La ciudad invierte millones de dólares en arrestos y poco en programas para jóvenes
La ciudad de Santa Ana está dando prioridad al castigo, detención y encarcelamiento de la juventud mediante un gasto anual de $19 millones, es decir, un promedio de $12,272 por cada arresto, pero apenas una inversión de $143 en el desarrollo positivo de los jóvenes.
Esta cruda realidad fue denunciada durante el inicio de la serie de eventos #SchoolsNotPrisons (#EscuelasNoPrisiones) que arrancó en el Delhi Center, donde se congregaron centenares de jóvenes, abogados y activistas.
“Esto envía un mensaje a los jóvenes que los representantes de la ciudad no los valoran o creen en el futuro que ellos tienen que ofrecer la ciudad”, dijo Abraham Medina, director ejecutivo de la organización OC Resilience. “Las autoridades municipales deben dar prioridad a la inversión en la juventud y que sea una prioridad del presupuesto de la ciudad”.
A mitad de febrero el alcalde Miguel Pulido, respaldado por Juan Villegas, José Solorio y Michele Martínez votaron para cancelar un programa que significaría medio millón de dólares en subvenciones para programas para jóvenes locales dedicados a prevenir la violencia, pandillas y crímenes. Pulido, Solorio y Villegas se beneficiaron de $400,000 provenientes del sindicato de policías para su elección en noviembre pasado.
Sal Tinajero y el concejal Vicente Sarmiento votaron a favor del programa, en tanto que su homólogo, David Benavides debió abstenerse porque e director ejecutivo de KidWorks, una organización que podría haberse beneficiado de recibir una subvención.
“Vamos a seguir trabajando para revertir esta situación”, indicó Carlos Perea, director de políticas de Resilience OC. “No es posible que, del presupuesto total de la ciudad, el 53% deba ser entregado a la policía”.
En efecto, en junio de 2016, la ciudad aprobó $228.9 millones de presupuesto. Pero en el ciclo fiscal 2014-15 Santa Ana dedicó $106 millones para seguridad pública, mismo que se incrementó a $120 millones en el presente año fiscal (52.46%).
Los concejales han argumentado que si hay becas federales ($750,000) destinarían dinero a programas de deportes o que desarrollen el carácter y la salud mental de los jóvenes. De no contar con ese dinero, su prioridad no son las nuevas generaciones.
“En el presupuesto, apenas el 8% es para parques y recreaciones, aunque antes teníamos tres bibliotecas y hace años cerraron la que más se necesita”, dijo Perea.
La librería de Sullivan y McFadden, ubicada en una zona densamente poblada, con presencia de pandillas fue cerrada hace varios años. Hoy, solamente funcionan Newhope Learning Center y la biblioteca del Centro Cívico.
Alicia Castro, asociada de programas en California Endowment dio que, como fundación privada de salud están trabajando a nivel comunitario porque “lo que importa para la comunidad no es solo tener policías para su seguridad, sino que la gente conozca la necesidad de invertir en la seguridad e nuestros jóvenes”.
“En California invertimos mucho en encarcelar”, dijo. “En vez de mandar a los jóvenes a prisión se les deben brindar alternativas a sus necesidades de educación, bienestar y seguridad”.
Castro consideró que la salud pública y la seguridad misma de la sociedad está en riesgo porque lo jóvenes y adultos necesitan ayuda con programas de salud mental cuando tienen problemas de adicciones y enviarlos a las cárceles no les ayuda.
“Nosotros estudiamos el problema más a fondo, para invertir en la superación de la propia comunidad”, aseguró.
En California, el promedio de inversión en la educación de niños de grados K-12 es de $9,300 anuales, aunque por poner a un adulto detrás de las rejas representa un gasto de $60,000, es decir, casi siete veces más.
“En el condado de Los Ángeles la cifra de inversión en encarcelamiento se eleva a casi $223,000 anuales”, expuso. “Imagínese si no sería mejor ofrecer ayuda para terapia de familias que tienen problemas, antes que los manden a la cárcel”.
