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THE ASSOCIATED PRESS
Iván Márquez, jefe negociador de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), segundo de izquierda a derecha, habla durante una conferencia de prensa en Bogotá, Colombia, el martes 6 de diciembre de 2016. Márquez dijo que Colombia “está haciendo el ridículo ante el mundo”, por las trabas y retrasos en la implementación del acuerdo de paz con el gobierno. Junto a Márquez están Jesús Santrich, derecha, Victoria Sandino, izquierda, y Joaquín Gómez, segundo a la izquierda.

FARC: "ridículo" internacional de Colombia por trabas a paz

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BOGOTA, Colombia.- El desarme de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) inició con el pie izquierdo: el reagrupamiento peligra tras las exigencias que lanzó la guerrilla para la excarcelación de sus presos y la suspensión de la orden de captura de sus integrantes.

El martes, día en que estaba previsto el arranque de desplazamientos hacia una veintena de zonas donde los rebeldes deberían dejar las armas en un plazo de seis meses, los insurgentes aseguraron que los "trámites interminables" impiden la implementación del acuerdo.

Colombia está haciendo "el ridículo ante el mundo", aseguró Iván Márquez, jefe negociador guerrillero, en una conferencia junto a otros tres miembros de las FARC.

Amnistía para presos, levantamiento de órdenes de captura y aprobación de una vía rápida para promulgar las leyes necesarias para implementar los acuerdos son las necesidades más inmediatas para que los rebeldes completen su concentración. Sin embargo, aseguran que la logística tampoco ayuda: esas áreas no están todavía habilitadas para la llegada de unos 8.000 insurgentes que continúan en las selvas colombianas.

En las cárceles del país hay unos 4.000 guerrilleros de las FARC y colaboradores de la insurgencia, aseguró Jesús Santrich, miembro del secretariado nacional de esta guerrilla. De ellos, unos 300 deberían estar listos para salir de manera inmediata.

Las FARC esperan que las primeras excarcelaciones ocurran pronto, dijo Márquez, quien también pidió una respuesta veloz de la Corte Constitucional sobre el "fast track", mecanismo que desde el Congreso permitiría la aprobación de la ley de amnistía y, sucesivamente, de otros puntos del acuerdo.

La próxima discusión en la Corte está prevista para el 12 de diciembre, pero la decisión, que divide a los magistrados, podría extenderse. El tiempo, sin embargo, empezó a correr el 1 de diciembre, tras la refrendación del segundo acuerdo de paz en el Congreso. Desde ese día, la guerrilla tenía un plazo de 30 días para llegar a las zonas de desarme y 180 para dejar los fusiles.

El gobierno también ha apresurado a estas instituciones para acelerar el proceso y ha llamado al Congreso a sesiones extraordinarias para abordar estos asuntos.

Mientras tanto, la oposición reclama una nueva consulta popular tras su victoria en el plebiscito del 2 de octubre. Cárcel para los guerrilleros y condiciones para acceder a la política son las principales exigencias de la oposición encabezada por el expresidente Álvaro Uribe. Como era de esperarse, esas propuestas resultan inaceptables para las FARC.

Márquez dijo que el proceso de paz ha iniciado aunque avance con prudencia. "Es comprensible que nadie emprenda movimientos si se corre riesgo de ser detenido", dijo en referencia a la vigencia de las órdenes de captura contra los rebeldes.

El tiempo también juega en contra de la paciencia de los guerrilleros, agregó el jefe negociador, que aseguró que en los campamentos se vive un ambiente de preocupación. El reciente aumento de la violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos contribuye a ese temor.

Los primeros movimientos de las FARC ya se han hecho notar en la seguridad de zonas de su influencia histórica, donde otros grupos armados han empezado a tomar el poder, según la ONU. El organismo internacional registró 52 homicidios contra activistas entre enero y noviembre de 2016.

El acuerdo de paz en Colombia ha recibido el apoyo de la comunidad internacional, pero en Colombia todavía hay recelo contra las FARC, a quienes se atribuyen miles de secuestros, asesinatos y desplazamientos en el marco de un conflicto de más de medio siglo en el que también han participado las fuerzas armadas y grupos paramilitares.


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