Durante 20 años, Alma y su esposo han operado un camión de comida entre las calles Broadway y Rivervine de Santa Ana. Desde que arribaron a la ciudad procedentes de su natal Oaxaca hace poco más de dos décadas, decidieron establecer el pequeño negocio y este jamás ha conocido otra zona de venta.
“Aquí es donde la gente compra, y estamos para servirles”, aseguró Alma.
Este tipo de negocio móvil es común entre la comunidad latina de la ciudad, la cual cuenta con más de 78% de habitantes hispanos.
Pero el objetivo diario de esta pareja, de servir a la comunidad y ganarse su pan de cada día, podría ser afectado muy pronto por el proyecto municipal que actualmente se trabaja en el Concejo de Santa Ana.
El pasado 7 de marzo, los concejales votaron de manera unánime por regir cómo y dónde podrían ejercer las ventas los negocios móviles dentro de los parámetros de la ciudad.
A raíz de esta decisión surgió la crítica y el rechazo de parte de los vendedores móviles. Ya en tres ocasiones previas habían desafiado ordenanzas similares en litigios federales y ésta no sería la excepción, aseguraron.
Pero desde entonces los miembros del concilio y residentes de la ciudad, sobretodo dueños de camiones de comidas, como Alma, permanecen en limbo.
Limitantes
El proyecto municipal pretende limitar el la venta de estos camiones cerca de escuelas, parques o centros comunitarios, así como prohibir la amplificación de sonido y los letreros de luces de neón, y la venta en calles de alta velocidad.
“Si esa ordenanza es aprobada, nos va a afectar”, dijo preocupada. Su establecimiento móvil está aparcado entre dos escuelas: El Sol Science Academy y Storybook Pre-School.
Hay por lo menos 246 operadores de camiones de comida registrados en la ciudad de Santa Ana.
“Nos establecemos en lugares donde la gente nos compra. Nos necesita”, dijo Laura Gómez, operadora de un camión de comida, quien funge como portavoz de los vendedores móviles de la ciudad.
“Si nos mueven, nos afecta a todos un 100%”, dijo.
“Es claramente un tema que consterna a la comunidad, especialmente a los vendedores”, dijo el abogado Federico Sayre, un defensor legal que ha sacado de apuros a los mercantes en ocasiones pasadas: 1993, 2004 y 2005. Hoy, Sayre pretende defender a los mismos vendedores si es que el concilio ‘santanero’ decide aprobar la ordenanza.
Un documento proveído por Gómez recalca los cuatro puntos que más afectarán su negocio y el de sus homólogos:
Estos son la restricción de iluminación adicional en los vehículos [loncheras], el límite de venta a 500 pies de distancia de una escuela, parque o centro comunitario; el límite de venta a 100 pies de distancia de una intersección o cruce peatonal designado; y la prohibición de estacionar el coche y ejercer venta en una calle donde el límite de velocidad exceda los 35 millas por hora.
Según Sayre, en pláticas con Sonia R. Carvalho, la abogada de la ciudad de Santa Ana, se le hizo mención de estas preocupaciones y se le pidió enmendar el proyecto, para que se permita el aparcamiento de las loncheras a no menos de 50 pies de distancia de escuelas y parques, así como de una intersección o cruce.
Siguen postergando el tema
Pero desde el 7 de marzo, el tema se ha ido postergando en el concilio.
El pasado 20 de junio, cuando se suponía continuaría la discusión sobre la ordenanza en el concilio de la ciudad, la gerente municipal interina, Cynthia Kurtz, una vez más postergó el tema.
“Le debemos a la comunidad establecer de una vez por todas este tema”, argumentó la concejal Michelle Martínez, dejando en claro su frustración. Kurtz, siendo la encargada de agendar los temas para la reunión, explicó que el tema se discutirá el próximo 5 de julio, asegurando que “no cambiará”.
Se desconoce si el proyecto presentará las modificaciones exigidas.
“No estamos cerrados a que haya un cambio, pero no nos quedaremos con los brazos cruzados ante un cambio que afecte a la gran mayoría”, aseguró Gómez. “Ésta es gente que vive de su negocio”.
“Mucha gente tal vez no vea [el camión de comida] como un negocio –muchos lo miran como un problema-, pero es como sobrevivimos. Es nuestro trabajo”, confirmó Alma.
¿Los ‘peligros’ de las loncheras?
En la reunión del concejo del pasado 7 de febrero, el personal de la ciudad estableció que las loncheras presentan ciertos tipos de peligros a la comunidad, como los accidentes que éstas podrían ocasionar debido a su cercanía a escuelas y la cantidad de niños que cruzan a mitad de calle para llegar a los coches.
Otra cuestión es la supuesta involucración de varios vehículos de venta de alimentos en el crimen organizado de la ciudad. Durante la reunión se dialogó que, según información de la Policía de Santa Ana, algunos vendedores pueden operar la venta de narcóticos desde sus establecimientos móviles, mientras que otros ‘loncheros’ se han visto obligados a pagar “una cuota” a pandilleros para ser protegidos.
Y mientras que el tema de las pandillas en Santa Ana no es uno alejado de la realidad, lo cierto es que no hay cifras existentes que aclaren con qué frecuencia ocurren incidentes de este tipo.
Según Anthony Bertagna de la Policía de Santa Ana, crímenes violentos que involucran la venta de drogas “sí se dan”, pero el departamento no mantiene cifras exactas sobre estos acontecimientos.
“Cuando se registran arrestos o crímenes de este tipo, no se catalogan específicamente en asociación con una ‘food truck’, sólo bajo el crimen que se alega: arresto por venta de narcóticos, confiscación de drogas, etc.”, aseguró.
En junio del año pasado, Eliu Armando Gramajo, de 52 años y operador de una lonchera de tacos, fue muerto a tiros luego que se dio un intercambio de fuego entre dos pandillas en la cuadra 1700 de la calle Evergreen. Gramajo no era pandillero.
Además de este caso relacionado con un servicio de venta de alimento móvil, al cierre de esta edición Bertagna no ofreció otro incidente como ejemplo.
“El concilio no ha podido comprobar que los camiones son un peligro para la comunidad”.
Sayre estará presente en la próxima reunión del Concilio, pero si este cuerpo decide no enmendar el proyecto, él se encargará de presentar una demanda.
“Es inconstitucional lo que quieren imponer”, dijo.
Cabe destacar que Sayre solo representa al grupo designado como “vendedores”, dueños de establecimientos donde no se prepara comida.
Sin embargo, cualquier litigio que el abogado encabece también beneficiará a los “loncheros”, dueños de las llamadas “food trucks” donde se prepara comida.
