LOS ÁNGELES – Su caminar es lento y apoyada en su bastón, Alberta Guerrero, de 77 años de edad, se sumó a la manifestación sorpresiva de centenares de personas en la sala Kenneth Hall de la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles.
La anciana nacida en Tepaltzingo, Morelos, llegó a Estados Unidos en 1988. Es indocumentada y requiere servicios médicos para la diabetes.
“No tengo ni dinero para comer”, dijo a UNIDOS. “No tengo nada, así que si me enfermo mas no sabría qué hacer”.
Guerrero forma parte de una población de 380 mil individuos que carecen de seguro médico. Ninguno puede recibir atención por parte del programa federal conocido como Obamacare.
En la implementación de la Ley de Cuidado Asequible (ACA), el condado usa su programa Healthy Way LA a través del Programa de Salud para personas de Bajos Recursos (Low Income Health Program).
En la red de seguridad y mediante LIHP el condado proporciona una tarjeta a pacientes con un proveedor de atención primaria, permitiéndoles recibir cuidado más allá de un tratamiento sólo episódico y de emergencia.
“El condado puede y debería proporcionar cuidado a quienes no tienen seguro médico y al resto de los indocumentados”, dijo la doctora Nancy Marisa Gómez, directora de Health Access. “Es momento de hacerlo ahora; nuestro sistema de salud es más fuerte cuando todos son incluidos”.
Como parte de las negociaciones presupuestales, la Junta de Supervisores tiene contemplado invertir $50 millones para cubrir a 106 mil personas, aunque los activistas consideran que es necesario triplicar esa cantidad para atender a 380 mil personas.
“El dinero sí lo tienen y deben invertirlo en la salud de todos”, añadió Gómez. “Toda esta población [de indocumentados] no va a desaparecer y van a seguir llenando las salas de emergencia cuando lo necesiten, de modo que es mejor proporcionarles cuidado preventivo, antes de que empeoren las cosas”.
NO HABRÁ VOTO
Sin embargo, Roxanne Márquez, portavoz de la supervisora Gloria Molina aseguró a UNIDOS que la Junta de Supervisores ni siquiera tiene contemplado emitir un voto para la cobertura médica de la población indocumentada del condado.
“Se les dio la oportunidad de hacer públicos sus comentarios y dar su mensaje”, indicó Márquez. “Pero todos los Supervisores no tienen autoridad para actuar en un asunto de inmigración, que es de carácter federal y que sólo está en manos del Congreso; ellos no pueden cambiar las leyes; ellos no han aceptado nada ni han rechazado nada, aunque la Supervisora Molina siempre ha estado a favor de la cobertura [de salud] para todos”.
Incluso con más de tres millones de californianos que se inscribieron a un seguro médico a través del programa Covered California y la ampliación del programa Medi-Cal, el número de personas en el condado de Los Ángeles que permanecerán sin seguro puede ser de hasta 1.2 millones y la tercera parte de ellos son indocumentados. Medi-Cal es el programa Medicaid de California.
Jim Mangia, presidente y director ejecutivo de St. John’s Well Child & Family Center dijo a UNIDOS que la parte más complicada para cubrir la salud de los indocumentados proviene de la postura de Mitchell Katz, director del Departamento de Servicios de Salud del condado (DHS).
Katz declaró ante la Junta de Supervisores que el DHS está trabajando “bien” con un presupuesto de $50 millones.
Pero, a pesar de que el condado presenta una estabilidad financiera y en el presupuesto del gobernador Brown se proyectan $900 millones en ahorros relacionados con la reorientación de fondos del condado para el cuidado de los indigentes en el año fiscal 2014-15, el DHS no solicitará más fondos para su propuesta del programa Healthy Way L.A. 2.0.
Tampoco buscará expandir el número de beneficiarios más allá de los más de 100,000 que atiende en la actualidad.
“Cualquier inscripción para recibir cuidado de salud debería tener como objetivo a los indocumentados”, dijo Anthony Wright, director ejecutivo de Health Access. “Merecen ser incluidos plenamente en la vida de California”.
Los indocumentados representan casi el 9% de la fuerza laboral de California. Sólo en 2010, los inmigrantes indocumentados contribuyeron con $2,200 millones en impuestos locales y estatales.
La esperanza de cuidado preventivo para los indocumentados se halla en el proyecto de Ley de Salud para Todos (SB 1005) del senador estatal demócrata de Long Beach, Ricardo Lara.
De ser promulgado en ley, el cuidado médico preventivo extendería los mismos beneficios de Obamacare a todos los residentes de California, independientemente de su estatus migratorio.
“Yo no puede arreglar mis papeles cuando llegué [a Estados Unidos”, dijo con aires de tristeza, Alberta Guerrero, mientras se disponía a pasar la revisión de seguridad en la sala Kenneth Hall of Administración del condado angelino. “Yo solamente quiero que me den una oportunidad de ir a un médico cuando me sienta mal”.
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