San Diego.- El gobierno estadounidense no respondió en el plazo fijado a una petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar la muerte del inmigrante mexicano Anastasio Hernández, de la que se acusa a agentes fronterizos, denunciaron defensores de derechos humanos.
La administración federal tenía hasta el pasado jueves 10 de agosto para responder, por lo que de no pedirse una prórroga, el organismo con sede en Washington procedería a hacer su investigación para determinar si hubo violación de los derechos humanos.
Sin embargo, Jennifer Gabris, portavoz de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), indicó a Efe que el Departamento de Estado, encargado de las peticiones a nombre del gobierno ante la CIDH, ha solicitado efectivamente una extensión hasta el próximo 12 de octubre para emitir una respuesta.
Hernández Rojas murió en junio de 2010 a manos de una docena de agentes fronterizos, como quedó documentado en dos vídeos en lo que se ve que el mexicano no opuso resistencia ante los golpes y descargas eléctricas recibidas.
Si bien la CIDH no tiene facultad para sancionar a la administración, sí podría emitir un fallo en favor de los deudos de Hernández y formular una serie de recomendaciones para evitar que se repitan incidentes de abuso policial en la frontera.
“En estos momentos el gobierno de Estados Unidos ha sentado un precedente lamentable, que es desacatar una solicitud del sistema interamericano”, dijo a Efe Christian Ramírez, director de la Coalición de Comunidades Fronterizas.
El activista acusó al presidente Donald Trump de comportarse como un “dictador” al “no sentirse con la obligación de responder ante estas serias acusaciones presentadas ante una instancia internacional que todo el hemisferio ha reconocido como la única que puede salvaguardar los derechos del continente americano”.
En el que sería el primer caso de homicidio extrajudicial en contra de agentes de seguridad en Estados Unidos se acusa al gobierno de no haber investigado y sancionado a los involucrados de manera adecuada.
En su lugar, el Departamento de Justicia optó en noviembre de 2015 por no presentar cargos criminales al considerar que no se actuó con malicia. En respuesta, activistas y familiares llevaron el caso ante la CIDH.
María Puga, viuda de Anastasio y madre de sus cinco hijos, insistió en que no descansará hasta que haya justicia y castigo para los agentes involucrados en la muerte de su esposo.
“Si el gobierno está ignorándolo es por algo, creo que ellos se sienten culpables”, comentó a Efe.
“Esto que le sucedió a mi esposo no es justo, ningún ser humano merece esa muerte tan horrible, esa forma de haberlo tratado y creo que hasta que nosotros tengamos alguna respuesta y nos aclaren qué fue lo que pasó vamos a tener paz”, subrayó.
