El Concejo de la Ciudad de San Bernardino votó el lunes 28 de enero para imponer recortes salariales y de beneficios a sus empleados luego de declarar que las negociaciones con las uniones se encontraban en un punto muerto.
Los recortes de $26 millones fueron adoptados en noviembre como parte del plan de pendencia de la ciudad – un presupuesto operativo que se supone ayudará a la ciudad durante su proceso de bancarrota durante el actual ciclo fiscal y los años siguientes.
Pero la ciudad, la cual buscó la protección de la bancarrota el pasado agosto, aún tiene que implementar por completo las reducciones debido a una extensión de las negociaciones como los ocho sindicatos que representan a los empleados de la ciudad.
La ciudad se ha reunido con varios sindicatos en las últimas semanas pero los oficiales dicen que las charlas llegaron a un punto muerto cuando algunos de los grupos se negaron a continuar con ellas. La ciudad convino una reunión especial del concejo después que las pláticas de mediación fracasaron.
“Hemos realizado numerosos intentos para alcanzar un compromiso y ninguno ha sido alcanzado, así que el concejo tiene la autoridad de imponer las condiciones”, comentó el procurador James Penman.
La Corte de Bancarrota de los Estados Unidos aún tiene que dar su veredicto en la petición del Capítulo 9 de la ciudad, la cual ha sido desafiada por CalPERS, el acreedor más grande de la ciudad.
Pero en la más reciente audiencia de bancarrota, los oficiales de la ciudad citaron la aprobación del plan como una señal de progreso para poner las finanzas municipales bajo control.
El plan de pendencia, el cual también difiere $35 millones en deudas, es parte del mapa de trabajo hacia la eventual adopción de un plan de ajuste municipal, en el cual la ciudad reestructuraría sus deudas mientras sigue en camino a la solvencia.
Las condiciones impuestas a los trabajadores incluyen el pago de los empleados de una mayor porción de sus costos de jubilación; la suspensión de pagos de vacaciones y días de indisposición por enfermedad; y eliminar los beneficios médicos para jubilados para los nuevos empleados.
El Alcalde Pat Morris dijo que la acción fue necesaria para demostrar que la ciudad tiene intenciones serias de seguir con su plan.
“Es crítico para nuestra habilidad como ciudad de cumplir con los términos del plan de pendencia que aprobamos en noviembre”, comentó. “Dijimos que lo haríamos”.
Después de la reunión de casi tres horas a puertas cerradas, el concejo adoptó siete de las resoluciones – una para cada grupo de negociación. La octava continúa hasta la próxima semana ya que el borrador de la resolución no ha sido finalizado. De las resoluciones aprobadas, tres fueron aceptadas por votación de 4-3 y cuatro por 5-2.
Los miembros del concejo Fred Shorett, Virginia Marquez, Rikke Van Johnson y Wendy McCammack votaron a favor mientras que John Valdivia y Chas Kelley votaron no. Robert Jenkins votó no para tres de las resoluciones y si en cuatro de ellas.
Bob Blough, director general de la Asociación de Empleados Públicos de San Bernardino, la cual representa a empleados de gerencia de nivel medio, acusó a la ciudad de no negociar en buena fe. Él dijo que la ciudad no proveería al sindicato con documentos financieros si eran solicitados.
Blough dijo que su organización planea presentar una petición en la corte de bancarrota que le permitiría presentar una queja con el Concejo Estatal de Relaciones para Empleados Públicos.
La petición de bancarrota de la ciudad impone un aplazamiento automático en cualquier litigación contra la ciudad. Los acreedores deben obtener una aprobación para una excepción al aplazamiento.
