Por una votación de 5-0, los miembros del Concilio de Santa Ana adoptaron este martes por la noche una resolución que convierte a esta ciudad en santuario para los inmigrantes y todos sus residentes, independientemente de su estatus migratorio.
La resolución fue aprobada por los concejales Sal Tinajero, Vincent Sarmiento, David Benavides, Román Reyna y Angélica Amezcua. Estuvieron ausentes el alcalde Miguel Pulido y Michele Martínez.
A la par de la resolución, los cinco miembros del Ayuntamiento votaron unánimemente para iniciar un proceso de fortalecimiento de salvaguardias contra las deportaciones de la comunidad inmigrante y terminar su relación y el contrato que tienen con las autoridades del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (ICE). El martes 13 de diciembre votarán para establecer una ordenanza.
No obstante, aprobaron reducir de 200 a 120 el número de camas administradas por las autoridades migratorias, como un paso hacia el final del contrato que expira en 2020.
Este paso significaría de inicio que la ciudad dejaría de percibir aproximadamente unos $600,000 de fondos federales.
“No tiene ningún sentido que nos declaremos ciudad santuario si tenemos negocios con ICE”, expresó el concejal Sal Tinajero. “La ciudad tiene suficientes fondos para reasignar a los oficiales de la ciudad que están bajo contrato con ICE”.
La declaración de ciudad santuario y el probable rompimiento de contrato con las autoridades migratorias surge en momentos de temor en la comunidad, particularmente por las amenazas del presidente electo, Donald Trump, quien pretende deportar a 3 millones de indocumentados.
“En la comunidad hay mucha incertidumbre”, dijo la concejal Angélica Amezcua. “Con esta resolución podemos darles un poquito de seguridad”.
Sin embargo, ni Amezcua ni Reyna podrían votar ya a favor de una ordenanza. Serán reemplazados el 13 de diciembre por la toma de posesión de los nuevos concejales, Juan Villegas y José Solorio, vencedores en la elección de noviembre.
“A algunos les falta revisar los libros de historia; Estados Unidos es un país de inmigrantes”, añadió Amezcua. “Desafortunadamente nuestro presidente (Donald Trump) hizo una campaña divisiva y ya estamos viendo las repercusiones con muchos actos de odio en todo el país”.
La ordenanza que será discutida
“Declaramos la ciudad de Santa Ana un santuario para todos sus residentes, sin importar su estatus migratorio”, dice el lenguaje de la resolución, y que activistas de numerosas agrupaciones defensoras de los inmigrantes esperan que se convierta en ordenanza, antes del 20 de enero de 2017, cuando toma posesión el presidente electo Donald Trump.
“Esto no puede seguir”, dijo Hairo Cortes, de la Organización Juvenil Unida del Condado de Orange. “No queremos que nuestra ciudad siga siendo parte de la maquinaria de deportación”.
Cortes y numerosos miembros del Grupo de Trabajo por los Derechos de los Inmigrantes sometieron una carta en apoyo para que Santa Ana se declarara “verdaderamente” una ciudad santuario.
“Santa Ana no puede llamarse ciudad santuario, mientras mantenga el contrato con las autoridades de inmigración”, expresó Roberto Herrera, miembro del grupo Resilience Orange County. “Hasta que no cancelen ese contrato con ICE no estaremos satisfechos”.
El contrato de esta ciudad con ICE representa un ingreso anual de $7 millones. El dinero se utiliza para pagar por la construcción de la cárcel, ubicada en Civic Center.
“Este proceso ha tomado demasiado tiempo y las circunstancias en que se encuentra nuestra comunidad no pueden esperar más”, añadió Herrera. “Requerimos que los concejales tomen acciones valientes que protejan nuestros derechos y nos hagan sentir orgullosos de ser parte de una ciudad que no tolerará el odio”.
