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    El miércoles, 20 de agosto, un día después de la inspección en el complejo habitacional Edgehill en San Bernardino, agentes presentarion los resultados durante una conferencia de prensa. Las autoridades encontraron más de 200 violaciones al reglamento de vivienda de la ciudad, violaciones que pone en riesgo la vida de los inquilinos.

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SAN BERNARDINO – Con el objetivo de reducir los índices de criminalidad, la ciudad de San Bernardino en asociación con autoridades del Condado del mismo nombre, realizaron un operativo sorpresa en un complejo habitacional que por años, indicaron ellos, ha representado una amenaza para la sociedad.

Sin la necesidad de notificación previa, autoridades policiacas en coordinación con elementos de probatoria, libertad condicional, y servicios familiares, así como policías escolares, inspectores del departamento de bomberos e inspectores de edificios, visitaron el complejo habitacional Edgehill, ubicado en 110 West de la Calle 43 en San Bernardino el martes, 19 de agosto.

“La nueva administración tiene como objetivo principal reducir la violencia en la ciudad y hemos descubierto que la violencia está vinculada directamente con el lugar donde viven y la calidad de vida que llevan los residentes. Este complejo nos ha dado muchos problemas en los últimos años e incluso hubo un homicidio hace tres semanas”, comentó Richard Lawhead, teniente con el Departamento de Policía de San Bernardino.

Lawhead dijo que quieren que el dueño de la propiedad repare anomalías y ofrezca a los residentes una vivienda decente. Esto en torno, disminuirá el crimen. En la ciudad al menos 50 por ciento de las viviendas son alquileres y munchos de esos complejos tienden a tener nexos con los altos índices de criminalidad, indican oficiales.

“El mensaje es para todos los dueños de complejos: iremos de sorpresa”, dijo Lawhead.

El miércoles, un día después de la inspección, lo agentes presentarion los resultados durante una conferencia de prensa. Las autoridades encontraron más de 200 violaciones al reglamento de vivienda de la ciudad, violaciones que pone en riesgo la vida de los inquilinos. Según el abogado de la ciudad de San Bernardino Gary Sáenz, el dueño de la propiedad administrada por Orange-Lemon Limited Partnerhip, podría encarar cargos criminales si es que ignora las recomendaciones de mejoras.

“Encontramos escapes de monóxido de carbono elevados, fugas en líneas de gas, cables eléctricos pelados, plagas de cucarachas, roedores y demás así como peligros para la salud de los habitantes. Este dueño ya ha sido notificado de problemas similares y si continua ignorando las ordenes podría perder su propiedad e incluso encarar cargos criminales”, comentó Sáenz.

El Alcalde de San Bernardino Carey Davis dijo que en la ciudad la mita de la vivienda disponible es través de renta. A pesar de que los requisitos para los primeros compradores son mínimos comparados con otras ciudades, los compradores no se deciden debido al elevado índice de criminalidad perpetuado en complejos habitacionales abandonados por los dueños.

“El hecho de rentar no quiere decir que tengan que vivir en la mugre. Los complejos deben respetar los reglamentos de la ciudad no solo para reducir el crimen sino también para elevar la calidad de vida de los residentes”, comentó Davis. “El mensaje para los dueños de complejos es claro, o siguen las reglas o se van de aquí”.

La ciudad ha identificado más de 12 complejos habitacionales de donde proviene un elevado número de llamadas de emergencia. Además, se sabe que 92 complejos se han rehusado a participar en el programa libre de crimen lo que orilla a la ciudad a expedir multas de hasta 5,000 dólares.

En el caso del complejo Edgehill, Sáenz dijo que las multas podrían oscilar en los cientos de miles de dólares ya que por más de ocho años el dueño, cuya identidad se desconoce, ha actuado negligentemente.

“Ya hemos tenido problemas con el dueño por años y parece ser que no le importa. Lo que pasará es que se le citará en corte y se le dará un tiempo adecuado para que cumpla con los reglamentos. Si no lo cumple entonces la ciudad podría obligarlo a vender o incluso a que derrumbe el complejo”, añadió Lawhead. “Los residentes están pagando entre 700 y mil dólares mensuales y merecen vivir en condiciones humanas. Un claro ejemplo de la negligencia del dueño es el jardín en medio del complejo, que fue colocado en lo que fue una alberca. Eso representa un daño para los inquilinos ya que no es piso sólido”.

Para Wilmer López, oriundo de Honduras y residente del complejo desde hace un año, la inspección era necesaria ya que la inseguridad es notoria. López, de 32 años y padre de una niña de 6 años, dijo que la vigilancia en el complejo es nula, lo que pone en riesgo la vida de familia.

“Casi siempre la gente se estaciona sin vivir aquí, solo vienen hacen sus cosas y se van. El portón no tiene candado y siempre está abierto, cualquiera se mete y hace sus fechorías. Si la inseguridad no cambia nos tendremos que mover, sería una lástima ya que me queda cerca del trabajo, pero primero está mi familia”, comentó López, quien al principio del operativo sintió nervios pero cuando se dio cuenta de la razón del objetivo lo aplaudió.

López vive a escasos metros de donde se suscitó un homicidio hace casi un mes. Michelle Miers, de 26 años de edad, fue encontrada sin vida y en un charco de sangre por las autoridades el pasado 21 de julio alrededor de las 11 p.m.