SANTA ANA – Tras aprobar una resolución condenando las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump sobre inmigración, el Concejo de Santa Ana avanzó un plan para dar acceso a representación legal a los residentes en riesgo de deportación.
Con una votación de 7-0, se aprobó solicitar al personal de la ciudad y a la oficina del abogado el coordinar con organizaciones locales y preparar el lanzamiento de la iniciativa. Se requiere un análisis de las implicaciones jurídicas, fiscales y logísticas.
El concejal Vicente Sarmiento, quien presentó el tema, dijo que el esfuerzo fue liderado por la comunidad.
“Todos sentimos este temor por nuestros vecinos, familiares y amigos que conocemos, y por las personas que están actualmente detenidas en este momento,” dijo. “Sentí una sensación de optimismo y esperanza durante este momento, porque vi gente que quería ayudar y que se acercó a mí y me instó en apoyar esto”.
Sarmiento dijo que se vio obligado a traer el asunto después de leer un memorando del Secretario de Seguridad Nacional indicando que no sólo los criminales, sino las personas con cargos criminales, serían deportados.
“Eso significa que hay que ser acusado de algo y la acusación podría ser muy, muy infundada. Eso asusta,” dijo.
Bajo la dirección del concejo, el abogado de la ciudad buscará proveer servicios legales comenzando con las clínicas de la Escuela de Leyes de la Universidad de California, en Irvine, el consulado de México en Santa Ana y la Unión Americana de las Libertades Civiles (ACLU).
Annie Lai, profesora asistente de la clínica de UC Irvine, dijo que están listos para ayudar y buscar fondos de donantes privados para complementar los gastos.
“Constantemente, en la clínica legal, tenemos que rechazar clientes potenciales porque no pueden pagar un abogado,” dijo. “Incluso si el estado y el condado no están dispuestos a avanzar en este momento, esperamos que la ciudad de Santa Ana lidere y permita que el condado siga adelante con esta iniciativa”.
Dos miembros del consejo expresaron vacilación antes de votar a favor de la iniciativa.
El concejal Juan Villegas, el único disidente que anteriormente había votado en contra de una resolución condenatoria de las órdenes ejecutivas, expresó su preocupación por los costos potenciales.
“Digamos que hay un juicio involucrado o algo así ¿Eso crearía de alguna manera una responsabilidad, y si los clientes no fueran, entonces se devolvería contra nosotros?” agregó Villegas.
Sarmiento respondió que la ciudad no puede brindar asesoría legal a clientes.
El concejal, José Solorio dijo que prefería establecer una Oficina de Asuntos de Inmigración que diera a la ciudad más control sobre quién es referido y representado, pero terminó apoyando la iniciativa que fue propuesta.
“Tal vez proporcionaremos representación para veteranos, ‘Dreamers’ [Estudiantes soñadores] y delincuentes no violentos”, dijo Solorio, sugiriendo prioridades.
