, dijo el capitán Anthony Bertagna del Departamento de Policía de Santa Ana. “Entonces en la cárcel se decide, en base a los criterios, si se puede emitir una citación y liberarlos de la cárcel”.
En el condado de Los Ángeles, los agentes del alguacil repiten los mismos pasos.
Los arrestos por drogas pasan por el proceso de fichado, pero muchos son liberados con una citación y una fecha para que se presenten ante el tribunal, dijo la comandante, Jody Sharp, del Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles.
“Cuando la Proposición 47 fue aprobada estábamos en espera, tratando de entender cómo nos iba a afectar”, dijo Sharp.
El efecto a largo plazo aún está por verse, indicaron las autoridades.
El descenso en la población de las cárceles del condado podría volver a aumentar en las próximas semanas si los citados no se presentan ante el tribunal y se emiten órdenes de arresto —una preocupación entre varias agencias del orden público.
Los departamentos del alguacil en los 58 condados tendrán entonces la tarea de encontrarlos y traerlos de regreso a la cárcel.
“La realidad en esto es, si realmente creen que las personas van a presentarse ante el tribunal en la fecha que les damos”, dijo Adam Christianson, “La posibilidad es casi nula”.
Los funcionarios señalan que la detención todavía puede tener como resultado la cárcel durante la sentencia, y los arrestos significan que los narcóticos siguen siendo incautados en las calles. Los sospechosos por posesión de drogas para su distribución son encarcelados, ya que ese cargo sigue siendo un delito grave.
Christianson dijo que le preocupa que sin la perspectiva de estar encarcelados quede muy pocos incentivos para que los sospechosos se presenten ante el tribunal o sigan con los programas de rehabilitación.
“Esas personas no tienen ningún incentivo para tener éxito en cualquier programa”, agregó.
Los defensores de la Proposición 47 argumentan que las nuevas guías de sentencia ayudan a las autoridades a centrarse en los delincuentes con delitos más graves y violentos, en lugar de gastar recursos en encerrar a los delincuentes no violentos.
El impacto ya se está sintiendo en los tribunales del condado de Orange, donde se recibieron cerca de 4,500 solicitudes de reducción de penas por la Oficina del Fiscal de Distrito la semana pasada.
En el condado de Orange, las autoridades dijeron que siguen vigilando los niveles de la población carcelaria, pero están considerando el cierre de una de las unidades —lo que daría de baja a los agentes asignados a esa localidad y ayudaría a ahorrar en costos.
“Es como un efecto secundario”, dijo Hallock. “A medida que cambia la población carcelaria, estaremos cambiando los niveles de nuestro personal”.
